“Es una manifestación de populismo penal”: Defensor Regional de Antofagasta sobre demolición de «narco casas»

El Defensor Regional de la Defensoría Penal Pública en Antofagasta (DPP), Ignacio Barrientos, manifestó que la sociedad tiene que realizar una reflexión en medio de la demanda por mayor seguridad pública. Si la comunidad requiere un incremento de este concepto, también tiene que proveer condiciones de juzgamiento e investigación que “aseguren la legitimidad del ejercicio del poder punitivo. Cuando esa legitimidad se pierde, en términos muy simples, las sociedades se disparan en los pies, socavan las bases de confianza necesarias para el respeto a las normas”.

Junto con el escenario económico, la seguridad pública es la principal preocupación en el país y ello permite que surjan nuevas ideas como la del alcalde de La Florida (RM), Rodolfo Carter, quien está ejecutando la demolición de casas que fueron utilizadas por el narcotráfico. En la región, los jefes comunales de Antofagasta y Calama ya confirmaron sus intenciones de replicar la medida y desde la perspectiva de la DPP, Barrientos declaró que no le parece que sea la solución al problema. “No negamos la necesidad de la aplicación de la ley penal, nosotros trabajamos con ese insumo, pero creemos que el proceso penal debe ser el instrumento para la determinación de la responsabilidad y esa función solamente es de los jueces”.

El Defensor Regional también habló sobre lo que está pasando en El Salvador con el presidente Bukele y su plan contra el crimen organizado, cuestionando que las prácticas de encarcelamiento masivo, a toda costa, pueden ser atractivas para muchos, pero engendran mucho odio dentro de la sociedad, ya que los reclusos en algún momento recuperarán su libertad y la interrogante es si demostrarán un amor por el Estado o la intención de enfrentarlo con más fuerza.

• El debate sobre la seguridad está extremadamente polarizado. ¿Qué sensación tiene del ambiente en la opinión pública en esta materia?

Es una tendencia que no es solo nacional, tiene una vocación universal, está ocurriendo en muchas partes y viene desde hace un tiempo. No olvidemos que las modificaciones al Código Procesal Penal se suceden desde unos 12 años en distintos gobiernos y la tendencia siempre ha sido a aumentar la represión y las penas para determinados delitos, restringir las posibilidades de los jueces para aplicar penas por debajo de los márgenes delictivos por la consideración de circunstancias atenuantes, lo que se ha conocido en el país como la aplicación del marco rígido.

Lo que uno observa en el tiempo es que por un lado aumentan las peticiones de incremento de las sanciones, la tipificación de nuevas figuras delictivas y, por otra parte, aumenta la petición de la ciudadanía de mayor represión y control policial, olvidando un poco que hay una crítica que debe estar asociada a la seguridad pública y es la prevención. Eso supone otra mirada en materia de control social y el aumento de la pretensión punitiva va aparejada de una especie de debilitamiento de una mirada desde el proceso penal que considere que éste no puede hacer caso omiso a la pretensión jurídica y también ciudadana de mayor respeto a los derechos y garantías de todas las personas que enfrentan este proceso. Siempre en lo penal se enfrentan dos extremos, por un lado, la aplicación de la ley penal y en el otro extremo que, en la aplicación de esa ley, a través de un proceso, se respeten los derechos de las personas.

Aquí vemos una contienda en la que está enfrentado la sociedad y el Estado contra un individuo o individuos a los que se les imputa o atribuye una conducta delictiva. Y sobre esto hay que reflexionar, porque una sociedad que demanda seguridad tiene que proveer condiciones de juzgamiento e investigación que aseguren la legitimidad del ejercicio del poder punitivo. Cuando esa legitimidad se pierde, en términos muy simples, las sociedades se disparan en los pies, socavan las bases de confianza necesarias para el respeto a las normas.

• En El Salvador, lo que está haciendo Nayib Bukele es una señal para el común ciudadano de que los malos tienen que pagar de una forma que involucra una cuota de venganza y esto hace sentido en la gente y comienza a permear en el continente. ¿Cómo se combate está situación?

Lo primero que hay que decir es que la realidad de El Salvador es muy distinta a la chilena, enfrentó una guerra civil muy cruenta en los años 80 y mucho de lo que es esa sociedad se debe a ese conflicto, donde había un Estado con una característica, era débil, no estaba presente de manera integral en todo el territorio. Cuando un Estado pierde la capacidad de asegurar el cumplimiento forzado de las normas jurídicas para la regulación de la vida social, estamos hablando de Estado frágil y eso fue El Salvador en los años de la guerra civil. Luego vino todo un proceso de paz que dejó mucha gente que había combatido y que por decirlo de alguna manera, estaba acostumbrada a la resolución no pacífica de conflictos, sin una política integral de inserción de esas personas en la sociedad con miras a futuro. Cuando se da este fenómeno, la constitución de bandas criminales, como las maras, no es una cuestión casual, es una consecuencia del conflicto.

La solución aplicada es fácil. Meter a la cárcel a los malos y sin velar necesariamente por las garantías procesales puede resultar atractivo y para muchos replicable en otros contextos. Pero primero responde a una mirada fácil, porque se cree que la solución para la contención delictiva es meter a mucha gente en la cárcel y eso tiene un costo, social, económico. Pero además, un costo en el futuro de la sociedad salvadoreña, porque el presidente con decisiones muy cuestionables desde el punto de vista del respeto de los derechos, asume una tarea prácticamente de “sheriff” y no duda en catalogar a quienes están en las cárceles como personas perversas, lacras. Sin embargo, no siempre una persona tiene todo el poder por mucho tiempo y qué pasará en la era post Bukele. Estas prácticas de encarcelamiento masivo, a toda costa, pueden ser atractivas para muchos, pero diría que engendra dentro de la sociedad mucho odio. Hay que pensar que la gente encarcelada en esas condiciones genera mucha reacción en los círculos cercanos de esas familias y en quienes viven eso. Tendrán que cumplir una pena privativa de libertad por un tiempo y luego saldrán y cómo salen tras esa experiencia, ¿amando al Estado o queriendo enfrentarlo con mayor crudeza? ¿Cómo reaccionan las familias frente a esas formas de encarcelamiento masivo?

Es una solución fácil, pero que genera efectos que a mediano y largo plazo están por verse. No quiero decir que necesariamente ocurrirá así, pero la factibilidad de que suceda tiene que hacernos pensar que probablemente no es la solución.

• Desde los municipios surgió la idea de derrumbar las casas narco como una señal de que es la forma de enfrentar este problema. ¿Qué le parece este planteamiento como una solución?  

Hace mucho tiempo que venimos denunciando eso que tiene un apelativo, el populismo penal y esto es una manifestación de esa forma de entender estas soluciones fáciles, que son atractivas, que lucen, tienen prensa, son efectistas, pero tal vez no efectivas. Pero por sobre todo nos parece que nos son respetuosas de los derechos de las personas y habrá que preguntarse si tras estas demoliciones hay resoluciones judiciales que establecieran de manera fehaciente que en ese lugar se ha traficado droga. Habrá que determinar la propiedad de las casas, porque pudieron ser arrendadas. Hay varios factores y en la medida de que esto vaya cundiendo estaremos en un problema. No me parece que sea la solución al problema que enfrentamos y no negamos la necesidad de la aplicación de la ley penal, nosotros trabajamos con ese insumo, pero creemos que el proceso penal debe ser el instrumento para la determinación de la responsabilidad y esa función solamente es de los jueces.

• Estas medidas efectistas se replican muy rápido y tal vez a fin de año tengamos 20 municipios derrumbando casas.  

Ahí tendrán que verse las facultades, nosotros no nos involucramos en esa área de defensa. Pero hay instrumentos, acciones constitucionales que las personas afectadas podrán interponer para que ese tipo de conducta no se lleve a cabo. Solamente tengo una opinión en términos de que me parece que es una solución que probablemente habrá que meditarla, reflexionarla, analizarla con más profundidad y ver los factores que inciden.

Migración

• Desde el Ministerio Público se indicó que en el 60% de los delitos relacionados con narcotráfico tiene participación de personas extranjeras. ¿Qué cifra manejan sobre inmigrantes y la comisión de delitos?  

Este año tenemos 158 delitos ingresados por ley de drogas y de ellos, 60 corresponden a imputados extranjeros, estamos hablando de una cifra que bordea el 37%. Es un fenómeno a explicar, porque probablemente el único delito en el que hay una sobre representación de extranjeros es el delito de drogas. Y esto no es algo observable desde el 2020 o 2021 sino desde 2017 y de hecho hay un estudio del Centro de Estudios Públicos que hace esta relación. En ese momento la comparación en las imputaciones era del 3% para los locales y del 25% para los extranjeros. En las condenas, para los nacionales era un 4,3% y en los extranjeros alcanzaba el 54%. Es una diferencia importante y eso especialmente en la zona norte, la cercanía con la frontera de determinados países lo explica.

Tenemos cifras que pueden discriminar entre nacionales y no nacionales y al mirar los boletines del Ministerio Público no hay cifras que hagan esta segregación. De hecho, el estudio del Centro de Estudios Públicos se construye sobre la base de información de la DPP, que es probablemente la única base de datos que pareció más confiable porque hacíamos esta diferencia. Nosotros hacemos una distinción, los delitos que no constituyen microtráfico, principalmente son cometidos por personas extranjeras, en cambio, en el microtráfico, la mayor cantidad de involucrados son de nacionalidad chilena. Esta diferencia es conveniente tenerla en cuenta y lo otro es que hay muchas mujeres privadas de libertad por la ley 20.000, algunas de ascendencia indígena. Es todo un fenómeno que debe llamar la atención para la aplicación correcta de la ley penal que implica hacer una mirada a la historia de esas mujeres, porque es necesario dar una respuesta penal a la realidad de mujeres que se ven de alguna forma arrastradas a la comisión de delitos por primera vez y que enfrentan duras sanciones en el país, sobre los cinco años y un día de privación efectiva.

• ¿Y en los fallos se observa un entendimiento de aquello?

En las tres regiones del norte de Chile, que son las más afectadas por este fenómeno, tiempo atrás incluso solicitamos un estudio de esta materia a la Defensoría Nacional para ver las posibilidades de invocar algunas circunstancias atenuantes, estado de necesidad, miedo insuperable. Pero mientras no exista una figura atenuante de responsabilidad penal que sea más fácil de invocar recurriremos siempre a atenuantes que no tienen todo el rendimiento que uno quisiera. Además, hay que considerar que los delitos de la ley 20.000 cometidos después del 12 de febrero del 2022 no admiten la pena sustitutiva de expulsión.

• ¿Cuál es el usuario común de la DPP?

Tenemos una vocación universal de atención para todas las personas que están imputadas o acusadas de un crimen, simple delito o falta y que carezcan de abogado de confianza. Todos quienes requieran defensa penal pueden acudir a las oficinas de la Defensoría. La realidad nos demuestra que nuestros usuarios en muchos casos son personas que no pagan arancel de defensa porque sus ingresos no permiten un cobro. Por ley se fijan los aranceles por determinadas actuaciones, pero el número de personas que llega a pagar es bajo. Enfrentamos el proceso penal con quienes de alguna manera no pertenecen a los sectores más pudientes del país.

• ¿Qué nudos críticos detectan en el sistema?

Hay una deuda con personas en situación de vulnerabilidad, quienes tienen padecimientos de salud mental. Contamos con una línea de defensa especializada para personas que tienen problemas de salud mental, lo llamamos defensa de inimputables desde el punto de vista penal. Pero también nos toca conocer casos de quienes reciben una orden de libertad porque no amerita una prisión preventiva y hemos visto situaciones dramáticas, con serios problemas de control de impulsos que no pueden ser abordados desde el punto de vista judicial-penal y son liberadas sin que exista un soporte asistencial para el problema de fondo. Esto es algo que vemos con bastante frecuencia y por eso digo que hay deudas en esta materia, como también en otros aspectos, como mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, personas que son imputadas de delitos, pero que a su vez son víctimas de violencia y que gracias a la coordinación con distintos organismos, logramos resolver algunos problemas. Aquí se hace necesaria la construcción de redes interinstitucionales que nos permitan abordar conjuntamente dificultades de este tipo, esa es nuestra mirada.

• Mencionó que gran parte de las personas detenidas por tráfico de drogas que pasan por la DPP son mujeres que muchas veces cometen delito por primera vez. ¿Cómo enfrentar estos casos de personas que se les ofrece dinero porque están en condiciones de vulnerabilidad, una zona gris que el discurso público en ocasiones omite porque “son todos malos”?

Es ahí donde hacemos la distinción entre migrantes y extranjeros. El migrante tiene una vocación, un proyecto, quiere instalarse, residir y en ese sentido no todos los extranjeros que aparecen imputados como autores de delitos de tráfico son en estricto rigor migrantes. Son personas que ingresan al país, dejan el encargo y luego se van. Reitero lo que señala el estudio del Centro de Estudios Públicos, no hay una vinculación entre migración y delincuencia, quien quiera hacerla tiene que justificarla. De hecho, el capítulo del estudio que se refiere a migración y delincuencia dice que es un problema acotado, circunscrito a determinados aspectos y en la mayor parte del país que se hizo el estudio tras aumento del flujo migratorio, no se ha podido encontrar con base estadística entre ese aumento y el incremento de la criminalidad.

Hay que ser bastante serio en el análisis. En Chile hay un millón 500 mil personas que son de nacionalidad distinta a la chilena, cuántas personas extranjeras son imputadas de delitos. Hice un cálculo y no alcanza el 1,8% y ¿el resto tendrá que sufrir con el estigma de ser sindicado como eventual sospechoso criminal? En Antofagasta la población migrante se calcula en 106 mil personas y en el 2022 tuvimos 2.900 imputados de nacionalidad distinta a la chilena y es el 2%, ¿el resto tendrá que cargar con el estigma de ser un eventual criminal? No, es injusto y prejuicioso hacer esa relación, hay que ser cuidadosos en el discurso público y el análisis del tipo de delitos que se imputaron a estos 2.900 extranjeros, la mayor parte corresponde a lesiones, amenazas, que tienen penas muy bajas y no responden a un fenómeno delictivo grave. Si no se hace este filtro se es injusto con miles de personas que están haciendo un aporte que puede ser juzgado como mayor o menor, pero que hacen una vida honrada en el país y eso es respetable.