Toda la información que el ministro de Vivienda Carlos Montes ha logrado reunir sobre los convenios entre la Fundación Democracia Viva y la seremi de su cartera está contenida en cuatro archivadores. Toda esta documentación será entregada hoy por el propio secretario de Estado a la Fiscalía Regional, incluyendo hojas con algunas preguntas que el ministerio no pudo responder desde que se publicó la primera nota sobre el caso el 16 de junio. “Hay materias que no hemos logrado clarificar y él (fiscal) tiene más facultades y elementos para solicitar esa información”, declaró la tarde ayer Montes en Antofagasta. Entre los aspectos que desea esclarecer están los costos, precisar de qué manera se determinaron las cifras de los tres convenios que en total suman 426 millones de pesos.
El titular de Vivienda llegó la mañana del martes a la ciudad y tuvo una extensa jornada. Visitó los campamentos objeto de los convenios para conocer en terreno el avance de los trabajos y tuvo encuentros con dirigentes de los asentamientos. También se reunió con las jefaturas de Vivienda, Serviu y en la tarde hizo lo mismo con un grupo de parlamentarios y autoridades regionales. A las 20 horas, Montes realizó una conferencia de prensa en el edificio de la Delegación Presidencial para entregar los detalles de su visita.
“Lo que ha dicho el Presidente de la República es que esto es algo grave, grave para la fe pública, grave porque no se entiende lo que ocurrió, todo es confuso y tenemos que aclarar”, afirmó el ministro. En este contexto, dijo, solicitaron, entre otras cosas, a Democracia Viva que reintegre los recursos que todavía no han utilizado para que sean reasignados, a partir de lo cual se profundiza una investigación. Sobre su visita a los campamentos, aseguró que los dirigentes comunicaron que las obras registran un avance parcial y esperan que concluyan, ya que están relacionadas con necesidades de iluminación y agua para el consumo e incendios.
El secretario de Estado precisó que con el fiscal regional Alberto Ayala conversó la semana pasada, tras la difusión de los vínculos que rodean los convenios. Debido a las vacaciones del persecutor, Montes se reunirá hoy con el subrogante del Ministerio Público. “Nosotros vamos a entregar cuatro archivadores con todos los antecedentes que hemos acumulado, incluyendo algunas hojas con preguntas, porque hay materias que no hemos logrado clarificar y él tiene más facultades y elementos para solicitar esa información. Nos parece que, entre otras cosas, respecto de las obras que se hicieron, nos interesa saber los costos, cómo llegaron, de qué manera”, recalcó.
Montes reiteró las palabras del Presidente Gabriel Boric, señalando que “si aquí alguien metió las manos, tiene que responder. Si hubo delito, tiene que ser sancionado, si hubo ineficacia y las cosas se hicieron mal, también tiene que responder”. Para el titular de Vivienda, el punto más polémico hasta el momento es que “con parte de estos recursos se habría pagado a profesionales para que contribuyeran en la seremi en el control de los proyectos y eso es algo que está fuera del marco legal”.
La interrogante de si cumplían una doble función está abierta todavía, añadió, argumentando que se trata de algo que no está demostrado. Sin embargo, aseguró que son personas contratadas por una fundación para que prestaron servicios a la Seremi o al Serviu para que hicieran más rápido las tareas que tenían. “De lo que sé, de los contratos que tengo, hay de distintas instituciones, tengo uno que tiene que ver con Democracia Viva, otro con la Fundación Superación de la Pobreza, contratos que están escritos de distintas maneras y es cuestión de abogados determinar exactamente cuál es la responsabilidad”, adelantó. En algunos casos la explicación es que serían contratados para prestar servicios a instituciones que tienen que ver con Vivienda. “Es una cuestión un poco ambigua que tendrá que determinar el fiscal, si es o no delito y qué tipo”, subrayó.
El martes pasado, la Fiscalía Local informó que de oficio iniciaba una investigación sobre los Convenios de Transferencia de Recursos suscritos por la Seremi de Vivienda con la Fundación Democracia Viva, contratos para la ejecución de proyectos en campamentos, con cargo a recursos del Programa de Asentamientos Precarios. El persecutor a cargo de las pesquisas es Cristian Aguilar, quien investigó y logró condenas en los casos de fraude al fisco que involucraron al fallecido exalcalde Daniel Adaro y a la exjefa comunal Karen Rojo.
Durante esta mañana, el ministro tendrá un desayuno junto a otros dirigentes para conocer su opinión sobre lo sucedido y también contempla un encuentro con el gobernador Ricardo Díaz. “Nos interesa mucho que la primera autoridad de la región nos dé a conocer su punto de vista”, enfatizó Carlos Montes.
