Los fiscales regionales del Ministerio Público redactaron una carta para el pleno de la Convención Constitucional (CC) en la que advierten “aspectos especialmente complejos y problemáticos que pueden afectar el futuro de la persecución penal y la protección de víctimas”. En el contexto de las normas aprobadas por la Comisión de Justicia, el persecutor jefe de la región de Antofagasta, Alberto Ayala, señaló que la idea de terminar con la figura del fiscal nacional para reemplazarla por un consejo superior es una medida que apunta en el sentido contrario a mejorar el sistema.
Tras la difusión del documento, Ayala habló con total libertad sobre las implicancias de lo que se discute en la CC, explicando que cuando termine su periodo en octubre del próximo año, no volverá a postular al mismo cargo en ninguna otra zona. El abogado conoce en detalle el Ministerio Público y su funcionamiento, fue el primer fiscal regional de Antofagasta en el inicio de la reforma procesal penal en el año 2000; luego ocupó la misma plaza en la región de Los Lagos (2007); en la Fiscalía Metropolitana Oriente (2011) y en el 2015 retornó a la capital minera.
“No tengo interés en postular a ninguna región, estoy pensando seriamente en volver a mi estudio. Lo más probable es que vuelva a ser abogado particular, tengo una oficina en Antofagasta y eventualmente también podría regresar a Santiago, pero no es un tema que ni siquiera lo esté pensando. En este momento solo estoy dedicado a mi trabajo en el Ministerio Público hasta octubre del próximo año, salvo que se apruebe algo diferente y estudiaremos la legalidad de lo que se resuelva y qué podríamos hacer al respecto”, manifestó.
La propuesta de la comisión indica que el consejo estará compuesto por siete personas, tres de ellas elegidas por el Congreso, grupo encargo de dirigir la fiscalía. La carta al pleno de la convención apuntó a elementos como la difusa responsabilidad que tendrán las autoridades, la burocratización de la gestión que fomentaría el centralismo, junto con afectar la autonomía y objetividad. Además, señala complicaciones con la autonomía funcional de los fiscales adjuntos y la duración de cuatro años en los cargos, lo que coincidiría con procesos electorales.
- ¿Cuáles son los principales problemas que advierten en la propuesta para un consejo superior en el Ministerio Público?
El primer problema es de gobernabilidad, porque este es un servicio que requiere de gestiones inmediatas y pudieron apreciarlo días atrás en toda la tramitación que tuvimos por la extradición de doña Karen Rojo. Tuvimos contacto permanente con Santiago con decisiones jurídicas que se tomaron in actum, lo que permitió obtener la extradición más rápida registrada en Chile. Si eso estuviera sometido a un consejo de siete o el número que sea de personas, para que se reúnan a tomar decisiones es absolutamente ingobernable.
Lo segundo es la composición misma del consejo, porque una de las características de la Fiscalía de Chile -con todas las fallas que pueda tener y estando abiertos a modificaciones o mejoras en la elección del fiscal nacional o de los fiscales regionales- es la independencia y autonomía del poder político para investigar objetivamente. Si este consejo está formado por tres fiscales que tendrán que hacer campaña para ser elegidos, campañas que queramos o no estarán permeadas por temas políticos, terminaremos con intereses políticos controlando la fiscalía. Esto cambiará el carácter y con ello se pierde la autonomía absoluta que necesita el Ministerio Público, que al igual que los tribunales, necesita independencia absoluta para resolver sus asuntos.
También es un problema de tiempo rebajar a cuatro años el plazo de los fiscales regionales y esto lo digo con propiedad porque me voy el próximo año y estas modificaciones no me afectan, pero sí lo harán con los que vienen y la institucionalidad del país. Un fiscal electo por cuatro años y que coincide con el periodo presidencial va a transformarse prácticamente en un funcionario del gobierno de turno y eso es contraproducente para un órgano persecutor.
El hecho de que este mismo proyecto instaure que los fiscales adjuntos no tengan la obligación de seguir las instrucciones de un fiscal regional, cuando lo que hacemos es uniformar los criterios a nivel país para que el Ministerio Público posea una misma voz en cada región y no tenga versiones o interpretaciones diferentes para aplicar la persecución penal. Si damos libertad absoluta a los fiscales adjuntos tendremos 800 visiones y lo que se busca en Chile es la certeza jurídica. Como dijo el exfiscal nacional Sabas Chahuán, es un disparate jurídico, así de claro. No hay ningún país en el mundo occidental donde el aparato persecutor esté controlado por un organismo colegiado, es un invento y todos los expertos han sido claros que esto es un engendro que solo existe en Chile.
La Convención Constituyente tiene todo el derecho de legislar porque cuenta con representación popular y no discuto eso. Pero con normas transitorias determinarán que se tienen que ir de la nada 14 de los 19 fiscales regionales de aquí a diciembre por el cambio de sistema y hasta en los nombramientos de Alta Dirección Pública tienen indemnizaciones y aquí se trata de despedir sin ninguna justificación gente con experiencia que ha cambiado de región, que se involucró en créditos hipotecarios y cambió a sus hijos de colegio. Esto es algo más particular, pero en términos de organización, formas y sistema de administración de justicia, realmente esto es una burrada.
- ¿Es una mejor alternativa fortalecer el Consejo General de Fiscales, como propone el documento?
Podemos discutir la forma de elección del fiscal nacional y creo que una de las formas de dar más transparencia y participación es fortalecer el Consejo General de Fiscales, dejando de ser un órgano meramente consultivo. En la misma línea de bajar el sistema del nivel presidencial que se discute en la convención, bajar facultades al fiscal nacional para que las decisiones administrativas tengan más participación. También cambiar la forma de designar a los fiscales en lo posible con la menor injerencia del poder político, porque de lo contrario se transformará en campañas políticas. Aunque estuviera empezando mi carrera, no tendría miedo a ningún sistema de elección, incluyendo la popular a través de votos, pero si es con este mecanismo, ¿quién va a financiar las campañas? Los partidos y después ese fiscal ¿a quién va a responder? Creo que hay muchas formas de mejorar el sistema y comparto absolutamente ese sentido, sin embargo, busquemos fórmulas que mejoren el sistema y no que lo empeoren.
- Uno de los asuntos en discusión es la influencia política de los nombramientos, en particular, con el cargo del fiscal nacional. ¿Qué pueden responder a aquello?
En lo personal, primero creo en la política, los partidos y la legitimidad del sistema político porque es fundamental para un Estado democrático de derecho y la construcción de un país. No estoy contra la política, pero hay ciertos organismos en los que debe tener menos injerencia, nos evitamos temas y somos mucho más transparentes. Estoy absolutamente abierto a delimitar la participación política en la designación de los fiscales nacionales, porque los regionales son nombrados mediante un concurso de la Corte de Apelaciones que envía la terna a fiscal nacional. Con las modificaciones que está haciendo la Convención Constitucional, los fiscales regionales serán designados por un proceso en el que tres miembros estarán elegidos por el Congreso. Y si lo que se está buscando es que no exista intervención política, lo que están haciendo es todo lo contrario.
Hay que buscar un sistema diferente para designar al fiscal nacional y evitar los alegatos de pasillo, los besamanos, estoy abierto a eso de la manera más transparente posible. Creo que esto debería rechazarse para que vuelva a la comisión y explique con mayor seriedad este asunto, porque es un error jurídico de proporciones de gente que no entiende, seguramente de muchos abogados que trabajaron en la comisión y que tengo la impresión que en su vida han tramitado en un tribunal y no conocen la operatividad del mundo real.
- ¿Cree que esto puede ser una pasada de cuenta respecto de los casos de corrupción en el país que no tuvieron las condenas que la comunidad esperaba?
Es posible, pero no podría decir si obedece a eso. Sí reconozco que en todas las fallas que puedan existir en esta materia tenemos que hacer nuestro mea culpa y estamos abiertos a corregir aquellas cosas que pudieran llegar a esa sensación. Pero recuerden que temas como el financiamiento ilegal de la política no se pudieron llevar a cabo no por voluntad de la Fiscalía de Chile ni los tribunales, sino porque una serie de requisitos legales impedían a la fiscalía tener la acción penal. Pero si algo tenemos que corregir por supuesto que lo haremos, pero hacerlo de este modo (con el consejo superior del Ministerio Público) es todo lo contrario, es darle más intervención al poder político para impedir que las cosas sean investigadas.
- ¿El sistema en su conjunto requiere de una reforma penal o una actualización?
Los sistemas son perfectibles, es normal y para ello se requiere tiempo. Soy partidario absoluto de modificar la Constitución porque la Carta Magna de la dictadura era algo insostenible en un Estado democrático de derecho. Pero la idea es que construyamos una Constitución plural, que contenga no solo el pensamiento colectivo de todas las corrientes de opinión del país, que además sea una carta de navegación de carácter técnico profesional que contenga los elementos de la organización del Estado y del sistema judicial que permita ser sostenido en el tiempo y una administración de justicia plural, transparente, democrática e igualitaria. Pero no corregir de la noche a la mañana con poco estudio y sin escuchar a las voces especializadas de la materia cómo podrían solucionarse los problemas.
