El diputado Jaime Araya solicitó a la contralora (s) general de la República, Dorothy Pérez, evaluar el inicio de una investigación en la Seremi de Vivienda de Antofagasta, luego de que se difundiera una denuncia por maltrato laboral presentada por los funcionarios de esa repartición, contexto en el que los profesionales también señalaron errores en las resoluciones para liquidar los convenios con la Fundación Urbanismo Social.
El oficio cuya materia indica “Solicitud de investigación especial por posibles irregularidades en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta” fue enviado ayer por el parlamentario, quien ya había adelantado en una intervención en la Cámara de Diputados que pediría indagaciones por estos hechos.
El 12 de agosto, los funcionarios completaron un formulario que se envía al nivel central de Vivienda con una denuncia dirigida contra Marcela Rivas, jefa de la División Jurídica del ministerio, asegurando que fueron víctimas de comportamientos de acoso laboral, menoscabo y humillaciones. Según explicaron en el texto, los profesionales fueron convocados de urgencia por Rivas para tratar las resoluciones de liquidación de Urbanismo Social, ya que la ONG había solicitado su quiebra. Por lo tanto, debían precisar en informes de normalización la valorización y sanción de los servicios y productos ejecutados por la fundación, en el marco de los diez convenios suscritos con Serviu y la Seremi de Vivienda.
Sobre la denuncia por acoso laboral, desde la repartición pública explicaron que está bajo investigación sumaria, pero hasta antes de que se difundiera el caso en este Medio, algunos afectados manifestaron que no vieron la activación de ningún protocolo.
En su oficio a la contralora general (s), Araya expuso que “la implementación de estas resoluciones exentas, como se describe en la denuncia, parece eludir el control preventivo de la Contraloría General de la República en particular, se alega que la señora Rivas Cerda habría impartido instrucciones verbales a funcionarios de la SEREMI de Antofagasta para ‘normalizar’ estos convenios, lo cual excede su competencia y plantea la posibilidad de maniobras para impedir la persecución de graves irregularidades administrativas, sin perjuicio que las mismas puedan revestir caracteres de delitos que ya se encuentran en investigación penal”.
El diputado también apuntó que, durante las reuniones con la jefa de la División Jurídica, Rivas contactó a un abogado del Consejo de Defensa del Estado para conocer los plazos disponibles para dictar dichas resoluciones, “acción que genera interrogantes sobre la necesidad y legalidad de ‘normalizar’ convenios ya extintos”. Sobre este punto, los funcionarios denunciaron que el proceso de liquidación contempla plazos que son parte de un flujograma de trabajo, pero que ahora debían resolver en menos de una semana hábil. Y la revisión de los documentos desde la primera reunión, a juicio de los profesionales, contenía errores de varios tipos: “partidas nuevas incorporadas (a raíz de que se encontraban repetidas anteriormente), no contempladas en los convenios originales, las que no fueron incluidas como partidas extraordinarias. Por otra parte, se valorizaron productos como disminuciones del convenio, que finalmente no son incorporados en los totales finales, persistiendo errores aritméticos y el avance de obras con 0% y que fueron sumadas con ejecución del 100%.
“Por lo expuesto, y considerando la gravedad de las denuncias y su impacto en la opinión pública regional y nacional, solicito que la Contraloría General de la República, en ejercicio de sus facultades legales y constitucionales evalúe la pertinencia de instruir una investigación especial para esclarecer estos hechos, determinar la coherencia entre las instrucciones impartidas por la Jefa de la División jurídica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo con las medidas ordenadas por la Contraloría General de la República en los sucesivos informes de investigaciones especiales y auditorías realizadas en diferentes fechas relativos a los convenios suscritos entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Urbanismo Social, para determinar posibles infracciones administrativas y establecer las responsabilidades por las mismas”, solicitó el diputado.
