Lo que en agosto comenzó como un desalojo más por parte de la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta (DPR) terminó transformándose en una política nacional respecto de la tolerancia con la que el gobierno tratará las tomas de terreno en sectores privilegiados. La autoridad actúa con eficacia para restituir predios fiscales con ocupaciones incipientes, situación que ocurre con mayor frecuencia en el sector norte de la ciudad. Sin embargo, un reportaje de Timeline.cl reveló el uso de maquinaria para nivelar el suelo, la construcción de una vivienda y cierros de hormigón para cercar un paño de 12 mil metros cuadrados en el extremo sur de Antofagasta. La fuerte inversión no solo representó una dificultad logística para concretar el desalojo: este caso también se cruzó con un componente político, ya que la dueña de la vivienda era un militante del Partido Socialista (PS), quien utilizó vías administrativas para impedir su expulsión del sitio.
La primera de dos grandes restituciones de terreno que ejecutó este año la DPR en conjunto con la Seremi de Bienes Nacionales sucedió luego del reportaje difundido el 11 de agosto, “Tomas VIP en el sector sur de Antofagasta: dirigenta del Partido Socialista entre las involucradas”. Este hito incluso tuvo consecuencias y marcó una división en el PS local, ya que enfrentó a la delegada Karen Behrens con la dueña de la casa destruida, Jacqueline Santander, quien en diciembre del 2021 había sido candidata al Senado por su partido y luego pasó a vicepresidenta de la Mujer y Género del PS Antofagasta.
“Claramente no hay necesidad de una vivienda”
Los vecinos del sector El Huáscar, frente al camping municipal, fueron los primeros en percatarse de que se registraba una situación irregular, ya que al terreno donde por plan regulador no está permitido ningún tipo de construcción habitacional, llegó maquinaria pesada para nivelar el suelo. Esto ocurrió a fines de diciembre del 2021, tras la elección presidencial, dijeron los residentes de la zona, quienes vieron cómo rápidamente se construyó un cierre perimetral de material sólido y posteriormente apareció una vivienda en un área total de 12 mil metros cuadrados, según precisó Bienes Nacionales.
Al tanto de esta situación estaba la jefa de esta repartición, Angelique Araya, quien expuso que “claramente no hay necesidad de una vivienda” al considerar la cantidad de recursos invertidos y precisó que notificaron hasta en cuatro oportunidades la resolución de desalojo, solicitando, además, a la DPR que concretara la restitución del terreno fiscal.
Aunque más personas tenían tomas en el lugar, la principal afectada fue Jacqueline Santander porque ya había levantado una casa. La abogada explicó que su situación era muy diferente a las ocupaciones del sector norte de la ciudad, argumentando que en Bienes Nacionales tenía en trámite una solicitud de arriendo por ese terreno. Sin embargo, al ser consultada si esa petición fue elevada antes o después de cerrar el terreno y construir la vivienda, la profesional dijo que ambas cosas sucedieron en paralelo.
“A veces más que todo es un tema de, por decirlo de alguna forma, voluntad política. El ejemplo que doy, si una persona logró que la regularizaran, aunque demoró años, yo también puedo lograrlo, porque en el fondo estoy en el mismo sector, no podría existir una diferencia de por qué alguien sí y otro no. Ellos dicen que es ilegal, pero tampoco dicen que las personas están haciendo tramitación en Bienes Nacionales para regularizar y eso te deja en una calidad de no ilegal, sino de irregular, tratando de regularizar”, dijo Santander.
Desalojar sin diferencia de criterio
Tras la publicación del reportaje el primero en reaccionar fue el gobernador Ricardo Díaz. El jefe regional apuntó que los terrenos son propiedad del fisco y por ello nadie puede construir sin primero obtener un permiso. “Hay que ser claros, nadie está encima de la ley y no tiene que haber ninguna diferencia respecto que alguien hace una toma para tratar de vivir dignamente, versus alguien que está buscando una segunda propiedad”, manifestó.
El desalojo era una medida en curso y solo los factores logísticos complicaban su ejecución al necesitar una cantidad mayor de recursos para contratar maquinaria y personal. Díaz sostuvo que “debiera aplicarse el mismo criterio de desalojar y una vez que se regularice, se van otorgando los terrenos como corresponde. Acá no hay personas ni de primera ni de segunda clase, aquí somos todos iguales y hay que cumplir las normas como corresponde”, aseguró.
“La ley es igual para todos”
Un día después de la publicación del reportaje sobre la toma VIP, la delegada presidencial Karen Behrens declaró que nadie puede obtener derechos sociales con infracciones a la ley y dijo que la tramitación de desalojo estaba en curso. La personera de gobierno también explicó que Santander intentaba revocar la resolución con un recurso de reposición y jerárquico, lo que estaba en proceso de ser resuelto por la Subsecretaría del Interior. “Desde la DPR cumplimos un rol y una labor objetiva apegada a la ley aplicando la normativa a todos y todas por igual, lo que significa ejercer nuestras facultades sin prejuicios y sin arbitrariedades. Por otra parte, nadie puede pretender obtener derechos sociales a través de infracciones a la ley”, insistió.
Pero esta gestión provocó divisiones en el Partido Socialista, Behrens está en la DPR junto a Andrea Merino, expresidenta regional del PS y ambas quedaron enfrentadas con Santander, Wilson Díaz y Hernán Vargas. La militancia tomó postura por uno u otro grupo y con el paso de los días el tema escaló en el partido a nivel nacional.
“Tengo mis necesidades como toda persona de este país”
Así respondía la excandidata al Senado por el PS a los cuestionamientos por la vivienda levantada en un terreno fiscal sin tener ni permiso de edificación ni de arriendo por el suelo. El 12 de agosto a través de su cuenta de Facebook, Santander detallaba en que estaba realizando los trámites para instalarse de manera regular. Y sobre las razones que llevaron a construir sin contar con todos los papeles, agregó que “tengo mis necesidades como toda persona de este país, tengo un hijastro de 13 años que vive conmigo y mi familia. Entendí que los terrenos pueden ser solicitados a Bienes Nacionales ya que son fiscales, así lo señala y lo permite la Ley, por supuesto solicitando coetáneamente la regulación”.
También recordó que, junto a otros vecinos del lugar, estaban pidiendo arriendos a Bienes Nacionales, por lo que esperaba que esa institución comprendiera que es una necesidad optar a un sitio fiscal y construir una vivienda.
Caso al Tribunal Supremo del PS
La situación era compleja por varios aspectos, no solo se trataba de una ocupación irregular de terreno por parte de una militante que ocupaba un cargo regional en el PS, también porque la delegada presidencial pertenece al mismo partido que conforma el gobierno y los afectados indicaron que la determinación del desalojo obedecía más a una voluntad política que a términos legales. Así, el 12 de agosto, la Dirección Regional del Partido Socialista Antofagasta emitió un comunicado en el que indicaron que el caso fue derivado al Tribunal Supremo y que como partido no comparten que alguien pueda estar sobre la ley en ninguna materia y en ningún fin.
Antes, la coalición que ganó las elecciones presidenciales, Apruebo Dignidad, difundió su propio comunicado en el que condenaron el hecho que involucra «a una militante de la directiva del Partido Socialista que, debido a su formación y trayectoria, está en conocimiento de la legislación, la cual no permite la edificación de viviendas sin los permisos respectivos, en un estado de derecho nadie está sobre la ley”.
Alcalde denuncia amedrentamiento
Casi una semana después de que se conociera la Toma VIP en el sector sur de Antofagasta, el alcalde Jonathan Velásquez denunció un intento de amedrentamiento por parte de presidenta comunal del PS, Virginia Reyes. El edil acudió hasta El Huáscar para conversar con un medio de comunicación sobre las ocupaciones ilegales en la ciudad. En medio de la entrevista, tres vehículos se acercaron al alcalde e intentaron “chocarnos, a amedrentarnos, son verdaderos matones”, reclamó Velásquez. La situación quedó registrada y al verificar la propiedad de uno de los móviles, apareció el nombre de la dirigenta del PS.
El desalojo en vivo y en directo
Luego de varias semanas de silencio en los que se desconocía el avance de las gestiones para desalojar la toma en El Huáscar, la tarde del 18 de agosto la DPR acudió con maquinaria pesada y personal a restituir el terreno, lo que implicó la destrucción completa de la vivienda y los cierres perimetrales de los 12 mil metros cuadrados que también fueron tomados por otras personas. Esta fue la señal de cero tolerancia del gobierno que marcó la forma en que se manejarían las ocupaciones, sobre todo, cuando no son para una vivienda de primera necesidad.
La ejecución del acto administrativo fue transmitida en vivo y en directo por los medios de comunicación para todo el país y hasta el último minuto Santander intentó evitar la demolición de su vivienda, ubicándose en el acceso al terreno y con carpetas en mano, probablemente de las solicitudes de arriendo que Bienes Nacionales ya había rechazado.
Tribunal Supremo suspende militancia
Un día después de concretar el desalojo, el Partido Socialista comunicó que su Tribunal Supremo inició una causa sancionatoria caratulada como “Secretaría General contra Jacqueline Santander Miranda”. Los cargos formulados fueron infracciones graves al Estatuto y al Código de Ética del Partidario Socialista. Y agregaron que como “medida precautoria, se determina suspender todos los derechos militantes a la afiliada durante el transcurso de la investigación”.
Histórico del PS critica a Santander
El 23 de agosto, el exsenador, secretario general y figura histórica del PS, Camilo Escalona, se refirió a la situación del partido en Antofagasta y declaró que “la gente que se sale de la ley no tiene cabida en el Partido Socialista”. A esas alturas existía una guerra declarada en el PS de Santander y Wilson Díaz, quienes acusaron que el desalojo fue un ataque personal de la expresidenta regional y asesora de la DPR, Andrea Merino. Pero Escalona expuso que “no había ninguna otra posibilidad a que se suspendieran los derechos a esta persona dentro del PS, aquí no hay mano blanda con ninguna acción de esa naturaleza. Por lo tanto, la institucionalidad ha operado”.
El histórico militante también defendió a Merino de los ataques y dijo que no permitirán que aquellas personas que han incurrido en acciones delictuales, en tomas de terreno o loteos brujos amenacen a los militantes.
Abogado cercano a la UDI en defensa de militante PS
La misma jornada que Camilo Escalona criticaba la situación de Antofagasta, en entrevista con Timeline.cl, el abogado exministro presidente del Tribunal Ambiental, Daniel Guevara, anunciaba acciones legales contra la DPR por la demolición de la vivienda de Jacqueline Santander. El doctor en Derecho manifestó que la Delegación no tiene no tiene atribuciones para demoler y detalló que asumía la representación de siete personas que se vieron afectadas con el desalojo. Guevara calificó lo sucedido como una “verdadera masacre de atribuciones que se ejercieron” y adelantó que estaba por definir las acciones a presentar.
“Hay que recordar que fui candidato independiente en cupo de Chile Vamos, competí con ella y para mi sorpresa, hoy en mi condición de ejercicio libre de la profesión, recibí la solicitud de una candidata con la cual me tocó estar en veredas opuestas pidiendo mi apoyo como abogado. Desde ese punto de vista busco honrar mi profesión de defender a quien se ve afectado por un acto que en mi opinión es arbitrario, ilegal y desigual”, dijo el abogado respecto de representar a la militante socialista en tribunales.
Segunda denuncia de toma VIP: 72 hectáreas en Caleta El Lagarto
La presidenta del sindicato de caleta El Lagarto, Fresia Rodríguez, en entrevista con Timeline.cl denunció que tres personas que llevaban varios años acudiendo como surfistas al sector levantaron viviendas sin contar con ningún tipo de autorización. Y el mayor problema es que con la aparición de estas estructuras las tomas aumentaron hasta alcanzar varias hectáreas de terrenos que estaban delimitados y listas para su ocupación. El 25 de agosto se publicó el reportaje “Nueva toma VIP en Antofagasta: Bienes Nacionales detecta la ocupación de 72 hectáreas en Caleta El Lagarto”.
Al igual que en El Huáscar, en este caso también había un decreto de desalojo emitido y a la espera de su ejecución, los pescadores observaban cómo llegaba más gente a marcar sitios e incluso, estaban en conocimiento de personas que presuntamente loteaban y vendían suelo fiscal. La dirigente envió sus dardos contra las tres personas que iniciaron las tomas, ya que, según contó en la entrevista, con la promesa de una fundación y ayuda social para la caleta, construyeron casas con inversiones millonarias.
Habla protagonista de toma en sector El Lagarto
“Lo hice mal, pero quiero abrir las puertas para un desarrollo del turismo sostenible”, explicó Claudio Díaz, una de las tres personas que levantaron viviendas sin contar con un permiso en el sector de El Lagarto. En entrevista con Timeline.cl, el ecólogo marino aseguró que existe una clara diferencia entre la fundación que levantó junto a dos amigos en el sector de Chorales, al norte de la Isla Santa María, y las tomas de terreno que el año pasado aumentaron de manera descontrolada en ese tramo del borde costero.
“La gente que está arriba vendió terrenos, lucró con eso, son personas que vienen a hacerse la casa de playa, nada más que eso, no tienen un objetivo claro del territorio para entregar algo”, afirmó Díaz. El profesional era consciente de que no contaban con permiso para levantar las tres estructuras que componen la fundación y manifestó que aquello es un mea culpa para todos, pero al mismo tiempo, consideró todo esto podía transformarse en una instancia para que las autoridades ordenen el lugar y consideren a quienes realmente trabajan por la ayuda social, la conservación e impulsar un turismo.
Empresarios y terceras propiedades
El 12 septiembre, la Corte Apelaciones de Antofagasta rechazó el recurso de protección por desalojo y demolición de tomas en El Huáscar, comunicando que el procedimiento que llevó adelante la DPR no fue arbitrario ni ilegal. El recurso permitió conocer detalles sobre quiénes ocuparon suelo fiscal en el sector sur de Antofagasta y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) desmintió las afirmaciones de Santander de que se trataba de la construcción de una primera vivienda por necesidad.
Entre las tomas realizadas por siete personas había una que incluso ya tenía una destinación comercial, dijo el CDE, junto con criticar que las dimensiones de los terrenos ocupados no apuntan a la mera construcción de una casa para resolver un problema habitacional. Quienes ocuparon irregularmente el paño incluso eran empresarios, además de la abogada militante del PS, quien sostuvo que la toma era un proyecto de vida y la única residencia de su propiedad. Pero el CDE desmintió aquella afirmación, Jacqueline Santander «tiene dos propiedades y una de ellas está ubicada en el Balneario Juan López, con un avalúo fiscal de 79 millones de pesos».
Y un aspecto en el que insistió el CDE fue que los predios en cuestión son terrenos ubicados en un franja costera, donde por normativa del plan regulador no es posible construir y añadió que una parte del terreno ocupado ilegalmente está dentro de la línea de protección de 80 metros de alta marea.
Demolición de toma en sector caleta El Lagarto
Casi dos meses después de la difusión de otra toma VIP en el sector de Chorales, caleta El Lagarto, la DPR acudió nuevamente con maquinaria pesada y personal a demoler las tres viviendas que originaron una extensa ocupación de terrenos. En total, junto a Bienes Nacionales se restituyeron 90 paños en los que ya había 30 casas construidas. El trabajo logístico fue mucho más complejo, ya que El Lagarto está al norte de la Isla Santa María, no hay conexión telefónica ni Internet y los caminos son de difícil acceso.
“Invertí 36 millones de pesos”
Claudio Díaz, quien había explicado que su vivienda y las otras dos que pertenecían a sus dos amigos fueron levantadas para una fundación ecológica y que incluso había recibido recursos de Sercotec, criticó a las autoridades al asegurar que “no escuchan a las personas del territorio”. El ecólogo marino emitió estas declaraciones cuando las estructuras eran destruidas y señaló que “invertí mis tres 10% (de las AFP) y el crédito Fogape que lo sigo pagando; esta construcción me tiene que haber salido como 36 millones de pesos”.
También criticó al presidente Boric, emplazando que el mandatario está mal asesorado y que “necesita gente en el territorio que se dé cuenta de las acciones que están haciendo, y no poner a personas que no tienen competencia en el área territorial y ambiental. Yo soy un especialista en el tema, llevo 30 años acá y tengo mucho para hablar (…) Existen autoridades que no escuchan a las personas del territorio”.
Tras esta cadena de hechos, incluso parlamentarios de oposición destacaron la tarea realizada por Bienes Nacionales y la DPR respecto de la cero tolerancia con las tomas de terreno. Pero al mismo tiempo, plantearon que esta política debe continuar ejecutándose en otras zonas de la región. Por ejemplo, el senador Esteban Velásquez dijo que hay ocupaciones de terreno fiscal que ocurren en el interior de Antofagasta en áreas privilegiadas, como en el Valle de Yalquincha, en el corazón del Oasis de Calama, por lo que es urgente que la autoridad aplique el mismo criterio de trabajo en El Loa.
