Uno de los lugares comunes más lindos de nuestra idiosincrasia es “el gobierno de turno”. Se trata de una organización de identidad líquida, que fluye como el río de Heráclito, en el que ningún bañista se zambulle dos veces. Nadie sabe quién forma este gobierno de turno, a quién agradecer sus logros ni, sobre todo, quién diantre es el responsable de sus yerros. De ahí que este lugar común sirva de cómodo expediente para esquivar las críticas: “no es un tema del gobierno de turno”. Los más inspirados agregan que “es un tema de Estado”, e incluso “un tema país”.
Las víctimas de este lugar común hoy son los migrantes. Miles de personas sufren las consecuencias de la ineptitud de los gobiernos que se suceden conforme al turno. Las imágenes brutales que presenciamos esta semana no solamente hablan de lo bajo que pueden caer ciudadanos estándar –es una maldad quemarle a estas personas sus pocas pertenencias ¡y sus pocos papeles!–, sino que son el resultado de este desplazarse la responsabilidad de gobierno en gobierno. Después de décadas sin una clara política de inmigración, Chile pasó a una política de expulsión, que además de ser cuestionable es ineficaz: el gobierno tendría que armar una línea aérea completa para poder deportar a todos los inmigrantes ilegales.
La solución realista es incorporarlos a nuestra sociedad. Eso cuesta dinero, y dinero chileno. Para 2022 debemos apretarnos el cinturón presupuestario, controlar el nivel de la deuda externa y evitar que este país se vaya a la B (lo que no haría ningún bien a los migrantes). El presidente Piñera anunció que el presupuesto enviado al Congreso tiene en cuenta la recuperación del equilibrio macroeconómico, y eso está estupendo. Pero, al leer estas líneas, el lector sabe que –afuera de su casa, en la calle por la que transita, en la costanera por la que sale a hacer deporte, en la playa en que toma sol el fin de semana– hay familias completas que sufren una necesidad urgente. ¿Sentimos la misma urgencia que nos acongoja cuando el problema afecta a nuestra propia familia? La pregunta es si vemos a los migrantes como si fuéramos nosotros mismos. Como si fueran nuestro prójimo.
Cuando se quiere, los recursos están. El Fisco de Chile es dueño de más del 80% de la Región de Antofagasta, y aunque la mayor parte no sea habitable, la existencia de campamentos en nuestra ciudad situados en territorio fiscal demuestra que el Estado tiene propiedades en que los migrantes podrían instalarse (y en que muchos ya se instalaron). Naturalmente, no basta un terreno: hace falta un hogar. Sin embargo, el plan de combate a la crisis económica lanzado en febrero de este año contempla la construcción de viviendas sociales para 412.000 familias. Cuando un problema se considera urgente, la plata se reasigna a ese problema. Pero nos cuesta reasignar y posponer la satisfacción de nuestras necesidades: gratuidad universitaria (1.800 millones de dólares en el presupuesto de 2021, si mi cálculo es correcto), pensiones dignas, educación escolar, salud…
Un punto, ahora que la Convención Constitucional termina de discutir el reglamento y se prepara para abordar los contenidos: si los mandatos presidenciales duran cuatro años sin reelección, ¿por qué el Ejecutivo querría resolver difíciles problemas de largo plazo, en lugar de esperar el cambio de turno? La respuesta a los problemas de los migrantes no está en consagrar sus derechos en el listado, sino en el régimen político, que es el pollo de la cazuela constitucional.
