Como empresa, hemos destacado a Chile como una jurisdicción favorable y atractiva para nuevos proyectos. Hemos presentado al país como un actor confiable, donde las inversiones se facilitan con reglas claras. Nuestras potenciales inversiones futuras también son fundamentales para el desarrollo de Antofagasta y de Chile.
Sin embargo, nos encontramos actualmente con una situación que contradice lo recién expuesto. Una autoridad que –según ha dicho públicamente–, pareciera haber tomado la decisión de ordenar demoler las instalaciones de la planta desaladora de Caitán en Mejillones, que abastece el 90% del agua que utiliza Spence | BHP. Ello, debido a supuestos incumplimientos de dichas instalaciones, lo que podría implicar que la planta desaladora no seguiría operando.
La autoridad tiene, sin duda, el derecho de tomar este tipo de decisiones. Sin embargo, dicho derecho va acompañado de la responsabilidad insoslayable de tener toda la información a la hora de tomarlas y de buscar todas las soluciones posibles. Esto no ha sido así. Como clientes de la planta, hemos intentado acercar posiciones mediante la creación de espacios de diálogo y búsqueda de soluciones, previo a la aplicación de la medida más drástica que contempla el ordenamiento, lo que escapa de toda proporcionalidad.
Y decimos drástica porque si se paraliza la planta desaladora, tendría un grave efecto en la operación de Spence, afectando a 2.300 familias de Antofagasta debido a la pérdida de trabajos, en una región donde el desempleo alcanza al 8,7%.
Evidentemente, no se justifica que un particular no cumpla con las normas y regulaciones de las jurisdicciones donde opera. Sin embargo, en caso de haber discrepancias respecto de si ello ocurre o no, el llamado debería ser al diálogo y a eventuales medidas correctivas, que prevengan una afectación significativa a la economía de la Región y del país, así como también los puertos de Mejillones, donde Spence es uno de los principales clientes.
Hemos estado abogando para que los temas en discusión se puedan abordar mediante un diálogo constructivo entre las partes. BHP y Spence han estado abiertos desde el principio para facilitar las discusiones y ayudar a las partes directas a llegar a una solución satisfactoria que permita evitar el daño que se podría causar a las miles de familias que dependen de Spence, así como una disminución significativa de la actividad productiva de la bahía, que también impactará a la comunidad de Mejillones de manera directa e inmediata.
Seguimos confiados en que la unión de todas las partes para encontrar una manera de resolver esta situación es la única forma de garantizar el progreso y el desarrollo en Chile.
Clarísimo lo compartido por Don Cristóbal Sandoval, ante el probable incumplimiento de protocolos y normas, que la empresa desaladora proveedora de aguas para la actividad minera, esa autoridad fiscalizadora y correctora de tal irregularidad, reconozca que aquello que hoy han detectado,simplemente ocurren ante el abandono e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y que ello debe ser corregido, y rectificado, Evaluando los efectos o costos que la mediática acción que considera imponer esta autoridad pública (sin nombre=innombrable). Simple afán de protagonismo..Si con el mismo rigor razonamiento revisa como se comportan las mejoras viales, probablemente clausure Antofagasta y el negocio con solución entre organismos públicos y empresas contratistas, asegurará utilidades.
¿Y Uds cree que una municipalidad pequeña tiene los recursos y experticia técnica para poder fiscalizar todo su territorio?.
De la misma forma, BHP es una de las mineras más grandes del mundo, ¿No contará con el presupuestos para dar cumplimiento a las normativas nacionales?.
Estás empresas lucran con el medio ambiente de los países, se quedan con las ganancias, dejando la pobreza socio ambiental en el tercer mundo