El diputado por Antofagasta, José Miguel Castro (RN), en su rol de presidente de la comisión investigadora del caso convenios, solicitó indagar a la fundación migr-acción, la cual operaba al interior de la Defensoría Penal Pública de la región al igual que Solidaridad Nortina, cuyo funcionamiento encendió las alarmas y derivó en un sumario administrativo.
Nota relacionada l Hay un sumario en curso: investigan corporación privada que funcionaba al interior de la Defensoría Regional de Antofagasta
El parlamentario envió un oficio al contralor Jorge Bermúdez y al fiscal nacional Ángel Valencia, donde pide respuestas por la existencia de la referida entidad y por «la supuesta utilización de recursos y espacios de la Defensoría Penal Pública por parte de «migr-acción», incluyendo recursos informáticos y personal contratado por la Defensoría».
Igualmente, pide explicaciones por «las alegaciones de que el Sr. Ignacio Barrientos, quien fue el defensor regional de Antofagasta, habría abogado en causas de «migr-acción» y atendido a personas que no eran responsabilidad de la Defensoría Penal Pública», así como la presunta designación de Barrientos como presidente del directorio en el año 2013, cuando la entidad fue creada.
En este sentido, el legislador señaló que el fin de esta investigación “nuevamente no es otro que el de la correcta utilización de los recursos del Estado y determinar la legalidad del funcionamiento de «migr-acción» dentro de la Defensoría Penal Pública en Antofagasta”.
«Se busca la realización de sumarios administrativos correspondientes; además, pedí que el fiscal nacional incorpore esta investigación a la indagación en curso en base a la información disponible», agregó.
