Con el objetivo de analizar los alcances de la instalación de un Centro de Justicia en San Pedro de Atacama, los dirigentes de las comunidades indígenas y ayllus de la zona y las autoridades de justicia sostuvieron un diálogo participativo.
En la reunión participaron el presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Jaime Rojas; el alcalde de San Pedro de Atacama, Justo Zuleta; y el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, Vladimir Reyes, y a ella también se sumaron el fiscal regional, Alberto Ayala, el coordinador de Defensa indígena de la Defensoría Penal Pública, Hernán Díaz, y el director regional de la Corporación de Asistencia Judicial, Giancarlo Fontana, entre otros.
El encuentro, que forma parte de un trabajo coordinado entre los distintos actores de la justicia en los ámbitos civil, familiar y penal, tuvo por objetivo consultar la visión de las comunidades indígenas frente a la iniciativa conjunta, que busca resolver los problemas de acceso a los servicios de justicia que hoy afectan a ese territorio, considerando aspectos vinculados a la pertinencia cultural y medioambiental.
La idea es que este proyecto vaya acompañado de dependencias para Fiscalía, Defensoría y Corporación de Asistencia Judicial, con dotaciones asignadas y suficientes para prestar un servicio cómodo y eficiente a los usuarios, respetando aspectos de cuidado al medio ambiente, entorno arquitectónico y cultura del territorio.
Elementos menos burocráticos y medioambiente
Durante la actividad, el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, Vladimir Reyes, llamó a los y las dirigentes a expresar a las autoridades sus principales dudas o preocupaciones en relación al proyecto, teniendo en cuenta las particularidades de la cultura indígena y el abordaje con que se debe instalar la institucionalidad de modo que se logre una adecuada aceptación por parte de las comunidades.
En sus intervenciones los dirigentes destacaron la importancia de contar con la presencia permanente de las instituciones de justicia en la comuna, lo cual implicaría un importante avance para la tramitación de diversas causas y reducir los costos económicos, sociales y psicológicos del proceso judicial. No obstante, solicitaron se tengan en cuenta mecanismos menos burocráticos que permitan compatibilizar las formas de vida de las comunidades con la aplicación de justicia.
Para estos fines, se propuso la creación de mesas de trabajo permanentes con participación de representantes de las instituciones que se instalen en el tribunal propuesto y de las comunidades, de modo que se considere la pertinencia cultural en la aplicación de justicia, particularmente en relación con el Convenio 169 de la OIT y la cosmovisión de los pueblos indígenas.
Otro de los aspectos que cobró un rol protagónico fue la necesidad que, en este proceso de acceso a la justicia, se tenga en consideración el tema medioambiental y atender a una serie de inquietudes que tienen las comunidades en cuanto a operativizar los procesos de denuncia de materias vinculadas con áreas protegidas y patrimoniales.
Finalmente, las autoridades comprometieron la realización de una serie de charlas y encuentros con las comunidades para explicar el rol de cada una de las instituciones que forman parte de la justicia en todos los ámbitos de aplicación, lo que se programará con las diversas organizaciones territoriales de cada poblado.
“Es un anhelo”
Leidy Ossandón, presidenta de la comunidad atacameña de Coyo, dijo tras la reunión que la instalación de un centro de justicia es una buena noticia y destacó el ánimo que se observó durante la instancia con las autoridades. “Lo que se ha visto hoy (en la reunión) es buscar un acercamiento, un diálogo, es buscar nuestras posiciones en conjunto para un avance”, destacó la dirigente, quien además planteó la necesidad de considerar en el proyecto aspectos como la pertinencia cultural, el buen vivir y la preocupación por el área ambiental.
La secretaria de la comunidad de San Pedro de Atacama, Sonia Ramos, también puso énfasis en la pertinencia cultural, social y ambiental que debe tener el proyecto, y pidió que “no sea una justicia más desde el ámbito centralista”, sino que considere “el lugar que habitamos”.
Finalmente, Vladimir Reyes señaló que “es un anhelo de mucho tiempo ya que siempre hemos debido trasladarnos a Calama ante cualquier conflicto o situación judicial. Sería un alivio para todos quienes habitamos este territorio contar con un tribunal”, manifestó.
