Este nuevo desalojo que lleva adelante la Gobernación Provincial de Antofagasta, en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales y Carabineros de la 5ta Comisaría La Portada, se ejecutó con la finalidad de fiscalizar el uso de terrenos pertenecientes al Estado y que actualmente se encuentran ocupados de manera ilegal e irregular, formando parte de la llamada “Operación Rescate”, consistente en un plan de fiscalización nacional para la recuperación de inmuebles fiscales.
Este proceso ya se ha ejecutado en terrenos ubicados en La Chimba, sector del vertedero municipal y El Huáscar. En el caso del balneario de Juan López, ya han sido notificados del desalojo, cerca de 100 ocupantes ilegales o irregulares, ubicados en sectores de borde cerro y se han desarmado una decena de construcciones y ampliaciones de viviendas que no poseen ninguna tramitación o dominio vigente con el Ministerio de Bienes Nacionales.
La Gobernadora de la Provincia de Antofagasta, Katherine López, explicó que «los ocupantes tienen claro que es una función de nuestra gobernación el desalojo, por lo tanto, se les ha notificado y se les ha entregado un tiempo prudente para acreditar con documentos alguna relación o tramitación con Bienes Nacionales; si no lo poseen, se les permite el retiro de todos sus bienes para luego proceder al desalojo y desarme. Inmediatamente los terrenos son restituidos al Ministerio de Bienes Nacionales”.
Desde la Seremi de Bienes Nacionales, han solicitado mediante oficio a la Gobernación de Antofagasta, la petición de desalojo de diversos inmuebles, para proceder a la normalización mediante un trámite administrativo, arriendos, ventas o concesiones, a personas y empresas que han realizado una correcta tramitación y solvencia económica para el pago de arriendos o concesiones.
Con respecto a la situación que se repite con las ocupaciones ilegales, donde las personas usufructúan estando en conocimiento de esa falta, el Seremi de Bienes Nacionales, Omar Farías dijo que «esta situación sucede muchas veces y nos hemos dado cuenta en las todas las fiscalizaciones en terreno que hemos realizado y en los desalojos, que la gente que se toma un inmueble, cree que no es de nadie, pero lo que no entienden es que es de todos los chilenos, es del estado y se tiene que pagar por lo que corresponde».
