“Un orgullo para nosotros, y por lo mismo no queremos que sea un proyecto rechazado por la comunidad, por lo que aceptamos todas las observaciones que nos permitan mejorarlo y hacerlo más amigable”, señalaba Aurora Williams en diciembre pasado, designada como ministra de Minería, mientras ocupaba el cargo de gerenta de administración y finanzas en el Terminal Internacional de Antofagasta (ATI), respondiendo así los cuestionamientos surgidos respecto a la construcción del Galpón de acopio de concentrado de cobre en el puerto de Antofagasta.
En la jornada de este jueves 20 de febrero, El Mostrador consigna el conflicto que implica para la futura ministra, este polémico proyecto que actualmente enfrenta fuertes críticas y recursos judiciales de parte del Colegio Médico, concejales parlamentarios y organizaciones sociales que han iniciado un movimiento para evitar que el galpón entre en funcionamiento.
Y pese a que el mismo Presidente Sebastián Piñera manifestó su preocupación por el tema, será el Gobierno de Michelle Bachelet el que deberá lidiar con el tema a través de la nueva ministra de Minería, a la que sus adversarios políticos ya le enrostran su pasado como gerenta de ATI e incluso la consignan como una de las impulsoras del proyecto.
Es así , como la diputada electa, Paulina Núñez (@paulinanu), señala a El Mostrador que «estamos esperando que una vez que asuma el cargo (Aurora Williams), su posición sea distinta. Por lo tanto, espero que, sabiendo cuáles son nuestras demandas, ese conocimiento le sirva para ejercer el cargo como corresponde: ciudades como Antofagasta no pueden transformarse en un campamento minero”.
Oposición
El tema del Galpón de concentrado ha causado una fuerte oposición en los últimos meses en diversos sectores de la comunidad. El Colegio Médico de Antofagasta alertó de los efectos a la salud que podría provocar estar cerca de un acopio de concentrado de cobre. Es así como el presidente regional del gremio, Aliro Bolados, señala a El Mostrador lo siguiente:
“La posición del Colegio Médico es que debiese haberse presentado un Estudio de Impacto Ambiental para que la comunidad pudiera opinar, dado que está en pleno centro, hay poblaciones, una escuela de educación básica a 15 metros del puerto y una clínica privada. O sea, un sector habitacional. Lo que planteamos es que la polución que se puede generar compromete a una población que ya ha estado sufriendo situaciones serias y aún sigue recibiendo esos perjuicios. No es casualidad que Antofagasta tenga los índices de cáncer pulmonar y de vejiga más altos del país, superando en 5 o 4 veces las cifras promedio”.
Proyecto
La construcción del galpón de acopio de concentrado de cobre recibió la aprobación de tres proyectos presentados en forma separada, pero que fueron considerados como una iniciativa única. Como señalábamos en el artículo «Corriendo el Velo del Galpón de Concentrado«, este proyecto fue presentado como una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), en vez de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La diferencia es que si se presenta un EIA, además de poseer una complejidad mayor, existe la obligación de informar a la ciudadanía, dando la opción de que se formulen observaciones. En palabras simples, implica la participación de la comunidad.
Los tres proyectos tienen la siguiente cronología: El 6 de agosto de 2012 se dio luz verde al proyecto presentado por la empresa Antofagasta Terminal Internacional S.A., denominado “Recepción, acopio y embarque de cobre”.
El 20 de agosto de 2012, se aprobaba el proyecto “Transporte ferroviario de concentrado de cobre”, presentado por la empresa Antofagasta Railway Company PLC (FCAB), perteneciente al grupo Luksic.
Finalmente el 4 de diciembre de 2012, la autoridad ambiental calificó favorablemente el proyecto presentado por Sierra Gorda SCM –controlada por la compañía polaca KGHM internacional–, denominado “Actualización proyecto Sierra Gorda”.
La oposición al galpón, señala que el proyecto original presentado en 2011 contemplaba que el concentrado de cobre sería enviado a una planta de filtrado, localizada en el barrio industrial de Mejillones, a través de un ducto de unos 141 kilómetros. Pero con la aprobación de la “Actualización proyecto Sierra Gorda” de diciembre del 2012, se implementaron modificaciones, que incluyeron la no construcción del ducto, “reemplazando el envío del concentrado de cobre a través de camiones y ferrocarriles”.
Para Paulina Núñez este cambio corresponde al interés de las empresas de ahorrar dinero y optar por las opciones más baratas. «Una decisión irracional y arbitraria de la autoridad ambiental», señala la diputada electa.
La polémica ya está instalada, y la futura ministra de Minería deberá enfrentar de entrada este conflicto que ha traspasado el ámbito de la minería.
Fuente: El Mostrador
