Un rechazo transversal entre diputados de Antofagasta encontró la idea que estudia el Ejecutivo de realizar una “regularización acotada” a migrantes en situación no reglamentaria y que cuenten con arraigo laboral o familiar en Chile. La semana pasada el gobierno anunció que analiza la aplicación de esta medida por razones económicas y de seguridad, sin embargo, los parlamentarios de la región manifestaron su oposición, advirtiendo que las zonas del norte del país sufrirían el impacto de un eventual efecto llamada producto de esta decisión.
El subsecretario del Interior, Luis Cordero, fue quien planteó la intención del Ejecutivo al contar con un proceso de empadronamiento biométrico voluntario que alcanzó a 182 mil migrantes que entraron a territorio nacional de manera irregular. El personero de gobierno sostuvo que son dos los motivos para estudiar un trabajo de este tipo y uno de ellos es la seguridad, con el fin de saber quiénes y dónde está el grupo que permanece en estas condiciones. El segundo factor es económico, ya que, ante la imposibilidad de contar con un RUT, los migrantes no pueden abrir cuentas bancarias y recurren a terceros con el pago de comisiones.
La diputada Yovana Ahumada (PSC) manifestó que el gobierno intenta “tapar su incapacidad con soluciones parche. Regularizar a inmigrantes indocumentados sin antes tener total claridad sobre sus antecedentes penales en sus países de origen me parece de una irresponsabilidad tremenda. Necesitamos fronteras seguras y una política migratoria seria y no medidas improvisadas que a mi juicio solo agravan el problema”.
Ahumada dijo que luego de las declaraciones del subsecretario del Interior, el Ejecutivo debe considerar las consecuencias de anuncios realizados en foros internacionales con ligereza y sin pensar en sus efectos. Esto, refiriendo a que el gobierno indicó que no habrá incentivos para aumentar la inmigración irregular.
“Cuando un gobierno anuncia procesos de regularización sin una planificación adecuada, se genera descontrol, lo he dicho antes, se debe priorizar a quienes ingresaron de manera regular. Estos anuncios improvisados afectan directamente a quienes ya forman parte de nuestro sistema, el cual está en crisis en áreas fundamentales como salud, educación y servicios sociales”, apuntó.
En este sentido, la parlamentaria presentó un proyecto de ley que impide que extranjeros que cometen delitos y de los cuales no se conozcan sus antecedentes penales en su país de origen puedan acceder a beneficios por la atenuante de irreprochable conducta anterior. “Reitero mi llamado al presidente de la República para que otorgue su patrocinio y le dé urgencia a esta moción”, declaró Ahumada.
Impacto por efecto llamada
El diputado oficialista Jaime Araya (IND-PPD) señaló que el gobierno debe recapacitar, porque considera que la propuesta es un error grave y la cuenta la pagarán las ciudades del norte nuevamente. “Siempre se dijo que estaba descartada cualquier regularización extraordinaria y que todos quienes habían entrado de manera irregular debían someterse a la normativa, y que el empadronamiento no sería insumo para regularizaciones posteriores”, recordó.
Además, Araya advirtió que es sospechoso que una organización que ya manifestó su apoyo a esta idea sea la Sociedad Nacional de Agricultura y la Confederación de la Producción y el Comercio, pues la referencia al arraigo laboral supondría una respuesta a la provisión de mano de obra barata para las grandes empresas. “Y de esa forma mantener bajos salarios, impidiendo que trabajadores chilenos tengan mejores sueldos. Esto va a generar un efecto llamada y tendrá impacto negativo en los sueldos de trabajadores nacionales”, mencionó.
“No podemos hacer un perdonazo»
“Esto no es una regularización acotada, son más de 182 mil personas las que podrían entrar a este proceso”, puntualizó José Miguel Castro, diputado de Renovación Nacional. El parlamentario expuso que los procesos hechos anteriormente fueron llevados de una manera distinta, porque se regularizaron a quienes tenían visas vencidas e ingresaron por pasos habilitados. La propuesta, añadió, simplemente genera un efecto llamada y criticó que estamos acostumbrados a que el gobierno entregue esta clase de “regalos de fin de año”, como fueron los indultos.
«Me pregunto si tendrán en cuenta que, por ejemplo, a esta gente habrá que pagarle PGU el día de mañana, que no podemos ni vamos a acceder a todos los datos para saber si hay delincuentes entre estas personas. No podemos hacer un perdonazo, porque se ha demostrado que se produce un efecto llamada cuando un Estado dice que regularizará a quienes entraron por pasos no habilitados. No me extrañaría que los números aumentaran este verano producto de este llamado hecho por el gobierno”, recalcó.
Castro también expresó que acudió a la Contraloría con un requerimiento para que conocer si es posible que, dentro de las facultades de la Subsecretaría del Interior, se encuentre discrecionalmente la posibilidad de otorgar esta opción a quienes ingresaron por pasos no habilitados. “La ley es clara y trata de impedir eso, la propuesta del gobierno no se condice con lo que el legislador estableció en la Ley de Extranjería”, insistió José Miguel Castro.
