La solicitud fue muy precisa, aseguró Carlos Kraljevic, padre de la enfermera que falleció tras sufrir complicaciones cuando cumplía labores en una aduana sanitaria fronteriza de la región. La familia pidió los correos electrónicos de julio de 2022, mes en que murió Betzabeth Kraljevic Navarro (25), y “nos llegaron correos del año 2017, 2018, 2020 y del 2023. De este último año, las comunicaciones que están involucradas con el caso de mi hija corresponden a cuando la fiscalía pregunta por algunas diligencias que solicitamos”, criticó Carlos.
En junio del 2022, la profesional firmó un contrato con la Seremi de Salud para prestar servicios en la aduana sanitaria de Hito Cajón, en la frontera con Bolivia (4.549 MSNM) para tomar pruebas de covid. Allí presentó las primeras molestias, taquicardia, dificultades respiratorias y tos con sangrado que empeoraron en su segundo turno. Según explicó la familia, tres días después de manifestar sus dolencias, la trasladaron directamente hasta la ciudad sin seguir ningún protocolo de trabajo en altura y la dejaron en su domicilio. La joven murió más tarde en el Hospital Regional por una trombosis bilateral pulmonar.
Desde julio del 2022, sus padres esperan los resultados del sumario administrativo que determine las responsabilidades por el deceso de Betzabeth. Tras un largo tiempo sin conocer ningún avance, gracias a una solicitud de información a través de la Ley de Transparencia, supieron que el procedimiento terminó. A pesar de ello y acercándose al 7 de julio, fecha que marcará el segundo año de la muerte de la enfermera, siguen sin conocer los detalles de la investigación interna.
“El sumario lo terminó la Seremi de Salud de Antofagasta, pero lo envió para la aprobación de la ministra (Ximena Aguilera), quien lo tiene desde el cinco de enero y todavía no tenemos el resultado”, señaló Carlos. Esta situación, agregó, les deja una sensación de que se están escondiendo las variadas negligencias cometidas. Si bien hay culpables directos, enfatizó, la responsable jerárquica es la seremi, Jéssica Bravo.
“Creo que hacer una investigación de este tipo no es tan difícil, porque nosotros nos demoramos dos o tres meses en saber lo que realmente pasó. En ese tiempo nos enteramos de las negligencias ocurridas y que esto lleve un año y diez meses, es para pensar que están esperando que pase este año y tanto de gobierno para que ellos se vayan de los cargos”, cuestionó.
La familia sostuvo que saben perfectamente quiénes son los responsables, identificando unas 17 personas involucradas en diferentes gestiones relacionadas con el caso. “Aquí quien no tiene claridad de lo que pasó es la seremi”, insistió el padre de la fallecida.
Correos electrónicos
Carlos expuso que el año pasado, por intermedio del Ministerio Público, solicitaron correos electrónicos a la Seremi de Salud. La información entregada se relacionó a dos personas y su sorpresa fue que los correos corresponden a los años 2017, 2018, 2020, cuando la muerte de Betzabeth ocurrió el 2022. Al recibir estos datos apuntan a la irresponsabilidades de la seremi y creen que se están burlando de la familia.
También puntualizó que la petición fue “muy precisa, pedimos los correos electrónicos del mes de julio de 2022 y nos llegaron correos del año 2017, 2018, 2020 y del 2023. De este último año, las comunicaciones que están involucradas con el caso de mi hija corresponden a cuando la fiscalía pregunta por algunas diligencias que solicitamos. Por ejemplo, que ratificaran si tenían oxígeno en Jama y si contaban con la factura de la compra y con uno de los correos pudimos confirmar que no tenían oxígeno. Es más, en uno comentan que habían comprado oxígeno en alguna oportunidad cuando una seremi anterior tuvo que ir a la frontera por una cosa puntual. Estos correos ni siquiera eran de la fecha que pedimos, porque corresponden al 2023”.
A la espera del sumario, la familia además inició un proceso en el Ministerio Público. Pero Carlos sostuvo que, en el tema penal, creen que la fiscal está atemorizada de empezar a formalizar a la gente involucrada, “porque hay mucha mano política. También tuvimos que pedir unas siete u ocho veces una reunión a la fiscal Paola Acevedo, quien finalmente después nos atendió, aunque el fiscal regional no nos ha querido recibir”.
De igual forma indicó que se acercaron a la delegada presidencial regional, Karen Behrens, con quien su esposa tuvo una reunión en la que comprometió ayuda. “Hay algunas cosas en las que está involucrada también la Delegación de El Loa. Esto, porque el encargado del Paso Jama depende del delegado presidencial de El Loa, Miguel Ballesteros. Y si depende de él, también depende de la Delegación Presidencial Regional, así que por eso nos acercamos hace unos seis meses. Ella dijo que nos ayudaría, pero al final no recibimos nunca ni siquiera un llamado telefónico”, finalizó.
