El jefe del Sistema de Análisis Criminal y Foco Investigativo (Sacfi) del Ministerio Público en Antofagasta, Juan Castro Bekios, advirtió que los delitos de tráfico de drogas y robo de vehículos tuvieron un aumento durante el 2021. En el contexto regional, el persecutor indicó que tal como debe pasar en el resto de los servicios, siente que trabajan con menos recursos que la zona central del país para enfrentar el incremento tanto en la cantidad de ilícitos como en su complejidad. Como uno de los fenómenos más graves precisamente se refiere al tráfico de drogas, que “está interrelacionado con delitos de armas de fuego, lo que incide en los homicidios. Y no solo me refiero solo al homicidio consumado, también a los homicidios frustrados que, de no haberse cometido con armas de fuego, serían lesiones. Por eso tenemos balaceras y todo lo que hemos visto últimamente en la macrozona norte y en esta ciudad”, puntualizó.
Desde el 2020 y por instrucción de la Fiscalía Regional, Sacfi asumió las investigaciones por tráfico de drogas en Antofagasta. Castro Bekios detalló que en ese periodo se incautaron 1,8 toneladas de droga y a fines del año pasado, la cifra fue de 5,1 toneladas. Sin embargo, junto a esta cifra dominada por la marihuana, pasta base y cocaína, también detectaron que emergió un mayor traslado de una droga de síntesis, la ketamina. Se trata de un analgésico potente que se utiliza en medicina veterinaria y que se interna al país por Antofagasta y por Arica. En el 2020 incautaron 12 kilos y el 2021, 120 kilos.
“Esta droga en bajas dosis incluso puede llegar a ser letal. De un gramo de pasta base pueden obtenerse hasta diez dosis, mientras que de un gramo de ketamina salen 30. Tampoco es fácil detectarla, porque puede presentarse en forma sólida o líquida y hemos visto en nuestras investigaciones que el tráfico se produce en esta última presentación”, señaló.
El fiscal sostuvo que la incautación de droga, que incluso determina los objetivos de los gobiernos para el tratamiento de este delito, es un indicador al cual se le otorga la mayor importancia. “En otras palabras, a mayor cantidad de droga incautada, pareciera ser que el fenómeno se está controlando más y no es así”, remarcó.
En este fenómeno los datos muestran el aumento de ciudadanos extranjeros involucrados, algo que en la región siempre había existido. Sin embargo, contrastó, el porcentaje junto con aumentar varió e incorporó otras nacionalidades cuyos países tienen estructuras criminales ya formadas.
“En el 2020, la participación en delitos de tráfico de drogas estaba compuesta en un 70% por nacionales y en un 30% por extranjeros. En el 2021, la participación de nacionales baja al 57% y los extranjeros suben al 43%. En primer lugar están los ciudadanos bolivianos, seguido de colombianos, venezolanos y más abajo algunos peruanos. En el primer cuatrimestre de este año, ya la participación de extranjeros va en 44%”, precisó.
Este elemento implica una mayor dificultad, subrayó Castro Bekios, y no por una preocupación de la migración, sino porque al tratar con ciudadanos extranjeros, muchos están completamente indocumentados. Por lo tanto, al dar un nombre no tienen las herramientas, ni la tecnología, ni los convenios con otros países para conseguir su verdadera identidad de forma rápida. “Los detenidos por estos delitos, por regla general, tienen que pasar dentro de 24 horas a un Tribunal de Garantía y sin ningún tipo de documentación, tenemos que identificarlos con el nombre que nos dan y luego pedir una cédula de identidad nacional para extranjeros para los efectos del proceso. Hay que comprobar si la identidad es efectiva y si en el otro país cometió delitos o pertenece a alguna agrupación criminal de relevancia. Todo este proceso es lento y es una dificultad más”, agregó.
Sobre el robo de vehículos motorizados, el Sistema de Análisis Criminal detectó un aumento del 30%. En el 2019, la región tuvo 1.624 de estos delitos, en el 2020 la cifra fue de 1.622, pero en el 2021 se disparó a 2.101 robos de vehículos, con un promedio mensual de 175 ilícitos. En Antofagasta, en el 2019 hubo 982 delitos, el 2020 fueron 902 y el año pasado fueron 1.057, con un promedio de 88 robos mensuales (17% de aumento). A diferencia de lo que ocurre en el tráfico de drogas, en el robo de vehículos la mayoría de los imputados son chilenos, (99% en el 2019; 97% en el 2020 y 92% en el 2021).
El jefe de Sacfi expresó que Chile no cuenta con la misma tecnología que otros países, pero cuando aquella está disponible, es en escasa cantidad y más aún para las regiones. La implementación tecnológica tiene que desarrollarse de acuerdo con la realidad de cada zona y según el objetivo a perseguir. El fiscal aseguró que, por ejemplo, las técnicas de intervenciones telefónicas son tan conocidas que hoy, los traficantes ya no hablan por teléfono y utilizan redes sociales para sus negociaciones y es muy difícil acceder a esa información.
“El traficante de hoy no es el mismo de hace 15 años, oculta o disimula bienes, los coloca a nombre de terceros, crea sociedades de fachada incluso para importar elementos prohibidos en el país. ¿Cómo nos haremos cargo de esto si nos falta tecnología y personal especializado? En una región fronteriza como ésta y en el interior, donde ocurre la internación de droga, es de difícil acceso, con bajas temperaturas en la noche y todo eso requiere vehículos de calidad. Y muchas veces vemos que las organizaciones de narcotráfico, de contrabando o de trata de personas tienen más y mejores vehículos que las policías”, comparó.
La complejidad de estos delitos aumenta, explicó el fiscal, porque ya no son simples robos con intimidación. En el robo de vehículos ya no hay una persona que quiere obtener dinero para el mes, sino que detrás hay una agrupación, estructurada, con un funcionamiento que se dedica a estos robos para cambiarlos por droga o para clonar vehículos. En ese sentido, no obtienen mucho con una detención flagrante, ya que, a pesar de ese procedimiento, la estructura criminal sigue funcionando y es tan sencillo como reemplazar al sujeto. “Como en algunos casos las penas no son muy altas, luego salen en libertad y lamentablemente continúan haciendo lo mismo, porque las oportunidades de resocialización en el país son pocas”, expresó.
CARENCIAS
Castro Bekios comentó que trabajan con carencias frente fenómenos cada vez más difíciles de investigar, como el tráfico de drogas, de armas, el lavado de dinero o la trata de personas, todos ilícitos que requieren de personal especializado.
Un ejemplo de ello es que la región no cuenta con ninguna unidad especializada en las policías para investigar lavado de dinero producto del tráfico de drogas, con personal que maneje legislación tributaria y técnicas de auditoría. “Entonces no tenemos las herramientas para perseguir de forma eficiente. A pesar de esto, en Sacfi hacemos esfuerzos y el año pasado realizamos la primera formalización en la historia de la reforma procesal penal en Antofagasta por lavado de dinero. Y en estos días estamos desarrollando el primer juicio oral en la región por los delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero. Todo esto con mucho esfuerzo, con recursos que no están en la región, sino en Santiago”, destacó.
Un aspecto que debe considerarse en todo este análisis es que no se trata simplemente de sumar funcionarios policiales para enfrentar estos fenómenos. Aunque está de acuerdo con el aumento de las dotaciones, advirtió que aquello depende de la realidad de cada zona, ése debe ser el indicador que muestre el tipo de funcionarios a incorporar y señaló que claramente en ciertos delitos más especializados, tienen falencias. “En la calle también se necesita presencia policial para prevenir, pero nosotros nos encargamos de la persecución”, acotó.
Además, recalcó que, si aumenta el número de personal policial en las calles, habrá más detenciones por delitos flagrantes, lo que significa más imputados formalizados, más investigaciones y más juicios orales. “Pero si ya los recursos humanos de la fiscalía están al tope y sumaremos más procedimientos, quién se hará cargo de todas esas nuevas investigaciones y juicios si mantenemos el mismo número de fiscales. Es imposible pensar solo en el aumento del personal policial sin que esté directamente de la mano con un incremento de funcionarios de la fiscalía, de fiscales especializados, de abogados asistentes y analistas”, emplazó.
Sacfi tiene cinco fiscales y se hace cargo de todo el tráfico de drogas, también de los delitos asociados de armas, patrimonio (robo) y cuentan con un foco dedicado al robo de vehículos que se disparó el 2021. Castro Bekio insistió que faltan recursos para todo esto y que desde las regiones lo solicitaron, pero no los han recibido para ejecutar una persecución penal más eficiente.
“Eso significa que seguimos haciéndonos cargo de estos aumentos con la gente que tenemos. Como Sacfi lo hemos manifestado, el fiscal regional lo ha hecho, también la Asociación de Fiscales, pero hasta la fecha nuestros recursos son exactamente los mismos, pero asumiendo fenómenos criminales que cada vez son más complejos. Se requiere no solo fortalecer a las policías en el número de personal y que estén especializados, también a la fiscalía, órgano autónomo y así sigue siendo en la propuesta de nueva Constitución, encargado de la persecución, de dirigir las investigaciones», concluyó.
