Funcionarios de la Seremi de Vivienda de Antofagasta denuncian a jefa de la División Jurídica del MINVU por acoso laboral y menoscabo

El término anticipado de los convenios que decretó el Ministerio de Vivienda con la Fundación Urbanismo Social obligó a que la ONG presentara una solicitud de quiebra a principios de junio. La decisión de la cartera de Estado obedeció a las diversas investigaciones que la fiscalía desarrolla por el llamado caso convenios y que incluyen a esta organización. Y ante la inminente desaparición de Urbanismo Social, los funcionarios de la Seremi de Vivienda de Antofagasta fueron convocados de urgencia para liquidar los convenios, reuniones realizadas vía telemática con la jefa de la División Jurídica del MINVU, Marcela Rivas, las que terminaron en una denuncia de acoso laboral por menoscabo y humillación contra los profesionales. Los hechos también habrían afectado al exseremi de Vivienda, Hernán Rodríguez, quien renunció a su cargo hace unas semanas.

El formulario de denuncia contra Rivas fue llenado el 14 de agosto, mismo mes que entró en vigor la Ley Karin, dijo una fuente consultada de la secretaría regional, agregando que “los tiempos también son importantes al hacer una denuncia, los afectados se sienten solos y con temor”. Según comentó otro profesional de la seremi, hasta el momento no han visto la aplicación de ningún protocolo al respecto y los plazos establecidos por ley estarían vencidos.

Los detalles de la denuncia, a la que tuvo acceso este Medio, indican que se debe a comportamientos que constituyen acoso laboral y que se han manifestado en menoscabo, humillación y presiones indebidas hacia varios funcionarios. Todo esto ocurrió en el contexto de reuniones telemáticas relacionadas con la liquidación de los diez convenios de Urbanismo Social en la región, lo cual tuvo carácter de urgente a raíz de una petición del Consejo de Defensa del Estado por la inminente declaración de quiebra de la fundación. Los consultados indicaron que cuatro de esos convenios finalizaron por el término unilateral y anticipado por parte de Vivienda, mientras que los otros seis fueron por el vencimiento de plazos. Además, cuestionaron que la petición de sacar las resoluciones de liquidación solo se realizó de manera verbal y tardía. Las gestiones buscan precisar cuánto debe la fundación al ministerio para liquidar la deuda.

El documento también señaló antecedentes en calidad de afectado del exseremi de Vivienda de Antofagasta, Hernán Rodríguez, “patrón de conductas por parte de la denunciada que ha creado un ambiente hostil”.

Primer incidente

Los denunciantes manifestaron que la mañana del lunes 29 de julio se conectaron a una videollamada urgente con Marcela Rivas, en la que participaron funcionarios de la seremi y uno del Serviu, para tratar las liquidaciones de los convenios. En la reunión, el personal de Vivienda supo que Serviu ya había emitido resoluciones de normalización de los convenios sin que ellos fueran informados, advirtiendo que esa omisión en la comunicación y distribución fue la primera irregularidad detectada.

El escrito señala que un funcionario expresó una opinión técnica de lo que estaban conociendo, la cual contrastaba con la postura de Rivas, quien respondió “con tono agresivo, alzando la voz y gritoneándolo frente a todos los presentes”. A ello añadió que el análisis técnico corresponde a Serviu y que debían proceder de inmediato como indicaba. La reacción no solo puso en duda los argumentos profesionales, sino que también menoscabó su capacidad profesional delante de los colegas y superiores, reclamaron los afectados.

“La situación lo dejó expuesto y vulnerable, el denunciante optó por mantenerse en silencio el resto de la reunión”, se explica en el formulario. Y se añadió un plazo para concretar esta tarea, el cual debía cumplirse el viernes 2 de agosto. Según los funcionarios, esta clase de procesos es una tarea extensa y compleja, cuyo flujograma puede durar meses, pero ahora debían completarla bajo presión en unos cuantos días y afectando el desarrollo de otras responsabilidades ya programadas.

Advertencia de inhabilidad por director (s) del Serviu

El martes 30 de julio hubo una segunda reunión telemática entre los mismos participantes, pero ahora, en la oficina del exseremi de Vivienda Hernán Rodríguez, quien también participó. A la videollamada llegaron con las diez resoluciones de normalización del Serviu revisadas, documentos de los cuales tuvieron varios reparos técnicos y legales. Aquí remarcaron que debía ocurrir la inhabilidad de Víctor Gálvez como director (s) de Serviu para suscribir dichas resoluciones, ya que había prestado servicios de coaching desde enero a agosto del 2023 a la Fundación Urbanismo Social. También, comentó un funcionario, habrían encontrado partidas duplicadas con distintos montos, elemento con cero avance, pero contabilizados en el total y errores de suma aritmética.

“En esta instancia la denunciante intenta exponer su preocupación legal sobre la inhabilidad del firmante y la denunciada, doña Marcela Rivas, reaccionó de manera despectiva, cuestionando sus competencias jurídicas frente a sus colegas y superiores. Con un tono sarcástico, sugirió que debía ‘tomar clases de derecho administrativo’, argumentando que su nomenclatura era incorrecta y que sus intervenciones reflejan falta de conocimiento técnico, agregando que mis dichos le llevan a la convicción que debían capacitar a los funcionarios de todo Chile, pues realizábamos acciones que se habían hecho siempre de una forma incorrecta sin conocimiento de los temas propios de nuestra profesión, poniéndose como ejemplo, ya que, según esgrimió, ella daba clases de derecho administrativo. Este comentario no solo fue irrespetuoso, sino que también desvió la atención del problema legal que se intentaba plantear, lo que dificultó una discusión constructiva sobre las irregularidades detectadas”, denunciaron.

Luego se conoció la resolución exenta 1749, con fecha del 30 de julio, en la que se resolvió la inhabilitación de Gálvez para intervenir en cualquier procedimiento, acto administrativo o decisión que involucre a Urbanismo Social, designándose para ese caso a otro director (s). Las resoluciones quedaron sin efecto y tuvieron que ser redactadas nuevamente, aunque, según dicen los profesionales, con los mismos problemas advertidos.

Sobre los hechos ocurridos en la reunión del 30 de julio, los funcionarios aseguraron que la denunciada se enfocó en presionarlos para que entregaran las resoluciones de liquidación, ignorando las preocupaciones técnicas y legales que se plantearon. Mencionaron que hubo insistencia en modificar los actos administrativos en plazos difíciles de cumplir. “La situación siguió en ese tono hasta que, durante la reunión, la denunciada envió un mensaje por WhatsApp al abogado del CDE, indicándonos que puede esperar la emisión de las resoluciones hasta el lunes 5 de agosto al mediodía, lo que evidenció la arbitrariedad de los plazos inicialmente impuestos”, manifestaron los denunciantes.

Caso Hernán Rodríguez

Durante la misma reunión del 30 de julio, aseguró el reclamo, el en ese momento seremi de Vivienda Hernán Rodríguez intentó intervenir en la discusión para apoyar las preocupaciones que planteaba su equipo. Sin embargo, “la actitud de la denunciada fue nuevamente despectiva y confrontacional. En lugar de considerar los puntos expuestos, la señora Rivas desacreditó su opinión, sugiriendo que él no entendía el proceso y que debía ‘ponerse a estudiar’. Esta actitud desalentó al exseremi de continuar con su intervención, llevándolo a terminar su participación con la frase ‘tú sabrás más derecho administrativo, dejémoslo así’”.

El incidente, explicaron los profesionales, reflejó que la conducta de Rivas no solo afectó a los funcionarios técnicos, sino también a la máxima autoridad regional en la reunión, creando un ambiente de trabajo en el que no existe un espacio de diálogo respetuoso ni menos constructivo. Además, a fines de esa misma semana, Hernán Rodríguez renunció a su cargo por cuestiones de salud.

El personal de Vivienda sostuvo que a pesar de ser cuestionados profesionalmente y con la imposición de plazos difíciles de cumplir trabajaron para alcanzar el objetivo y el 31 de julio hubo una reunión por las observaciones de las rendiciones. Así, el 1 de agosto se preparó un borrador para la auditora del ministerio, el que, tras revisarlo en conjunto, concluyen que los hallazgos e inconvenientes son de tal seriedad que deben ser conocidos formalmente por Rivas. Esto, sin requerir otra videollamada para no dar la posibilidad de quedar expuestos a nuevos maltratos.

De esta forma, en el oficio 1024 explicitaron los reparos a las instrucciones que la denunciada entregó para protegerse de eventuales responsabilidades administrativas, ya que todas las instrucciones fueron entregadas en reuniones telemáticas en las que no quedó ningún correo u oficio formal de los requerimientos.

“A pesar de cumplir con las tareas impuestas, Rivas continuó presionándonos para modificar diez resoluciones el mismo día 5 de agosto, lo que era imposible de realizar en el tiempo dado a minutos del cierre de nuestra oficina de partes. Finalmente, la seremi rechazó formalmente la solicitud por correo electrónico, y desde entonces, no hemos recibido nuevos comentarios, lo que deja en evidencia la falta de comunicación y consideración hacia nuestro trabajo”, cuestionaron los profesionales de Vivienda.

Ante estas situaciones solicitaron una investigación formal y que se tomen las medidas necesarias para garantizar un ambiente de trabajo respetuoso y libre de acoso, junto con la petición de revisar los procedimientos internos para evitar responsabilidades erróneamente dirigidas.

Respuesta de Vivienda

Al consultar sobre este caso, desde la Seremi de Vivienda explicaron que la vocería del caso estará en la región. “Respecto a la denuncia que habrían presentado los funcionarios de la SEREMI MINVU, esta fue ingresada a Nivel Central conforme el protocolo establecido para estos casos y actualmente se encuentra en proceso de investigación sumaria”.