Hace algunos años el gobierno impulsó el proyecto que creaba el Banco Unificado de Datos -BUD- que consiste en “una plataforma de interconexión en línea de toda la información relevante para la toma de decisiones en el circuito de justicia”, de acuerdo con lo señalado por propio Ministerio Público. Este sistema contempla una fase operativa que permite integrar información penal para facilitar las labores de persecución y, por otra parte, una fase de BUD analítico, que permite entregar información de carácter estadístico para analizar, monitorear y eventualmente evaluar las políticas públicas.
Detrás de la creación de este tipo de espacios radica en la necesidad de contar con la mejor y mayor cantidad de información en miras a obtener una persecución eficiente y soluciones penales de calidad (condenas principalmente) en los juicios que impulse el ente persecutor. Desde otra perspectiva, hay que tener presente que cuando se afectan en estas decisiones penales, los derechos individuales, es imprescindible que los funcionarios implicados cuenten con que la información disponible será robusta, veraz y oportuna.
De manera complementaria, la evidencia comparada ha sido profusa en señalar que sistemas modernos e integrados de acopio y cruce de información de entidades relacionadas en el proceso penal, que en el caso de chile van desde las del Ministerio Público, Defensoría, Poder Judicial, Gendarmería, Servicio Médico Legal, Servicio reinserción Juvenil, Aduanas, Gobernación Marítima, Servicio de Impuestos Internos, y otros servicios fiscalizadores, por mencionar algunos, mejor será la posibilidad de perseguir penalmente las actividades ilícitas, lo que se denomina, persecución penal inteligente, y desde la perspectiva policial, más eficiente será la destinación de recursos y la fiscalización del trabajo preventivo, lo que se denomina policialmente orientado al problema.
En Chile, hasta el año 2003 solo se contaba con la información estadística policial a la que era posible acceder en los portales institucionales, recién ese año, se aplica la primera Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, ENUSC, iniciando una de las series de datos más largas en la medición de la victimización y la inseguridad en el país, tal como se lee la página de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Hoy, no solo se cuenta con la ENUSC, sino hay otra serie de instituciones que realizan encuestas de victimización y percepción de seguridad como lo son la Fundación Paz Ciudadana, Centro de Estudios Públicos, CADEM, incluso otras tanta regionales como el Barómetro Regional en Antofagasta. A ello se suman las bases estadísticas, hoy todas con niveles importantes de sofisticación en las instituciones policiales de carabineros y PDI en el SII, gendarmería, aduanas pero que no necesariamente, ni siquiera tras la creación del banco unificado de datos, logran integrarse y de esta manera tener una mirada más holística y estratégica de la realidad delictiva nacional.
Y si estas falencias existen a nivel agregado en el país, la precariedad es mayúscula en regiones: a modo de ejemplo, la gobernación marítima no tiene acceso al sistema de carabineros de manera de chequear en línea si alguien tiene orden de detención pendiente, si ellos detienen, deben llamar al 133 como cualquier chileno. Tampoco se comparte la información entre las policías, ni muchos menos entre algunas de estas instituciones y aduana o extranjería. El escenario regional es lapidario en este punto
Sin información completa, veraz, oportuna e integrada, no hay persecución ni prevención inteligente posible, ergo, no hay resultados. Esto explica el desánimo de nuestra sociedad.
