El pasado 18 de junio, el ex seremi de Vivienda Carlos Contreras envió un oficio a su subsecretaria, Tatiana Rojas. La materia del ordinario 584 era responder a una representación que había levantado la Asociación de Funcionarios del Serviu de Antofagasta, documento enviado al nivel central para exponer una serie de situaciones complejas en la cartera regional de Vivienda, apuntando como único responsable a Contreras. La contestación del arquitecto fue construida en seis puntos: gestión del programa de Asentamientos Precarios; Fundación ProCultura; Procedimiento de incorporación de fundaciones; Malos tratos; Operaciones habitacionales y la denuncia de un caso de maltrato contra una funcionaria de su gabinete.
Aunque todas las respuestas contaron con detalles para brindar otra perspectiva de los emplazamientos, el exseremi omitió cualquier pronunciamiento sobre el aspecto más delicado que advirtieron los funcionarios a la Subsecretaría de Vivienda. Sobre Democracia Viva, Contreras se limitó a mencionarla como una ONG más dentro de la incorporación de nuevas fundaciones para el Programa de Asentamientos Precarios, explicando que todas pasaron por el proceso de entrevistas para determinar su pertinencia y capacidades para cumplir los objetivos trazados. No hubo ninguna explicación o argumentos sobre los convenios con Democracia Viva, cuyo representante legal y firmante de los documentos fue Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez, con quien en ese momento compartía la misma afiliación política, Revolución Democrática.
“Lo que nos parece complejo puesto que el seremi es del mismo partido político. A su vez, dicho director (Andrade) celebró estos convenios en el mes de octubre de 2022, mismo mes en el cual ya era asesor del Ministerio de Defensa (…) Pido en carácter de urgente, puedan atender estas situaciones, intervenir y evitar que -si llegase a existir investigación o sumarios- nuestro equipo de campamentos se vea lo menos afectado por decisiones irresponsables y arbitrarias de terceros”, informaron los funcionarios a Tatiana Rojas el pasado 2 de mayo. A esto hay que sumar que antes de ser nombrado en el gabinete regional, el arquitecto trabajó como asesor parlamentario de la diputada Pérez.
La respuesta enviada el 18 de mayo a la Subsecretaría de Vivienda cuenta con las firmas de Contreras, la arquitecta Marietta Méndez y la abogada Aleksandra Vrsalovic. Sin embargo, hay que precisar que en la contestación que entregó la Seremi de Vivienda a Contraloría durante la indagación de este caso, los funcionarios de la repartición dijeron desconocer el vínculo político entre Andrade y Contreras, situación de la que se enteraron cuando el tema fue publicado el 16 de junio.
Pero el hecho ya había sido advertido desde Serviu al nivel central y sobre la base de esos cuestionamientos, que fueron reenviados a la secretaría regional y entre los que estaban las observaciones a los vínculos políticos, es que Vivienda tuvo que informar a la subsecretaría. Y en este contexto, otro elemento es la respuesta que Contreras dio al ser consultado por Timeline.cl por los convenios con Democracia Viva, involucrando a funcionarios de su cartera. A mediados de junio, el exseremi declaró que “se realizó el análisis jurídico para evaluar la habilidad de todas las fundaciones, nuevas y existentes, se descartaron organizaciones con las que tengo un vínculo cercano o a las cuales haya prestado servicio. En el caso de Democracia Viva, al no existir lazos significativos ni parentesco, el área Jurídica de la SEREMI desestimó una inhabilidad”.
Transparencia y eficiencia
En el oficio, el primer punto que detalló el exseremi fue la “Gestión del programa de Asentamientos Precarios”. En resumen, señaló que los convenios suscritos con fundaciones se concentraban mayoritariamente en tres instituciones conforme a criterios ajenos a la Seremi de Vivienda, entre los que se registraban Fundación Superación de la Pobreza, Espacio Lúdico, Campamento de Ideas y en menormente Urbanismo Social y Techo-Chile.
“Razón por la cual las jefaturas me informa la situación y alertan que durante el 2022 se deberán suscribir más de 50 convenios adicionales, por una suma de 5.000 millones de pesos, los cuales fueron solicitados distribuidos principalmente a las tres fundaciones primeramente mencionadas por requerimiento del equipo de Asentamientos Precarios Regional de manera previa a mi incorporación y sin pasar por departamentos de la Seremi, procedimiento que entiendo habría sido el habitual hasta esta administración, conforme lo expresado anteriormente, plasmándose la autorización en diversos memorándums del anterior encargado de Asentamientos Precarios a nivel central”, expuso Contreras.
Y en el documento mencionó que las jefaturas, en conversaciones iniciales al asumir su cargo, exponen sus aprehensiones con la operativa del Programa de Asentamientos Precarios, particularmente por lo que implica transferir grandes cifras de recursos sin mayor injerencia, actuando solo de manera operativa, sin conocer ni participar en las iniciativas a incluir en los convenios, presupuestos, fundaciones elegidas, entre otros aspectos. También consignó la falta de profesionales para abordar la carga técnica y administrativa sobre todo por los convenios que se suscribieron en el 2022.
“Atendida la suma de dinero a distribuir, la jefatura de sección Jurídica con fecha 27.042022 me remite correo electrónico con una minuta sobre el contexto del programa y los puntos críticos, reforzado en conversaciones internas, conjuntamente con la jefa de la sección de Administración y Finanzas, y jefatura del Departamento de Planes y Programas, quienes señalan que nuestra obligación como parte de suscribientes del convenio es en primer término, precisamente velar por el correcto uso de los recursos, situación que no solo se plasma en la revisión de rendición, sino, en lo previo, en la génesis de los convenios, por lo cual es imprescindible que los recursos puedan ser más eficientes, por tanto, la seremi debe incluirse en la generación de iniciativas que incluyan los lineamientos habitacionales actuales, diversificar las fundaciones, incluyendo nuevas entidades que pueden suscribir convenios y ejecutar las iniciativas, de tal modo de no concentrar todos los recursos en unas pocas, evitando situaciones de irregularidad en ello, propendiendo a la transparencia y eficiencia, esto debido al vacío normativo al respecto”, enfatizó Contreras sobre la gestión de este programa.
Por ello, agregó, el protocolo fue elaborado con la intención de propender a la transparencia y establecer criterios más objetivos de selección de fundaciones, dando cierto orden a la discrecionalidad que existe, documento que fue validado por Serviu conforme da cuenta correo de la encargada regional del programa a la encargada la sección Jurídica con fecha del 15.06.2022. El protocolo fue aprobado estableciendo lineamientos generales y requisitos básicos a cumplir por las fundaciones para suscribir convenios.
“En definitiva, consideramos que el rol de la seremi respecto a velar por el correcto uso de los recursos por nosotros transferidos, implica no solo meras formalidades, que es lo que mi equipo me manifestó desde mi llegada, sino que un rol activo en la génesis de los convenios, revisión de rendiciones técnico administrativas, requiriendo para ello en algunos casos profesionales de apoyo que nos permitan cumplir a cabalidad con ello, propendiendo a la mejora de los procesos”, finalizó Contreras en su explicación a la subsecretaría sobre la gestión del programa de Asentamientos Precarios.
El documento aparece firmado por Carlos Contreras, y también por los funcionarios del Minvu Antofagasta Marietta Méndez (Jefe del Departamento DDUI), Alfonso Legunda (Jefe del Departamento de Planes y Programas), Aleksandra Vrsalovic (Encargada sección jurídica) y Priscila Rodríguez (Encargada sección de Administración y Finanzas).
