Transparencia Internacional el año 2021, consignaba que la corrupción era una amenaza latente a la democracia, ya que la debilitaba, destruía la confianza pública en las instituciones, sesgando la formulación de políticas en beneficio de unos pocos y que conducía a la captura de los mecanismos de rendición de cuentas.
La encuesta dada a conocer recientemente por el Instituto Libertad y Desarrollo, y desarrollada a través del Panel Ciudadano de la UDD, arroja resultado muy preocupante para el país y su democracia, se observa un estancamiento en las cifras indicativas de alta percepción de corrupción. El indicador, donde 0 es menos corrupto y 10 más corrupto, arrojó una nota de 7,2 para el año 2024, en circunstancias de que la medición de 2023 fue de 7,12, no siendo esta diferencia estadísticamente significativa.
Otro resultado preocupante que nos entrega este estudio, y expresión de esta normalización, es que los encuestados explicitan un alto nivel de pesimismo respecto del futuro, el 57,7% cree que la corrupción en el país será “mayor o mucho mayor” en un año.
Chile durante los últimos años se ha visto expuesto a nuevos casos de tráfico de influencia y corrupción con el denominado “Caso Audios”, y el “Caso Convenios”, este último ha golpeado fuertemente a nuestra región de Antofagasta, con el conocido caso “Democracia Viva”, y en especial con la última decisión del Ministerio Público de solicitar el desafuero de la Diputada Catalina Pérez. Casos los cuales han tenido graves consecuencias políticas e institucionales, pero que a la luz de estos resultados no pareciera impactar mayormente la mirada de los ciudadanos respecto de la percepción de corrupción en el país.
Respecto de las instituciones que se perciben más corruptas, las municipalidades aparecen como las entidades que concentran la percepción de mayores niveles de corrupción, con una nota de 8,1; seguidas por la Cámara de Diputados, con una nota de 7,9, después de ellas aparecen el Poder Judicial y los Gobiernos Regionales que comparten una calificación de 7,7.
La corrupción atenta contra los ideales, exigencias y base de un Estado democrático, socavando la credibilidad de las instituciones y fomentando la percepción social de impunidad. La ética y transparencia son valores que deben primar en toda la sociedad democrática y en especial en los funcionarios públicos.
No podemos permitir que la corrupción se normalice, pues esta acrecienta la desconfianza en las instituciones de administración de justicia y de gobierno, disminuyendo la legitimidad política y el desarrollo económica de un país. La corrupción da lugar a una inadecuada distribución del talento, mina el capital social y la confianza básica y legitima mecanismos informales.
Es deber de todos cuidar nuestra democracia, y no permitir que la corrupción se normalice. Como señalan varios autores, este flagelo, aumenta los costos del desarrollo social y económico, observándose una relación directa y proporcional entre el nivel de corrupción que se verifica en una sociedad y el nivel de delincuencia, a mayor corrupción, mayor violencia.
