Las dos reclamaciones del padrón de Sierra Gorda para excluir una gran cantidad de votantes, y que fueron admitidas por el Tribunal Electoral Regional (TER), se suman a un delicado historial de polémicas en la comuna minera. Desde los comicios del 2008 que fueron anulados por acarreo, lo que obligó a repetir el proceso, hasta las impugnaciones masivas presentadas este año, los cuestionamientos a la manipulación del universo de electores surgen cada vez que se acercan los comicios municipales.
En el TER ya se desarrollaron las audiencias para conocer los reclamos presentados por Adriana Rivera, candidata independiente a la alcaldía y Diego Fernández, también candidato a dirigir el municipio en calidad de independiente con cupo de Chile Vamos. Rivera solicitó la exclusión de 886 personas por no tener vínculo real con la comuna, mientras que Fernández pidió lo mismo con 493 votantes.
Los aspirantes al edificio consistorial requirieron la intervención del TER luego de que el padrón electoral registrara un incremento del 45% durante durante los siete meses previos al cierre del padrón. Las 825 nuevas inscripciones representan una cifra que podría alterar el normal desarrollo de las elecciones, considerando que en la última municipal, la alcaldía se resolvió por una diferencia de 44 votos.
Tras la audiencia, el TER tiene un plazo de cinco días para emitir una sentencia y quienes no estén de acuerdo con la resolución pueden apelar, dentro de los siguientes tres días, al Tribunal Calificador de Elecciones. La discusión que se zanja por esta vía es si quienes están impugnados podrán votar el 27 de octubre o de lo contrario, el Servel recibirá instrucciones para excluirlos. La investigación por eventuales delitos al concretar cambios de domicilio fraudulentos corresponde al Ministerio Público y es una arista separada e independiente.
6 meses sin alcalde
En las elecciones del 26 de octubre del 2008, el alcalde en ejercicio de Sierra Gorda, Carlos López, se inscribió para mantener su cargo. En el proceso también participó Adriana Rivera, José Guerrero, quien postula a la alcaldía nuevamente, Luis Díaz y Rodrigo Villanueva. Estos fueron los primeros comicios marcados por denuncias de acarreo, ya que máquinas del transporte público de Antofagasta y furgones escolares desde Calama llevaron a cientos de personas a las localidades de Sierra Gorda y Baquedano. Incluso, los conductores tenían el listado de quienes debían trasladar para ejercer su derecho a voto.
El ganador de esta elección fue Carlos López, sin embargo, otros candidatos, entre ellos Rivera y Guerrero, acudieron al TER para que revisara lo sucedido en la comuna. El 7 de noviembre de ese año, el tribunal determinó anular la elección, aunque López presentó una apelación al Tricel, que el 24 de noviembre confirmó la sentencia regional.
Los nuevos comicios habían sido fijados para marzo del 2009, pero el caso también llegó a la justicia penal, ya que se presentaron más de 400 impugnaciones en el Tribunal de Garantía de Antofagasta, las que apuntaban a domicilios con direcciones que no existen o viviendas en las que figuraban inscritas cerca de cien personas. Esta instancia rechazó las denuncias, aunque la decisión fue revocada en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que el 25 de marzo ordenó al Servel la exclusión de un determinado grupo de electores.
Tras largas gestiones, finalmente el 5 de mayo del 2009, la Subsecretaría del Interior emitió el decreto que convocó a nuevas elecciones, las que terminaron desarrollándose en junio con los mismos candidatos. Esta vez, con el 80% de los sufragios, el ganador fue José Guerrero. Los resultados nuevamente fueron cuestionados y el TER anuló los comicios otra vez. El caso llegó el Tricel que, en julio, determinó que, si bien hubo acarreo, éste no fue de una magnitud que influyera decisivamente en los resultados. Así, Guerrero fue declarado alcalde de Sierra Gorda, cargo que ocupó durante tres periodos consecutivos.
Falta de pruebas
Un elemento que facilitó las impugnaciones de los cambios de domicilio fue la filtración de las direcciones que entregaron al Servel quienes modificaron su circunscripción electoral, situación que fue corregida y que posteriormente haría la tarea mucho más difícil. Esto, ya que el padrón en la época de la anulación de los comicios incluyó la dirección de los votantes, lo que permitió detectar rápidamente viviendas en las que hasta un centenar de personas figuraban inscritas para sufragar. También fue posible encontrar numeraciones que no existían en las calles indicadas y varios domicilios “sin número”.
Aunque las sospechas nuevamente aparecieron en el 2012 y el 2016, no fue hasta el 2021 que se presentó otra impugnación masiva. Adriana Rivera, quien ese año postuló a la alcaldía, solicitó la revisión del 26% del padrón electoral de Sierra Gorda. La cifra involucraba 877 personas y la prueba consistía en que se oficiara al Registro Civil para que detallara los últimos domicilios de cada reclamado. Sin embargo, desde la publicación del padrón hay un plazo de solo diez días para reclamar, periodo que no alcanzó para recibir la respuesta del organismo público y la solicitud fue denegada por falta de pruebas.
CUATRO RECLAMACIONES, SOLO DOS ADMITIDAS
El abultamiento del padrón ocurre en las elecciones de alcalde y concejales, pero cuando las parlamentarias y presidencial no coinciden con esos comicios, no se observan los masivos cambios de domicilio. Este hecho fue advertido por Manuel Ramírez en el escrito que llevó al TER para pedir la exclusión de 17 personas ligadas a Renovación Nacional, las que, según denunció, no tienen ningún vínculo con la comuna.
La misma acción realizó José Guerrero, quien postula como independiente a la alcaldía. Al tribunal presentó un listado de 398 personas y dijo que, de ese grupo, 266 votaron en Antofagasta para el plebiscito constitucional. Ese hito ocurrió en diciembre del año pasado y el padrón auditado para ese proceso fue de 1.807 inscritos. Sin embargo, el pasado 29 de julio, cuando el Servel publicó el último padrón electoral, la cifra creció en un 45%. Es decir, solo en siete meses la comuna recibió 825 nuevos votantes. El exalcalde señaló que su universo de reclamo se redujo solo a 398 personas debido a las dificultades para chequear los domicilios.
En su reclamación contra 886 electores, la candidata a jefa comunal de Sierra Gorda, Adriana Rivera, apuntó en la misma dirección que Manuel Ramírez, explicando que militantes de Renovación Nacional se habían cambiado de circunscripción para votar. En el grupo que impugna figura un exseremi de Bienes Nacionales y un exsubdirector del Servicio Salud del segundo gobierno de Piñera. Además, dijo que también aparece la secretaria parlamentaria de la senadora Paulina Núñez y la hermana de esta funcionaria. La candidata manifestó las mismas dificultades para pedir la exclusión de quienes no tienen vínculo real con la comuna, trabajo que logró gracias a la ayuda de vecinos y dirigentes sociales antiguos de Sierra Gorda y Baquedano.
La otra reclamación fue elevada por Diego Fernández, quien postula a la alcaldía como independiente con cupo RN y solicitó sacar del padrón a 493 votantes.
Las únicas acciones admitidas por el TER fueron las de Fernández y Rivera, cuyas audiencias se desarrollaron este miércoles y jueves, ocasión en la que los reclamados tenían la posibilidad, mas no la obligación, de acudir al tribunal a realizar sus descargos para evitar que sean apartados del padrón electoral. Ahora se espera el plazo de cinco días para conocer la sentencia del tribunal.
