La grave crisis humanitaria y migratoria que vivimos en la región de Antofagasta no da para más: cientos de personas llegan al terminal de buses de la capital minera diariamente, esperando días para poder continuar su viaje, durmiendo en la intemperie, mientras las autoridades locales aún no presentan un plan de conjunto que garantice albergues transitorios, vacunación, alimentación- aspecto que ha sido garantizado por las ollas comunes-, entre otras necesidades.
Las medidas señaladas anteriormente -como la vacunación y albergues-, han sido también planteadas desde el Colegio Médico de Antofagasta y los distintos gremios de profesionales y trabajadores/as de la salud del Hospital Regional. Las y los funcionarios de este sector temen posibles brotes de covid-19, además del grave problema humanitario que deriva de esta situación.
El municipio del alcalde Jonathan Velásquez se opuso a la mínima habilitación de albergues, bajo el argumento indolente de que las personas migrantes solo “van de paso” por la región, avalando así que niños, niñas, mujeres y personas mayores duerman en la calle.
Por su parte, este viernes, el Gobierno Regional, encabezado por Ricardo Díaz, postergó la aprobación de los dineros que serían destinados al Plan de Emergencia Migrante, bajo el argumento técnico de que las propuestas presentadas por el delegado presidencial regional, Daniel Agusto, serían inconsistentes. Así, todo lo central de la discusión se aplazó, mientras cientos de familias siguen en las mismas condiciones desde hace semanas ¿Hasta cuándo seguirán ignorando la urgencia de esta situación?
La crisis migratoria actual es internacional, se enmarca en el contexto de pandemia que vivimos, con un aumento explosivo de la pobreza y del desempleo en regiones como América Latina, donde la brecha de desigualdad se ha profundizado, con 209 millones más de personas pobres, pero con los multimillonarios y grandes empresarios aún más ricos.
En la región de Antofagasta, según estudios como la Casen 2020, desde el 2017 a la fecha se duplicó la pobreza y casi se triplicó la extrema pobreza, expresado en el boom de familias viviendo en campamentos, donde por lo menos el 60% es inmigrante.
A esto se suman las trabas y el carácter criminalizador que contiene la actual ley de extranjería que, mediante nuevas restricciones, empuja a la irregularidad, como son las exigencias para acceder a visas de trabajo.
Es por ello que planteamos una Plan de Acogida Internacional, que mejore las condiciones tanto de migrantes locales como de las ciudades que acogen inmigrantes cuál sea su origen. Todo financiado por impuestos extraordinarios a las grandes mineras y grupos económicos; un plan que contenga medidas como terminar con las deportaciones forzadas, asegurar el derecho al libre tránsito sin discriminación, que facilite el transporte para que quienes han decidido migrar puedan reencontrarse con sus familias, convalidación de títulos técnicos y profesionales, el derecho a residencia, a la vacunación, entrega de implementos de protección frente a la pandemia y test de antígenos. Todo esto más la plena facultad de derechos políticos y sociales.
Para garantizar estas medidas, es fundamental la unidad del pueblo trabajador, independientemente de la nacionalidad. Por ello, es central el apoyo de sindicatos, organizaciones sociales y populares, para enfrentar juntos esta crisis de manera efectiva.
