En las últimas semanas hemos presenciado operativos policiales de gran envergadura que han logrado desarticular verdaderas estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y el microtráfico en la región. Estas acciones se han concentrado en sectores largamente postergados por el Estado —como Tocopilla y los campamentos del sector norte de Antofagasta—, evidenciando no solo la profundidad del problema, sino también la determinación con la que hoy se está enfrentando esta amenaza.
En ese contexto, es justo reconocer el trabajo profesional y persistente de la Fiscalía, Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI). Su rol ha sido clave para avanzar en investigaciones complejas, que requieren inteligencia, paciencia y coraje. Cada laboratorio clandestino desmantelado, cada banda desarticulada y cada sector recuperado del control territorial del narco, es también fruto de ese compromiso diario por restablecer el Estado de derecho.
Pero esta lucha no puede limitarse sólo al ámbito operativo. Desde el Congreso, y particularmente desde el Senado, hemos impulsado una agenda legislativa centrada en reforzar nuestras capacidades para enfrentar el crimen organizado. He impulsado activamente iniciativas como la Ley de Usurpaciones, la Ley Antinarco, y el proyecto que regula el uso de la fuerza por parte de las policías. Este respaldo cobra aún más sentido si consideramos que, durante el primer semestre de 2024, la Región de Antofagasta registró 24 homicidios consumados, y que más del 83% de las víctimas fueron hombres, según cifras oficiales. A pesar de esta realidad, también se observa una disminución del 25% en la tasa de homicidios en comparación con el mismo período de 2023, lo que da cuenta de que las intervenciones y políticas implementadas podrían estar dando resultados.
Asimismo, es indispensable que estas transformaciones se construyan de manera transversal. La seguridad no puede ser capturada por la lógica partidista. Necesitamos mayorías amplias y sostenidas que entiendan que esta es una urgencia nacional.
Las cifras muestran con crudeza el avance del crimen organizado en Chile. Pero también nos dan señales de esperanza: cuando el Estado actúa coordinadamente, cuando se refuerzan las fiscalías, cuando las policías cuentan con respaldo real, los resultados llegan. Y lugares que antes eran símbolo de abandono, como Tocopilla o ciertos sectores del borde cerro en Antofagasta, comienzan a recuperar la tranquilidad que tanto merecen.
Combatir el narcotráfico y el microtráfico es una tarea compleja, pero no imposible. Requiere convicción, decisión y trabajo en equipo. Desde mi labor como senadora, seguiré empujando cada reforma, cada ley y cada acuerdo que nos acerque a un país más seguro. Porque recuperar nuestros barrios sí es posible. Porque vivir sin miedo debe ser un derecho y no un privilegio.
