Fue uno de los más rimbombantes proyectos para combatir el tráfico de droga durante la administración de Sebastián Piñera pero sus resultados fueron altamente cuestionados e incluso motivaron una comisión investigadora en la Cámara de Diputados.
Se trata del «Plan Frontera Norte» que entre sus adquisiciones contempló la compra de tres hornos incineradores de drogas por un valor de $253 millones con destino a Arica, Antofagasta y Santiago (posteriormente el equipo destinado a la capital se trasladó al Servicio de Salud de Quillota).
Los problemas operativos de estos equipos llegaron pronto, desde cuestionamientos por la contaminación que generaba al quemar la droga hasta fallas del equipo pues se «devolvía» el humo por la chimenea.
Además, se sumaba el despliegue de personal que requería movilizar el horno en distintos puntos del desierto. Debido a todo lo anterior, poco y nada se volvió a hablar en Antofagasta de este equipo parte del rimbombante proyecto de Piñera.
Hoy, el horno incinerador no hace más que ocupar un espacio en el estacionamiento del Servicio de Salud de Antofagasta (SSA) y cubierto por un toldo. Quien se refiere a esta inversión pública del «Plan Frontera Norte» es el actual Director del SSA , Zamir Nayar.
¿Cuál ha sido el impacto del horno incinerador?
La verdad es que -en lo técnico y administrativo- bastante nula pues ha sido imposible utilizarlo por tres motivos. Uno, administrativamente requiere de un terreno debidamente validado para ir a realizar el procedimiento de incineración, lo que -con una unidad móvil- es bastante difícil de obtener dado los problemas de seguridad que deben existir. Sería bastante poco prudente tener un lugar que sea conocido por todos públicamente para realizar actividades de incineración. Segundo, porque claramente hay que tener un terreno disponible para eso y -ciertamente- para una cosa ocasional, esos terrenos que son públicos y fiscales podrían tener una mayor utilidad. Tercero, su capacidad y su funcionalidad distan mucho de la eficiencia en cuanto a su funcionamiento. Si yo tengo que sincerar la situación de ese horno, para nosotros en los últimos tres años ha sido absolutamente ineficiente dado que lo tenemos guardado y hemos tenido que utilizar la compra de servicios para realizar nuestra incineración.
¿Principalmente se ha debido acudir a terceros para este proceso?
Así es. Con el debido resguardo de seguridad y los protocolos que existen. Si uno hace una inversión para que resuelva un problema, esa inversión (horno incinerador) no nos resolvió el problema.
En la oposición podrían pensar que el horno no se ocupa por una cuestión más política que práctica…
Mis decisiones tienen que velar por el buen uso de los recursos públicos por lo tanto, si una iniciativa del anterior gobierno significa que nosotros vamos a ser más eficientes, ahorrar recursos y hacer nuestro trabajo, no tendría porque no hacerlo.
¿Cuál es el futuro de este horno?
La verdad que mientras nosotros tengamos la cantidad de decomisos que tenemos hoy día, necesitamos una capacidad bastante superior a eso y creo que se debió haber proyectado. Cuando uno hace una inversión de una magnitud importante debe dar cuenta de la demanda y cantidad de droga que se decomisa.
¿Cuántas veces se ha ocupado?
En el último tiempo, nunca.
