El fiscal Cristian Aguilar, quien está a cargo de las indagatorias por el Caso Convenios en Antofagasta, abrió una investigación por el delito de omisión de denuncia a propósito de los convenios suscritos por la Seremi de Vivienda y Democracia Viva.
Así lo informó Radio Biobío, detallando que la indagatoria se basa en el artículo 175 del Código Penal, que señala que todos los funcionarios públicos y personas que trabajan en el ámbito de la salud y educación (tanto pública como privada) están obligados a denunciar.
Es decir, quienes supieron de los traspasos de fondos a la fundación liderada por Daniel Andrade y no denunciaron, podrían ser imputados en la causa.
Asimismo, Aguilar determinó separar a Democracia Viva de otras fundaciones investigadas. Ahora dicha entidad será indagada por delitos de fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencia, negociación incompatible y malversación de caudales públicos.
Igualmente el persecutor estableció que se termina el secreto en la investigación sobre el lavado de activos relacionado a Democracia Viva.
