A través de una carta de representación a la seremi de Vivienda de Antofagasta Paula Monsalves, un grupo de funcionarios de esa repartición pública manifestó de manera formal los errores que detectaron en las resoluciones de liquidación que debían emitirse por los 10 convenios que la Fundación Urbanismo Social había suscrito con Vivienda. Esta tarea, que según los profesionales considera un flujograma de trabajo, tuvieron que realizarla en unos pocos días a petición de una jefatura central por la inminente quiebra de la ONG. En el escrito, entre otras cosas, explicaron que persistían los errores que advirtieron en una primera instancia, como el avance de obras con 0% y que fueron sumadas con ejecución del 100%. Frente a estos hechos relatados, un parlamentario de Antofagasta adelantó que llevará todos los antecedentes a la Contraloría, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.
El documento remitido a la seremi tiene fecha 14 de agosto, 2 días después de que los funcionarios denunciaran por acoso laboral a la jefa de la división jurídica del Ministerio de Vivienda, Marcela Rivas. Ese caso, según informó Paula Monsalves, está en proceso de investigación sumaria. Los afectados denunciaron episodios de acoso laboral, menoscabo y humillaciones durante las reuniones telemáticas que con carácter de urgente tuvieron con Rivas, quien les solicitó liquidar los convenios con Urbanismo Social.
El proceso era para sacar adelante los informes de normalización que valorizan y sancionan los servicios y productos ejecutados por la fundación por los convenios suscritos con Serviu y la Seremi de Vivienda.
Como indicaron en la denuncia, desde la primera reunión intentaron señalar los errores que encontraban en las resoluciones, pero ninguno de los puntos que plantearon fue recogido, aseguraron los profesionales, de forma que la tramitación continuó ejecutándose sin reparar en esos detalles. Sin embargo, ante la reiteración de peticiones que se expresaban de manera verbal y ya con las resoluciones redactadas y que seguían siendo objeto de modificaciones, decidieron dejar por escrito sus aprehensiones con la jefatura directa.
En la carta citaron el artículo que contempla las situaciones en las que si un funcionario estima ilegal una orden, debe representarla por escrito y si el superior la reitera, tendrá que ser cumplida quedando exento de toda responsabilidad administrativa, la cual recaerá en el superior que insistió en su ejecución.
Esto lo plantearon en el contexto de emitir nuevas resoluciones que aprueban los informes de situación de liquidación correspondientes a los convenios con Urbanismo Social, conforme a las resoluciones de normalización emitidas por el Serviu el 30 de julio, “de las cuales hemos tomado conocimiento informalmente que durante el transcurso del lunes 5 de agosto del 2024 continuaban efectuándoles modificaciones”, incluso pasado el plazo fatal otorgado por Rivas. También cuestionaron que no existió trabajo colaborativo con Serviu, lo cual había sido plasmado en un convenio de colaboración el 15 de mayo, manifestando que esa institución se comunica directamente con el nivel central, desconociendo dicho acuerdo. Esto lleva a que no se notificaron los cambios de último momento y que por ello los informes de normalización continúan con errores.
Persisten los errores
“En efecto, a pesar de las modificaciones realizadas a las 17 horas del lunes 5 de agosto, se puede observar que persisten errores en la documentación emitida, relacionada con partidas nuevas incorporadas (a raíz de que se encontraban repetidas anteriormente), no contempladas en los convenios originales, las que no fueron incluidas como partidas extraordinarias. Por otra parte, se valorizaron productos como disminuciones del convenio, que finalmente no son incorporados en los totales finales, persistiendo errores aritméticos y de avance de obras en porcentaje 0 sumados como ejecutados al 100%”, informó la carta de representación.
Para los profesionales de Vivienda, con esto quedó en evidencia una absoluta falta de prolijidad en las resoluciones de normalización, las que inicialmente tuvieron que ser revocadas para ser dictadas otra vez. Esto, para subsanar la inhabilidad del director (s) de Serviu Víctor Gálvez Astudilllo, aunque manteniendo las imprecisiones subrayadas.
La inhabilidad del director (s) de Serviu que firmó las primeras resoluciones fue advertida por los funcionarios en una reunión con Marcela Rivas, pero los comentarios que la jefa jurídica pronunció sobre la observación fueron parte de la denuncia por menoscabo laboral.
Las resoluciones tuvieron que volver a ser firmadas, ya que el director (s) de Serviu que las suscribió luego se inhabilitó formalmente a través de una resolución exenta. La razón fue “el hecho de haber prestado servicios, como profesional independiente entre el mes de enero y agosto del 2023 a la Fundación Urbanismo Social, periodo en que prestó servicios externos de coaching a los empleados de la citada fundación, por lo que estos hechos se ajustan al motivo de abstención”.
Como el cargo de director de Serviu estaba vacante, ese profesional se desempeñó como subrogante al momento de suscribir las resoluciones, las que tuvieron que ser firmadas nuevamente por otro profesional del servicio.
Los funcionarios de Vivienda concluyeron su carta a la seremi Monsalves expresando que, al tratarse de un caso tan complejo, les preocupaba de sobremanera que las disímiles instrucciones no estaban plasmadas en ningún documento escrito para resguardar las eventuales responsabilidades administrativas. También criticaron los tiempos para firmar nuevos actos administrativos con los errores señalados.
“Finalmente, las presiones de hoy miércoles 14 de agosto donde se nos entrega como plazo perentorio, sin instrucción expresa ni escrita, con toda la Seremi movilizada adhiriendo a las movilizaciones nacionales, tiendo solo como sustento la evidente premura del CDE, conjuntamente, con el correo electrónico de idéntica fecha de (nombre resguardado) acotando que su último informe mantiene observaciones planteadas originalmente (respecto del procedimiento a seguir instruido por el nivel central) y que no se encuentran resueltas las resoluciones exentas originales y las modificaciones realizadas por Serviu el 05.08.24, no nos dejan más opción que representar las instrucciones de la jefa de la DIJUR (Dirección Jurídica del Ministerio de Vivienda)”, concluyó la carta firmada por un grupo de funcionarios de la secretaría regional.
Contraloría y Ministerio Público
El diputado Jaime Araya adelantó que llevará todos estos antecedentes a conocimiento de la Contraloría y del Ministerio Público. En Antofagasta el fiscal regional es Juan Castro Bekios, quien fue designado por su jefatura nacional para indagar a Urbanismo Social en todas las regiones donde la fundación tenía convenios con el Estado.
El parlamentario afirmó ayer esto durante su intervención en la Cámara, jornada en la que se discutía la tramitación de un proyecto que hace acusables constitucionalmente a los gobernadores regionales.
“A lo menos me parece que es irregular que estas resoluciones de normalización no pasaran por Contraloría y que se pretendan dictar en medio de una investigación judicial que lleva la fiscalía. Es francamente indignante que se pretenda enterrar y tapar este escándalo y por eso me parece que tiene que haber este poder en la Cámara de Diputados, para que cualquiera que no está en ese círculo de componendas, donde la institucionalidad en Santiago se pone de acuerdo para echarle tierra a los escándalos, tengamos la facultad los parlamentarios para presentar estas acusaciones para que estos temas se discutan. Esto lo llevaré a la Contraloría, a la fiscalía y al propio Consejo de Defensa del Estado, porque es un escándalo. El daño que le hicieron al sistema político, al proyecto político, a este gobierno, hoy lo quieren tapar y, además, abusando de los funcionarios, infringiendo la Ley Karin”, dijo el diputado en el Congreso.
Seremi de Vivienda
Con fecha 29 de agosto, desde la Seremi de Vivienda enviaron la siguiente declaración pública respecto a este caso:
Respecto de las declaraciones vertidas en la prensa, vinculadas al proceso de liquidación de los convenios con la Fundación Urbanismo Social, podemos informar que desde la SEREMI MINVU de Antofagasta las acciones realizadas se enmarcan en el cumplimiento de la reiterada y abundante jurisprudencia de la Contraloría General de la República, vinculante para los órganos de la administración del Estado, con el objeto de regularizar las rendiciones de cuentas y cerrar los convenios.
En el caso de Fundación Urbanismo Social, el proceso de liquidación es el mismo que con todas las fundaciones, con la salvedad de que dicha institución solicitó el inicio de un procedimiento concursal de liquidación (quiebra) ante el 22° Juzgado Civil de Santiago. En ese sentido, la ley 20.720 establece plazos acotados y fatales para presentar al Consejo de Defensa del Estado las resoluciones de liquidación para el proceso de verificación de créditos, necesarias para cobrar lo que la fundación adeuda al MINVU.
Las instrucciones impartidas tanto por Nivel Central como por la SEREMI se enmarcan en el ámbito de sus competencias, en el sentido de darle cierre a procesos administrativos que se encuentran abiertos y que también están siendo analizados en sede civil y penal y han tenido como objeto lograr cobrar todo lo adeudado. La instrucción de emitir las resoluciones de liquidación es una obligación funcionaria, ya que es un requisito esencial para que el Consejo de Defensa del Estado pueda cobrar los créditos a favor del Fisco que existen, resguardando el patrimonio fiscal con el requerimiento de los reintegros que procedan.
Estamos disponibles a aclarar toda duda o supuesto erróneo en torno a este proceso. Asimismo, descartamos tajantemente que exista un tratamiento especial o disminuciones de los saldos a reintegrar respecto de esta fundación o cualquier otra.
Qué indignante toda esta situación, esto refleja que a más de un año del destape del “caso convenios“ hay ciertas personas que mantienen sus cargos de alta dirección pública, y siguen repitiendo el mismo proceder corrupto. Hablan de capacitar a los funcionarios y dónde están sus formaciones y capacitaciones en Ética y Moral.
Acá Con peras y manzanas, el tema es simple:
– Actual director (S) Serviu presta servicios a Urbanismo Social en 2023.
– A Urbanismo Social se le retienen los pagos por caso Fundaciones.
– Este mismo prestador de servicios asume como director (S) de Serviu en 2024.
– Como seguramente no se le pagaron sus servicios, entonces no haya nada mejor que aprobar resoluciones de liquidación para que se le pague a la Fundación, y de pasada seguramente sus millones.
– Jefa jurídica de MINVU Santiago presiona para que se aprueben no más las resoluciones.
– Actor relevante del CDE también presiona para que todo esto “pase piola”.
– Funcionarios regionales de carrera que detectan estas irregularidades son presionados y maltratados Y finalmente deben denunciar esto para no arriesgar sus trabajos.
Si no es por esta denuncia de los funcionarios todo este tema seguiría oculto, y directivos corruptos disfrutarían de fondos públicos en sus cuentas corrientes. Teniendo historia con actores de partidos en Cárcel como el Sr C. Contreras, estos siguen sin entender nada.
La pregunta del millón: ¿¿ cuánto más tiene que pasar para que sigamos escuchando a un ministro Montes sin asumir ninguna responsabilidad en todo lo que ha enlodado y sigue enlodando a este ministerio, y particularmente a este organismo regional??
Ya es hora de limpiar todo desde arriba.
Que daño tan grande al gobierno a nuestro país y a todas las instituciones que en el día a día de forma honrada realizan su quehacer. En la mente de los chilenos la palabra fundación se asocia a corrupcion y eso es imperdonable. Agradezco al Diputado Araya por velar por la INTEGRIDAD de las instituciones.👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
Sin lugar a duda Antofagasta se convirtió ahora en la capital de la corrupcion y eso de los asentamientos precarios llámese campamentos ,es una mina de oro para las Fundaciones,ONG, Corporaciones con vínculos políticos de este gobierno corrupto que quiere tapar el solo con un dedo
Yó creo que siguiendo y investigando muchas cosas más se sabrá no solo en el Minvu,Serviu,fundaciones si no también cuando indaguen e investiguen a algunos dirigentes de campamentos algo más sabran…porq ellos fueron los que también trabajaron directamente con las fundaciones para el supuesto desarrollo y mejora de sus comunidades precarias…no creo que fueron tan novatos todos
Que Bueno que existan medios locales como Timeline que destapen estos abusos y descaros de los que se hacen Mal Llamar «Funcionarios Públicos», operadores políticos que sólo buscan una posición directiva para aprovecharse llenando sus arcas personales o de sus familiares, a costa incluso del desprestigio de los verdaderos trabajadores públicos de trayectoria.
Muy buena Investigación de Timeline!!! Los insto SI a que sigan investigando con el mismo rigor, situaciones anexas de los que ya han sido mencionados en estas notas, como por ejemplo que la hija del Director (s) de SERVIU ha trabajado en 3 de las fundaciones más cuestionadas y actualmente investigadas en este caso Convenios (Urbanismo Social, Tomarte y FUSUPO) y lo más probable es que existan pagos desde estas fundaciones a esta persona, o peor aun, existan honorarios o sueldos pendientes a ella y quizás a alguien más de su circulo cercano, y desde ahí las presiones para blanquear todo lo antes posible y con el menor ruido. QUE DESCARO!!! y tal cual se dijo antes, EL MINISTRO CIEGO, SORDO Y MUDO, brilla por su ausencia.