El ingeniero civil químico y exseremi de Medio Ambiente, Felipe Lerzundi, estudia la presentación de una demanda por daño ambiental debido a los graves problemas que registra el tramo de la Ruta 5 que coincide con la operación Minera Mantos Blancos.
Entre los kilómetros 1.406 y 1.407, la carretera sufre deformaciones y grietas por el incremento del nivel freático del acuífero de Sierra Gorda, situación que también afecta a las vías del ferrocarril. La concesionaria fue la primera en alertar de lo sucedido en el 2020, cuando estampó una denuncia en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y tuvo que construir un desvío de 810 metros de largo por estos problemas. Por su parte, la empresa FCAB realiza constantes rellenos para nivelar los cerca de 40 centímetros que pierden mensualmente y así asegurar la continuidad de sus recorridos. El organismo fiscalizador determinó que la compañía Mantos Copper aplicara Medidas Urgentes y Transitorias por “un daño inminente para el medio ambiente y para la salud de la población”.
Sin embargo, parlamentarios de la región y el Concejo Municipal de Sierra Gorda concretaron acciones al considerar que dos años después de la denuncia inicial, todavía no hay una solución definitiva y tanto los vecinos de la localidad de Baquedano que pagan peaje para viajar hasta Antofagasta y todos quienes transitan por ese punto, asumen el perjuicio de la carretera.
Felipe Lerzundi fue seremi de Medio Ambiente entre noviembre del 2015 y marzo del 2018, durante la segunda administración de Michelle Bachelet. Tras dejar su cargo, comenzó a prestar asesoría a comunidades del interior de la región y ahora se desempeña como coordinador de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Comunidad Indígena Atacameña de Toconao.
El ingeniero detalló que desde hace unos dos años transita constantemente por el sector que presenta el hundimiento y siempre se preguntó qué es lo que ocurría en el lugar. Tras conocer cuál es la dificultad, manifestó que evalúa iniciar una demanda por daño ambiental. “Lo que exploramos es quiénes son los objetos de la demanda, si derechamente la empresa, pero también observamos que hay una responsabilidad de los entes fiscalizadores. Por lo tanto, la demanda puede ir directamente a ellos por un tema de legitimación activa”, aseguró.
Lerzundi detalló que el concepto de daño ambiental no solo se configura en términos de contaminación. En este caso, dijo, sí hay un tema relacionado con la infiltración y probablemente también con la contaminación de napas subterráneas producto de las infiltraciones. “Pero el daño ambiental, además del acuífero como receptor, también tiene que configurarse en cómo te afecta. En lo personal no tengo una afectación directa porque no estoy vinculado al uso del agua de ese acuífero, pero sí con el tránsito por la carretera. Ahí se genera una pérdida de la continuidad de los desplazamientos, un aumento de los tiempos de traslado, la inseguridad que genera este tipo de badenes en el camino y también el silencio de la autopista. Es algo que ha estado a la vista de todas las autoridades, tanto de las actualmente vigentes como las anteriores y eso es algo que es necesario despejar para el ingreso de la demanda”, apuntó.
Junto a un profesional de la consultora Ecoabogados está evaluando la acción judicial y señaló que falta precisar quiénes serán los demandados y que hay dos vías para hacerlo. Una es directamente en el Primer Tribunal Ambiental, donde “te sometes a sostener la carga de la prueba, lo que lleva a que sea un poco más complejo y por ello tenemos que afinar todo esto con el abogado. Lo otro sería a través de la vía administrativa solicitando fiscalizaciones y pronunciamientos que es lo que ya se ha realizado, sin embargo, el problema se arrastra desde hace varios años”.
El exseremi sostuvo que puede demostrar su afectación porque paga el peaje, que ha subido sostenidamente, a pesar de que el servicio está descontinuado no solo en la calidad, ya que también hay badenes y desvíos que desde el punto de vista de la seguridad son cuestionables. “Cuando hablamos de daño ambiental se hace desde distintas componentes y una de las que se evalúa es precisamente la vial. La Dirección de Vialidad es parte de los organismos revisores de una Declaración o Estudio de Impacto Ambiental”, indicó.
Lerzundi cuenta con experiencia en el Primer Tribunal Ambiental con causas de comunidades indígenas y por ello detalló que los plazos en esa instancia por lo general no son menores a un año. Sin embargo, agregó que dependiendo de lo que indique el tribunal, pueden solicitarse medidas provisionales. “De hecho, la autoridad podría haberlo realizado, por ejemplo, con la suspensión de la operación de Mantos Blancos, lo que no traerá como consecuencia inmediata el restablecimiento del problema, pero al menos genera un periodo para concretar acciones de mitigación tanto para la minera como para la autopista”, mencionó, añadiendo que a pesar de que el tema lleva dos años en la SMA, todavía no se observa una sanción.
“El 2020 fue el reclamo que puso la concesionaria de la autopista, pero esto data de antes y puedo hablar con propiedad porque me toca transitar por ahí y se observaban algunos socavones que al principio solo estaban señalizados con la disminución de la velocidad. Y ahí tenemos un tema de contrato porque hay un estándar que debe mantenerse en el servicio prestado y no hay ninguna acción civil por parte de la misma autopista o las autoridades respecto de Mantos Blancos”, cuestionó.
El ingeniero expuso que la SMA tiene pocos fiscalizadores para abordar todas las problemáticas ambientales que existen en la región y eso se traduce en los tiempos de respuesta. “Lamentablemente acá vemos que, al parecer, tendría que ocurrir un accidente grave para que se tomen acciones más radicales y si hablamos de temas ambientales, el daño tiene que ser inminente o irreparable para que se tomen acciones. De todas maneras, tengo fe en el trabajo que pueda desarrollar la superintendencia y es lamentable que tengan que levantarse este tipo de denuncias por parte de terceros y no de la autoridad para enfrentar esta situación. Como ciudadano puedo presentar acciones relacionadas con esto, pero los llamados a actuar son las autoridades electas o nombradas para ejercer esa tarea”, advirtió.
En cuanto al rol de las autoridades, Lerzundi está de acuerdo con los concejales (críticas a las autoridades que pasan por esa zona de la carretera), coincidiendo en que hay una inacción. Incluso, recordó que “Edgar Blanco fue seremi de Obras Públicas y por lo tanto tenía bajo su responsabilidad a Vialidad; luego fue intendente y más de una vez pasó por el sector y posteriormente fue subsecretario de Minería y pareciera que las autoridades están desconectadas de este tipo de problemas”.
A las autoridades entrantes les concede que, en algunos casos, no llevan más de una semana desde que fueron presentadas, pero sí enfatizó que es raro por parte de quienes estuvieron anteriormente en esos cargos que no se refirieran y que no hubiese ningún movimiento con algo tan sensible como es la infraestructura vial. “Por esa carretera pasa todo aquello que sale de la región, tanto de la Provincia de El Loa como del interior de Antofagasta, así que no deja de ser extraña la falta de voluntad política para esta y otras problemáticas ambientales. Siempre me he quedado con la sensación de que estas situaciones para algunos comenzaron y terminaron en el galpón (Puerto de Antofagasta), mientras que el resto, incluyendo esta, se olvidan o tal vez el foco está en otras cosas. Me cuesta encontrar una explicación”, dijo.
El consultor ambiental precisó que no estableció un plazo para presentar la demanda, esto ya que el daño continúa y la responsabilidad no se agota. “Miramos el expediente de la SMA y no vemos movimiento desde hace bastante rato y eso genera esta preocupación adicional. Queremos plantear pronto este instrumento de reparación del daño, entendiendo que lo que buscamos a través de una demanda es la reparación, no una compensación económica o indemnización, porque para ello son otras las vías. Lo que nos interesa es que retorne la condición ambiental a la que estaba originalmente, tanto en el acuífero como en la infraestructura vial, para que en definitiva lo que pagamos de peaje represente lo que utilizamos”, emplazó Lerzundi.
