Una red criminal de asesoría y venta de trámites migratorios, integrada por funcionarios del Departamento de Migraciones y Policía Internacional (DEMIG) Antofagasta, quedó al descubierto el viernes 7 de abril de 2022 en el Aeropuerto Andrés Sabella.
En esa fecha, la ciudadana colombiana Ángela Casanova Becerra se aprestaba a tomar un avión de la aerolínea JetSmart con destino a la ciudad de Cali, Colombia, portando su pasaporte, un documento de situación migratoria y un “duplicado” de su tarjeta única migratoria, reveló un reportaje de Biobío Chile.
Sin embargo, la “tipografía” de la tarjeta de turismo de la mujer llamó la atención del detective de la Policía de Investigaciones (PDI), Dennis Navarrete Díaz, quien previamente recibió una alerta similar con una ciudadana ecuatoriana.
Casanova fue interrogada y reconoció haber ingresado en septiembre de 2021 por un paso no habilitado, a la altura de Colchane, región de Tarapacá. Y reveló que su yerno, Ronald Zapata Ceballos, le habría entregado la documentación respectiva para poder salir de Chile.
Fue así que, el 11 de abril de 2022, la PDI instruyó abrir un sumario administrativo a fin de determinar las “circunstancias” en las que “fue utilizada la tarjeta de turismo” de Casanova, además de establecer “si en estos hechos existe personal institucional involucrado”.
Y recién el 31 de marzo de 2023, la institución aprobó el sumario y sancionó a cinco funcionarios por su responsabilidad en el caso.
Audio con “tono familiar”
En su declaración, Ronald Zapata Ceballo puso un audio en altavoz desde su teléfono, en el que se oía a un hombre hablar sobre un viaje que “no pudo cargarse al sistema de la PDI”, señala el dictamen recogido por el citado medio. Era un “tono familiar” para el comisario a cargo de la entrevista, Claudio Rojas Zehender, pues se habría tratado de S.H.A., según consigna el reportaje de Biobio.
S.H.A., precisamente, terminó siendo una figura clave para conocer los nexos de policías con empresas dedicadas a la tramitación de documentos migratorios. Es que este hombre era conocido por los oficiales del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Antofagasta de la PDI, dado que prestaba servicios para una agenda naviera y también realizaba el traslado de tripulantes y personal de la institución, motivo por el cual concurría “periódicamente al cuartel” a realizar trámites de shore pass y “cartas de desembarco”.
Por ejemplo, reveló los nombres de los funcionarios que lo “ayudaban” con los trámites y cuánto cobraban, aunque no todos lo hacían por dinero, dijo, pues algunos recibían regalos, como botellas de whisky y tiempo en un departamento para “reunirse” con mujeres.
“Todo Trámites Lili”
Zapata Cabello, por su parte, explicó a los oficiales cómo consiguió un documento migratorio para su suegra, quien ingresó por un paso no habilitado. Dijo que fue a una “oficina” de trámites de extranjería, ubicada en Baquedano con Latorre, donde fue atendido por una mujer llamada “Lili”.
La mujer le señaló que ella obtenía un documento de “entrada al país” y que luego se vería reflejado “en los sistemas de la PDI”. Posteriormente, una compatriota de nombre Claudia Patiño le entregó la tarjeta de turismo con todos los datos de su suegra, incluyendo el ingreso al país en los sistemas de la PDI. Según dijo, el trámite costó $603.000.
Lilia Segura Aguirre, propietaria de esta oficina llamada “Todo Trámites Lili” también prestó su declaración a la Policía de Investigaciones, afirmando que a principios de 2021 conoció a S.H.A., quien le habría dicho que tenía “contactos directos con la PDI para obtener con mayor facilidad vigencias de permanencia definitiva y regularización ilegales en el país”.
Uno de esos nombres, apuntó, era el del entonces asistente policial de la DEMIG Antofagasta, P.V.V., quien le habría entregado a S.H.A. las tarjetas de turismo en blanco y con el timbre de la PDI. Por esa “papeleta”, el funcionario le cobraba la suma de $250.000, que posteriormente se revendía por $500.000 o $600.000, indicó “Lili”.
Igualmente, Lilia indicó que el entonces subprefecto A.F.P. -a quien conoció cuando ella misma tramitó su nacionalidad en la PDI- la ayudaba con los trámites para sus clientes. “ Sostiene que pasada una semana regresó a conversar con A.F.P., ocasión en la cual realizó el trámite para sus hijos, cobrándole solo lo que correspondía, $800, volviéndole a indicar que si necesitaba algo que hablara con él”, se desprende del dictamen.
Nexos de Hidalgo Acuña
Según reveló el mismo reportaje, S.H.A. además mencionó que el primer “favor” fue en 2020 cuando contactó a P.V.V., con el objetivo de “apurar ciertos trámites para extranjero”. El funcionario habría aceptado, pero dijo que debía cancelar $10.000 por cada persona “asesorada”. En el mismo tenor, habló luego con el subprefecto Fuentes y le ofreció el mismo trato.
Los “favores” fueron escalando y P.V.V. ingresaba un “viaje de entrada” y a su vez entregaba un “duplicado de la tarjeta de turismo”. Todo por un valor de $100.000 por persona. Después, Hidalgo vendía estas tarjetas a los dueños de empresas que asesoraban a extranjeros y estos las revendían por $500.000 o $600.000.
La última solicitud fue cuando Hidalgo le pagó $2.000.000 por 20 tarjetas a P.V.V., aunque algo no iba bien pues unas mujeres ecuatorianas tuvieron problemas con la PDI, pues su viaje de ingreso no estaba registrado en el sistema.
Igualmente, menciona contactos con el asistente policial E.T., el subcomisario S.Z. y el comisario C.M.A.
Todos negaron realizar algún tipo de papeleo en favor de Hidalgo, menos por E.T., quien sí reconoció que se le solicitó certificados de permanencia definitiva o duplicados de tarjetas de turismo. Aunque señaló que nunca los entregó ni obtuvo algo a cambio.
“Para el comisario C.M. se dictaminó la sanción de tres días de permanencia en el cuartel; para los asistentes policiales, P.V.V. y E.T., se dictaminó la baja por mala conducta; para el subprefecto A.F., se dictaminó la sanción de petición de renuncia; y para el subcomisario S.Z. se dictaminó la sanción de separación de la institución”, señala la investigación de Biobío.
La investigación está en manos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
La Policía de Investigaciones se limitó a decir que “por la gravedad de los hechos investigados fueron dados de baja cuatro funcionarios. Independiente de lo anterior, se instruyó un sumario administrativo que se encuentra aún en desarrollo”.
Con esta corrupción en todos los niveles de quienes tiene el deber y el poder de proteger a la ciudadanía, llámese políticos, militares y fuerzas policías, tribunales fiscales y jueces estamos como estamos, de mal en peor