Un proyecto de acuerdo que solicita al ejecutivo el desarrollo de normas para la reserva de terrenos de interés público, además de un mecanismo para la revocación de concesiones mineras inactivas presentó en la Cámara Baja la diputada Marcela Hernando (PRSD). La propuesta busca proteger desde la etapa de estudio hasta su ejecución los proyectos en beneficio de la comunidad, como es el caso del relleno sanitario de Chaqueta Blanca, en cuyo lugar de construcción figuran tres empresas con concesiones de explotación y exploración, lo que a juicio de la legisladora constituye un grave obstáculo para concretar la iniciativa que ella misma lideró en su período de alcaldesa de Antofagasta.
Especulación con terrenos
“Lo que ocurre hoy día es que las concesiones se renuevan con tanta facilidad como con la que se sacaron y aparte de renovarse pueden estar estáticamente en el tiempo sin que se concrete ningún proyecto y permitir la especulación”, argumentó Hernando, detallando que para obtener una concesión minera solo hace falta un pedimento ante la Corte de Apelaciones o tribunal de letra según corresponda, y que por medio de un procedimiento no contencioso (en que no habría conflicto de intereses o litigios) se otorgue el derecho de la concesión minera, cumpliendo los requisitos que exige el Código de Minería.
El proyecto de acuerdo presentado por la representante de la Nueva Mayoría explica que en las regiones del norte del país casi no quedan espacios libres para que nuevas empresas realicen exploración de yacimientos, citando estudios de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), que establecen que el 70% de la superficie de la Región de Tarapacá está otorgada en concesiones mineras; el 69% de la Región Antofagasta; el 70% de la Región de Atacama y el 58% de la Región de Coquimbo.
Chaqueta Blanca
“El caso que a mí en este momento me convoca tiene que ver la imposibilidad de realizar algunos proyectos que son de interés público. Y hablo específicamente del vertedero de Antofagasta y de Chaqueta Blanca. Entonces este proyecto de acuerdo tiene que ver precisamente con que se necesita que el ejecutivo haga las gestiones para tener una legislación que hoy día permita la preeminencia del interés público por sobre el interés privado y en este caso se concrete a través de la posibilidad de caducar algunas de estas pertenencias mineras para exploración o para explotación cuando haya transcurrido un tiempo suficiente, que podría ser entre seis meses y un año y que no haya ocurrido la intención para lo cual fue declarado”, adelantó la parlamentaria, enfatizando en la necesidad de extender la protección de los terrenos para uso público desde el inicio de los estudios de proyectos hasta la ejecución de los mismos o en su defecto hasta el cierre de los informes de factibilidad o vialidad.
Empresas
El proyecto de Hernando cita además un estudio del Centro de Investigación Periodística (CIPER) que establece que hasta el año 2009 existían 13.650.600 hectáreas concesionadas a nivel país, de las cuales 1.539.700 hectáreas pertenecían a Codelco; 1.237.800 hectáreas pertenecientes a Soquimich S.A.; 365.800 hectáreas de BHP Chile INC; 364.500 hectáreas de la Compañía Minera del Pacífico y 7.486.300 hectáreas pertenecen a particulares.
