El defensor nacional, Carlos Mora, instruyó realizar un sumario administrativo por la existencia de una corporación de derecho privado al interior de la Defensoría Penal Pública (DPP) de Antofagasta.
Según consignó Ex-Ante, la corporación registra el mismo domicilio que el edificio de la DPP de Antofagasta (Balmaceda 2536), está integrada por funcionarios de la repartición estatal y además ha sido presidida por defensores regionales desde 2019. De hecho, Ignacio Barrientos, defensor regional, es quien la preside actualmente.
A raíz del caso convenios, la entidad que se llamaba “Corporación social, artística, cultural y deportiva de la Defensoría Penal Pública, Región de Antofagasta” fue rebautizada como “Corporación Solidaridad Nortina”, a solicitud del defensor nacional. Esto dado que la figura de la corporación generaba inquietud al interior de la DPP, pues también ha recibido fondos públicos.
Así ocurrió el 6 de abril de 2023, cuando firmó un convenio de $381 millones con el Gobierno Regional para desarrollar un programa para la “inclusión de personas en situación de calle y en riesgo y daño biopsicosocial”. Igualmente ha recibido $9.800.000 de la misma gobernación para un programa para mujeres privadas de libertad en noviembre de 2022 y $4.246.920 del Instituto Nacional de Deportes en abril de 2022. Todas estas labores son ajenas al rol institucional de la Defensoría.
De acuerdo al medio antes mencionado, la corporación privada además ha ocupado recursos públicos como computadores, oficinas y funcionarios, quienes han trabajado en horario laboral.
“El Defensor Nacional Carlos Mora Jano, ordenó la realización de un sumario administrativo inmediatamente después de recibir una denuncia por presuntos actos relacionados con el mal uso de recursos públicos en la región de Antofagasta y por presuntas infracciones administrativas”, señaló el director administrativo nacional de la Defensoría a Ex-Ante.
Se espera que una vez asuma el nuevo fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, el 11 de octubre, se resuelva si este caso se anexará a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por los convenios.
Es lo más increíble, el zorro cuidando las gallinas.
Que manera de robar de esta gente Dios mío.
Están cayendo como moscas! Excelente la labor que está haciendo el ministerio público. Corruptos de la derecha y de la izquierda! 🤡
Qué mal el periodista.
Soy administradora pública, así que permítanme explicarles un par de cosas (créanme, lo necesitan): Todos los Gobiernos Regional tienen la obligación LEGAL de generar iniciativas con contenido social, si no lo hacen simplemente pierden la pega. Los fondos que mencionas, provienen del FNDR, y deben utilizarse para el bienestar de la comunidad TODA, y si se destinan a ayudar a personas sin hogar o mujeres presas, entonces en realidad pareciera ser que la Defensoría Pública están haciendo su pega, o no?.
Encuentro decepcionante que por unos clicks más induzcan a sus lectores (como se ve, sin mucha capacidad de análisis crítico) a creer que solo porque hay un convenio, se está robando. Presentan ustedes la información de tal modo que aun cuando ni siquiera dijeron que esto se trata de un robo o de malversación, todos automáticamente lo asocian con que se están llevando la plata pa la casa.
De nada