La decisión concretada en el Oficio Ordinario firmado por el Alcalde Jonathan Velásquez el 14 de julio pasado, según el cual el edil renuncia a mantener la concesión de los terrenos del ex vertedero de La Chimba y traspasa la responsabilidad de limpiar y remediar dicho sector a la Seremia de Bienes Nacionales, ha provocado una comprensible y bullanguera polémica en la ciudad. Acá más que aproximación intelectual de ese hecho se debe básicamente tener una aproximación factual, periodística en el espíritu, pero no simplemente en lo que concierne la decisión del nuevo alcalde, que en el fondo tiene algunas virtudes, sino más bien en torno a todo lo que está detrás anteriormente.
Sin duda alguna, de aquí en adelante, difícilmente se encontrará una solución a la situación provocada sin una participación significativa del municipio; este deberá participar en la solución sí o sí. Y eso debido a la jerarquía que tiene la ley orgánica constitucional de municipalidades 18.695, que rige el actuar y las obligaciones de aquellas, y que obliga a la municipalidad a ocuparse del aseo y ornato en la ciudad (articulo 3, punto f). En los tiempos constitucionales que estamos viviendo, conviene saber que una ley orgánica es una de las normas que tiene mayor jerarquía en un ordenamiento jurídico nacional. Por ende, es una buena idea respetarla. Porque si no es el caso, sería poco prolijo exponerse a un notable abandono de deberes apenas iniciado un mandato.
Aclarando esto, y en relación con la decisión tan comentada del actual alcalde, la disposición de la ley orgánica mencionada no debe suponer, mecánicamente, una continuidad a ojos cerrados del comodato que se había firmado tiempo atrás, sobretodo si tenemos en consideración la puesta en marcha del vertedero de Chaqueta Blanca, desde hace más de dos años y medio ya. La decisión de no seguir con el vertedero de la Chimba tiene la gran virtud de volver a sacar a flote todos las problemáticas relacionadas con ese supuesto ex-vertedero que aún no se han resuelto y de investigar lo que sucede con todo lo que está en torno a aquello. Y hay mucho. A veces lo más sucio que se encuentra en relación con este tema no es la basura. Si se mantiene el mismo modus operandi en vigor hasta antes de la no prórroga del comodato, eso consistiría en simplemente profundizar el problema y despilfarrar fondos públicos sin buscar el interés general. Porque detrás de los bonitos discursos de algunos, en realidad las preocupaciones de varios no son los vecinos.
Antes de la salida del ex alcalde Wilson Díaz, y sin el ruido y complicaciones que causó el no otorgamiento de una licitación de 7.200 millones de pesos a la empresa de vigilancia Protección y Control Patrimonial SPA (que también se podría investigar en otra columna), se hubiese discutido en esos mismos días, en el Concejo Municipal, un nuevo trato directo de un centenar de millones de pesos mensuales para lo que podrá asimilarse a una remediación del ex vertedero de La Chimba. En los hechos no lo es para nada, ese servicio se califica en el contrato como “limpieza y mantención de sitios de uso públicos de administración municipal”. Se debe saber que la voluntad de prorrogar ese trato por 3 meses responde a un trato directo anterior, con la misma empresa, que había sido de 6 meses y que ya era la prorrogación de un trato directo de un año.
Todos esos tratos involucraban el pago de la misma suma por mes, que si lo comparamos con los precios que se practican en el mercado, están claramente inflados. Habría que preguntarse quién los fija. En el caso que nos convoca, estos contratos fueron otorgados a la Empresa Servisab SPA que es una empresa de construcción. Es decir que se sabía desde un inicio que la empresa que fue escogida no se desempeñaba en un rubro que tiene especial relación con el ámbito de la remediación medioambiental ni con el tratamiento de escombros. Los invito a ver la pagina Facebook de la empresa para que ustedes constaten lo mismo. Aparentemente, otras razones incidieron para que sea esta empresa la que “gane” el trato directo con cifras de pagos infladas.
Cuando hoy escuchamos y leemos las declaraciones del hoy concejal RN Luis Aguilera quien “pide que se revise la decisión del alcalde y se involucre más a los concejales”, es quizás muy útil recordar que la cancelación del contrato de la empresa que estaba a cargo anteriormente a Servisab SPA del exvertedero de la Chimba, tuvo lugar en base al activismo de dos concejales, en ese tiempo, que denunciaban el incumplimiento de las prestaciones de la empresa anterior. Eso lo indica el informe especial de la Contraloría Regional n°527 de 2018. La empresa cancelada, alegando que no era verdad, ha interpuesto posteriormente una demanda en contra de la municipalidad por ruptura abusiva de contrato, que esta hoy en día en curso. Esos concejales, muy activos según el informe, eran el concejal independiente Camilo Kong y su colega, la concejala Doris Navarro, del Partido Radical. “Sorpresivamente” tiempos después Doris Navarro y Luis Aguilera presentarán en el municipio de Antofagasta a la empresa Servisab SPA.
Lo “sorpresivo” igualmente es que la modificación del presupuesto municipal para incluir el pago de la empresa Servisab SPA, que retomó la manutención del ex vertedero, fue validada por el Secretario Municipal de Planificación, quien posteriormente a la salida de la ex alcaldesa Karen Rojo, fue instalado en agosto de 2020 por el alcalde suplente en ese entonces, Ignacio Pozo, militante del Partido Radical.
Planteando ese postulado, tampoco nos va aparecer como una coincidencia el hecho que la empresa, Transpast SPA; que se relaciona con el transporte de cargas, de personal, de arriendo de maquinarias para la mediana empresa minera, es decir, de nuevo una empresa cuyo rubro no se relaciona para nada con el tratamiento de escombros; de las cuales es dueño Juan A. Pastenes, va ser luego contratada por la empresa Servisab SPA, la que gozo de los tratos directos, para realizar diversas prestaciones para el ex vertedero municipal de la Chimba. Lo único llamativo es que Juan A. Pastenes, de apenas 20 años y dueño de tres empresas, es el sobrino (hijo de su hermano) de Laura Pastenes, cuadro del Partido Radical, conocida en su sector por ser una eficiente “territorial” en tiempos de campañas. Consideremos que vienen muy pronto legislativas y pretensiones senatoriales para ese partido con la diputada Marcela Hernando, diputada radical. Y también ahí, nos encontramos con otra coincidencia.
Laura Pastenes iniciará su vida empresarial en el rubro del tratamiento de escombros durante la administración de Marcela Hernando en el municipio de Antofagasta, como lo prueba lo indicado en la pagina 15 del “Informe n°12/2011 de la Contraloría General de la República”. En aquella época, según el decreto municipal 236 del año 2010, Laura Pastenes fue pagada más de 418 millones de pesos por “servicios de recolección y transporte de residuos domiciliarios de la comuna de Antofagasta”. Años después y más cerca de nosotros, la militante radical aún esta relacionada indirectamente con los tratos directos a beneficio de la empresa Servisab SPA. El último, de un periodo de tres meses suplementarios, no pudo ser votado antes la salida del ex alcalde Wilson Díaz, quien no se pronunció sobre aquello. De ese modo, el trato directo llegó a termino el 18 de junio pasado.
Consideren en todo caso que el año y medio de trato directo con Servisab SPA, sí el pago fue de 118 millones de pesos mensuales según el contrato que firmo Ignacio Pozo, acá se alcanzaría una suma de 2.124 millones de pesos. Es razonablemente desproporcionado cuando vemos la situación del ex vertedero; es demasiado dinero público para entregar soluciones circunstanciales y para nada perennes.
Hoy en día, como todos lo sabemos, la basura alrededor del ex vertedero sigue acumulándose. En realidad, desde su supuesto cierre en marzo 2019, este vertedero nunca ha cesado de funcionar. Podrían preguntarse en ese sentido ¿y porque, en este tiempo, nunca se ha realizado una fiscalización del ex vertedero? ¿A lo menos por parte de la municipalidad, ya que la Seremi de Salud sí lo ha hecho? Resulta interesante entonces observar que el 05 de agosto 2020, en el Concejo Municipal, la concejala Doris Navarro, Partido Radical, y Luis Aguilera, aún concejal, cuestionaron que estuvieran realizándose tareas de inspección alrededor del ex vertedero La Chimba y solicitaron un sumario en contra del encargado de esa inspección. Dos meses después, el 25 septiembre 2020, el decreto municipal N°945/2020 dejará sin efecto el nombramiento de la persona designada como inspector técnico de servicio del contrato “Servicio y Mantención del ex Vertedero Municipal La Chimba y su entorno” y será firmado por la administradora municipal Yamile Guzmán Nadgar, ex candidata a Core para el Partido Radical, puesta en ese momento en el cargo por el alcalde suplente del Partido Radical, Ignacio Pozo. Hoy, este último sigue siendo concejal y Yamile Guzmán está de nuevo en el cargo de administradora municipal, los concejales pudiendo perfectamente preguntarles acerca de aquello.
Desde mi punto de vista, toda la polémica que está levantando lo sucedido con la decisión del alcalde, nos enseña, una vez más que es primordial estar atento a las licitaciones y tratos directos qué ocurren en la llamada “Ilustre Municipalidad de Antofagasta”, porque objetivamente es difícil creer que no hay algo en el fondo que no huela muy bien, y no sólo en el caso del vertedero.
Simplemente recordaría que en mayo 2020, no muy lejos de nosotros, el famoso portal Ciper revelaba el caso de la Empresa de luces LED investigada por corrupción en Chillán e Iquique y que tenía licitaciones con otros 20 municipios. En el caso de la ciudad del norte del país, fueron 15 las personas detenidas por la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una investigación de la Fiscalía de Tarapacá, por eventuales delitos de corrupción en una millonaria licitación de luminarias LED adjudicada por la Municipalidad de Iquique a la empresa Itelecom en 2018. Entre los involucrados figuraban cuatro concejales de la comuna de Iquique, de diferentes sectores y partidos —Partido Radical, UDI, Partido Socialista e independiente— y cinco funcionarios del municipio. De manera desafortunada, la configuración de ese delito no es algo que no haga eco con situaciones muchas más cercanas a nosotros, ciudadanos de la supuesta “Perla del Norte”.
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