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La añeja lucha ideológica entre derecha-izquierda que se trata a menudo de imponer desde los partidos políticos centralistas, discursivamente ejercida con argumentos de la época de la guerra fría, no es un tema de primer orden para los ciudadanos de las regiones que sufren la postración material y espiritual de un modelo de desarrollo nacional basado en la subvención permanente desde el resto de los territorios a una elite asentada en una capital que concentra el poder político-económico-social-cultural del país. Por el contrario, la lucha contra el paternalismo autoritario del centralismo por medio de la exigencia de mayor autonomía y democracia local, es decir, la exigencia de un Estado genuinamente descentralizado, es el principal desafío político-programático que convoca a los distintos elementos de la sociedad civil que habita en nuestra región, independiente al espectro político al que se pertenezca.
En consideración a lo anterior, el hecho que el Senado haya aprobado la reforma constitucional que permite la elección democrática de Gobernadores regionales (figura que reemplazará a los actuales intendentes de exclusiva confianza del Presidente de la República, y que serán en lo futuro la autoridad política superior de la región, que por ende, responderá ante sus electores locales por el ejercicio de su cargo) debe ser calificado como un gran paso hacia la descentralización material de nuestro Estado y como una buena noticia para el país, pues como diversos expertos han afirmado: “Chile no será desarrollado mientras no sea descentralizado”, o lo que es lo mismo, Chile no será desarrollado mientras siga siendo un país centralizado.
En una columna anterior (http://3.94.104.188/2016/06/mas-alla-del-regionalismo/) esbocé la importancia de crear un discurso concreto superador del regionalismo pedigüeño, en el que se exija poder y soberanía local, como forma de hacer frente al Estado unitario-centralista. En dicho sentido, la elección democrática de Consejeros Regionales, a la cual se sumará la del Gobernador regional, es de gran valor, pues permitirá erigir poder político localmente legitimado, que cuando se coordine con la elite local y los movimientos sociales de la zona, puede llegar a ser una fuerza crítica para romper con la inercia del paternalismo centralista.
Es cierto que la reforma introduce un delegado presidencial en las regiones, y que éste, en principio, coordinará a los servicios público desconcentrados (Seremis y otros organismos del Estado central con sucursal en la región), pero dicho burócrata, al no poseer legitimidad democrática local, fácilmente se convertirá en un fusible a cambiar, frente a pugnas entre el gobierno central y el gobierno de la región. El Gobierno regional, en ejercicio de la soberanía local, podrá siempre articular redes en torno a proyectos de interés de los habitantes de la región, con los municipios, con la empresa privada, con los grupos intermedios locales en temas tan relevantes como salud, educación, obras públicas cooperación público-privada, etc. Cuando los representantes del gobierno central obstaculicen estas iniciativas, movidos por intereses ajenos a la región, Gobernador y Consejeros regionales, necesariamente se deberán colocar del lado de sus votantes locales, o su carrera política se verá afectada. Por eso, esta reforma, es la piedra fundante para desmontar el Estado unitario y avanzar hacia uno genuinamente descentralizado, en el que el poder regional articule su propio modelo de desarrollo, lo cual redundará en mayor desarrollo para Chile en su totalidad, ante los nuevos polos de desarrollo que sin duda surgirán más allá de Santiago.
En todo caso, y más allá de cualquier optimismo ingenuo, se debe estar atento a que no se repita lo ocurrido con las Asambleas provinciales contempladas en la Constitución política de 1925, (especie de congresos regionales) que nunca vieron la luz, pues el Congreso nacional jamás dictó las leyes para hacerlas operativas, una muestra del fraude programático del centralismo. Teniendo en vista dicho precedente, se debe estar atento a la pronta aprobación de una adecuada ley de transferencia de competencias y presionar por una ley de rentas regionales que asegure la autonomía financiera de cada una de las regiones. El camino hacia la devolución de la soberanía a los pueblos que conforman nuestro país recién comienza.
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