A medida que avancen las investigaciones en el caso Convenios, como ha ocurrido con el reciente informe de la Contraloría, tenemos que asegurarnos de poner un pronto remedio a las fallas presentadas y verificar que los culpables restituyan los caudales públicos y paguen por sus delitos.
No creo que el informe que hemos conocido hace unos días nos esté sorprendiendo por las novedades que contiene. Sus principales aspectos ya eran sabidos por la opinión pública. Eso nos dice mucho del buen trabajo periodístico realizado desde el principio. Pero la Contraloría nos entrega una certeza mayor de que nos encontramos ante un caso de tráfico de influencia y algunas de las figuras de malversación de caudales públicos, la más grave de las cuales es el fraude al fisco.
Frente a quienes siempre sospecharon que, ante esta denuncia, a la que han seguido muchas otras, se produciría una especie de protección mutua o se cubriría todo con un manto de silencio, hemos presenciado que ha ocurrido todo lo contrario.
Si alguna vez se pudo criticar, con razón, que las investigaciones parecían avanzar a paso lento y sin gran dedicación, en estas circunstancias hemos podido constatar una gran aplicación y premura en la actividad de la Contraloría General de la República. Esto merece un reconocimiento público.
Sin duda, este ejemplo servirá de incentivo para que aquellos que están encargados de la investigación interna en el Ministerio y el Ministerio Público actúen de manera similar. Queremos resultados y no excusas.
Pero, desde luego, una cosa es investigar y otra distinta es sancionar y enmendar. Porque lo que más nos puede importar a todos es que situaciones como las que se han presentado no vuelvan a repetirse y, si alguien lo intenta, que encuentre mayores sanciones de las que están aplicándose hoy.
Estamos, pues, a mitad de camino, porque esto no terminará hasta que las soluciones se apliquen y la vuelta atrás sea imposible.
Ya que se está empleando bien el tiempo, soy de la opinión que se privilegie la continuación del proceso de enmienda, seguimiento y reparación de falencias al interior de la administración pública, y particularmente, en el Ministerio de Vivienda.
Algunos opinan que este es el momento para que el ministro Carlos Montes dé un paso al costado. Entiendo que alguien pueda pensar así, pero soy de un parecer distinto por tres razones.
En primer lugar, porque me parece que el mayor interesado para que esta situación se esclarezca y se sancione adecuadamente a los responsables es el actual ministro. Un reemplazo, en cambio, sólo produciría demoras que no favorecen en nada el acercamiento del final del túnel.
El segundo lugar, porque el ministro Montes ha sido proactivo ante la crisis y no ha escatimado esfuerzos en hacer frente a la situación producida. No estuvo en el origen del problema, pero tiene que protagonizar el encuentro de las soluciones.
En tercer lugar, porque las medidas que hay que tomar serán, al final, las mismas, y es mejor que las tome un experto que ya las conoce bien y a fondo, en vez de producir un relevo que obligará a un período de posicionamiento del cargo y de interiorización de los antecedentes y pormenores de un complejo entramado. Cambiar al titular del Ministerio sería igual que desandar el camino para que, en unos meses más, lleguemos donde mismo estamos ahora, sin haber ganado nada.
Carlos Montes es más útil al país quedándose que yéndose. Todo tiene su tiempo y esta es la hora para que encontremos soluciones. Es mucho más práctico cambiar procedimientos y conductas que ministros.
