La Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios Fiscales (Anef) realizó una manifestación en el frontis de los edificios de cada gobierno regional del país, a fin de respaldar la función pública dado los acontecimientos que son investigados por el traspaso irregular de dineros desde algunas reparticiones del Estado a fundaciones.
El presidente nacional de la Anef, José Pérez Debelli, lo hizo desde Antofagasta, capital de una de las regiones cuestionadas, acompañado por el vicepresidente de la gremial, Helmut Griott Bohn, la secretaria general, Nayadet Zúñiga Romo, la secretaria de finanzas, Oriana Urrutia Grez, la presidenta regional del consejo Anef regional, Nora Biaggini Suárez, y unos cincuenta dirigentas y dirigentes de diversas reparticiones públicas locales.
“Estamos acá para reafirmar el compromiso de un Estado probo y presente” afirmó Pérez Debelli desde la sede de la Anef, en momentos de sostener previamente reuniones bilaterales con las dirigencias del Servicio de Vivienda y Urbanismo, Seremi de Vivienda, Gobierno Regional y Seremi de Desarrollo y Social y Familia. En este contexto, dijo que “nos percatamos que hay agobio, que se sienten postergados y por eso estamos dando un respaldo desde la dimensión humana”.
“Este respaldo responde a su vez a una población donde no llegamos oportunamente, porque nos falta presupuesto, nos falta dotación, vivimos bajo un Estado subsidiario que nos asfixia y precariza las condiciones laborales por medio de la modalidad de contratos a honorarios, con menos dotación de plantas y la externalización de servicios por ejemplo, a través de fundaciones. Somos menos del diez por ciento de la dotación laboral en Chile y por todo ello queremos recuperar un Estado social, democrático y que sea garante de los derechos de la ciudadanía”, apuntó el líder gremial.
Arista judicial
Respecto de las diversas investigaciones que están llevando a cabo la Contraloría General de la República y la Fiscalía en las regiones del Maule, Arica y Parinacota y Antofagasta, solicitó que las autoridades que pudiesen estar involucradas se hagan responsables.
“Hay un capital humano que está disponible para colaborar, porque no es posible que una autoridad circunstancial que es elegida políticamente venga aquí a ser dueño de un lugar donde pueda beneficiar a un partido, un conglomerado o un club de amigos. Eso es impresentable”.
“Pero tampoco nos perdemos porque si un funcionario está en complicidad habrá que despejar rápidamente si omitió o guardó silencio. Si alguien sale a la palestra entendemos que nuestra obligación es acompañar en ese proceso. Debemos entender que el trabajo público está sujeto a presiones de diversa índole, en la medida que cada funcionario realiza un trabajo en condiciones de subordinación. Una persona con contrato precario está expuesta”.
Fundación jesuita
Pérez Debelli y Biaggini Suárez se reunieron además con la delegada presidencial regional, Karen Behrens Navarrete, y el gobernador Ricardo Díaz Cortés, para defeder la función pública y, entre otros temas, abordar la consulta efectuada por Biaggini como presidenta de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional -Afungra- a Contraloría por supuestas irregularidades de la fundación jesuita “En todo amar y servir” al trabajar en dependencias del Gobierno Regional.
“Como funcionaria de carrera y presidenta de Afungra hice una consulta a Contraloría con respecto al accionar de una fundación específica dentro del Servicio. Hoy no podemos decir que no es incorrecto, porque debemos tener en cuenta que desde que se crea la figura del gobernador regional, y que es distinta a la Delegación Presidencial Regional, existen de por medio atribuciones propias del cargo que desconocemos”.
En este tema, Pérez Debelli agregó que “Nora como dirigenta de base presentó una observación para se investigue. Es la forma correcta de actuar, porque las dirigencias sindicales tienen fuero y el fuero se pone a disposición para clarificar estas situaciones
