El Juzgado de Cuentas de la Contraloría confirmó un fallo de primera instancia que ordena reintegrar recursos del municipio de Sierra Gorda a autoridades y exintegrantes del edificio consistorial, luego que un informe final del organismo de control determinara que se utilizaron recursos fiscales para financiar gastos por viáticos, capacitación, traslados y reembolsos que carecen de justificación.
Esto comenzó en el 2016, cuando la Contraloría Regional emitió los resultados de una auditoria y un examen de cuentas respecto de los cometidos del alcalde, quien en ese momento era José Guerrero, y los concejales de la Municipalidad de Sierra Gorda, entre los que se encuentra la actual jefa comunal Deborah Paredes, durante el periodo desde el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.
Entre las principales conclusiones, el ente fiscalizador evidenció “la existencia de gastos insuficientemente acreditados, por un monto de $21.493.772, asociados a erogaciones de viáticos del alcalde y los concejales, pasajes aéreos asociados de los cometidos, reembolso de pasajes y otros gastos efectuados en los cometidos por los referidos funcionarios”. La Contraloría también indicó que los ediles no presentaron informes que permitieran justificar los cometidos aprobados, su relación directa con los fines del municipio y los gastos que le correspondió solventar a esa entidad edilicia, por un monto de $72.139.978, “por lo cual la Municipalidad de Sierra Gorda deberá requerir a los ediles la restitución de los valores erogados”.
La auditoría expuso que la revisión de las actas del Concejo el año 2015 comprobó que el alcalde y los concejales no presentaron informes que permitieran justificar los cometidos aprobados, su relación directa con los fines del municipio y los gastos que correspondió solventar.
A esto, el edificio consistorial respondió con informes que no identificaron de manera fehaciente la relación de las actividades con el municipio. Y la Contraloría agregó que “a modo de ejemplo, se verificó que, en el informe de Participación en la Gira Técnica Internacional, denominada ‘Gestión y Desarrollo Cultural’ realizado entre el 4 y el 11 de febrero de 2015, se argumenta que esa comuna cuenta con un historial salitrero y pampino que requiere de estrategias culturales para que la comunidad local pueda acceder a él. No obstante, analizado el programa del curso se citan actividades tales como reconocimiento del desarrollo agrícola de Argentina, visitas a museos, municipalidades, reunión de chilenos residentes en Argentina, entre otros, que no dan cuenta de la relación de dichas actividades con el objeto del cometido, de potenciar la ‘gestión y desarrollo cultural’”.
Otras actividades también fueron señaladas por el organismo de control en los mismos términos, entre las que se encuentra la «Gira técnica internacional Gestión Cultural y Desarrollo Productivo», de abril del 2015 en Cartagena de Indias (Colombia). El informe entregado por uno de los ediles expuso el objetivo de la capacitación con un listado que cita cuatro actividades, una breve reseña general sobre Sierra Gorda, una reseña histórica sobre Cartagena de Indias, un apartado relativo a la geografía y otro relacionado al clima de la ciudad. “Cabe mencionar que estos dos últimos coinciden textualmente con la información publicada en el portal web de Wikipedia”, dice el documento. Las salidas de los ediles tuvieron destinos nacionales e internacionales, como Foz de lguazú (Brasil), Buenos Aires (Argentina), La Habana y Varadero (Cuba), Medellín y Cartagena de Indias (Colombia), Santa Cruz (Bolivia), México y Perú.
Lo señalado por la Contraloría luego pasó al Juzgado de Cuentas de primera instancia, el que resolvió que los involucrados deben reintegrar al municipio las cantidades precisadas en unidades tributarias mensuales.
Posteriormente, el fallo que ordenó la restitución de 1.645 UTM, fue llevado por los ediles a la segunda instancia del Juzgado de Cuentas. El 24 de junio de este año, los magistrados indicaron que “los recurrentes en sus escritos de apelación no han aportado, nuevos antecedentes o alegaciones diversas a aquellas hechas valer en el curso de este procedimiento de cuentas y que permitan a estos sentenciadores de segunda instancia variar lo que ya viene resuelto, por lo que la sentencia deberá ser confirmada en cuanto a lo decidido”.
Esto se refiere a que “el examen de cuentas determinó que los informes y rendiciones efectuadas por los servidores involucrados en los viajes en comento no permiten acreditar el objetivo ni los asuntos tratados en las cuestionadas comisiones de servicios y, en consecuencia, no consta que los gastos asociados a estas actividades hayan estado directamente relacionados y/o tengan una estricta correspondencia con las funciones y finalidades propias que competen a los concejales y a los funcionarios municipales involucrados. También, fue objetado el pago de viático al asesor jurídico que presta servicios bajo la modalidad de honorarios, pues la actividad en la que participó no decía relación directa con las funciones que se mencionan en su contrato de honorarios”.
Tras conocer la resolución se presentó un recurso de queja en la Corte Suprema, al que adhirieron Sheyla Valdivia, Carlos Sepúlveda, Wladimir Fernández, Deborah Paredes, Celia Castillo, Rene Marcelo Maturana, Maritza Ortega, Alejandra Labbé, Héctor Sierra, Jorge Morbach, José Guerrero Venegas, Rafael Carrazana, Jenny Lagunas y Héctor Alfaro.
Manuel Ramírez llevó el fallo del Juzgado de Cuentas de la Contraloría a la Fiscalía Regional y el Consejo de Defensa del Estado y está a la espera de lo que resuelva la Corte Suprema, aunque advirtió que personalmente viajó a Santiago y consultando con diferentes expertos, “la situación es irreversible para ellos”.
“Lo que se busca no es que devuelvan la plata, porque eso tiene que hacerse sí o sí, lo que se busca es que la justicia sea pareja para todos y cómo se persiguió a la exalcaldesa Karen Rojo es una figura parecida. Aquí se gastaron más de 90 millones de pesos del municipio y lo que nosotros buscamos, es que sean juzgados. Entregué todos los documentos a la Fiscalía Regional, el Consejo de Defensa del Estado y esperamos que se resuelva el tema de la Corte Suprema. Algunos involucrados dicen que el dinero se reintegró, otros que están absueltos, lo que es totalmente falso”, aseguró.
Ramírez explicó que esto comenzó en el 2015 cuando los ediles realizaron viajes fuera de Chile a los que supuestamente iban a capacitarse. “Denuncié el tema y ellos no lograron acreditar que asistieron a los cursos. Después de un año, la situación escaló a Contraloría que emitió un informe final que fue derivado al Juzgado de Cuentas y en noviembre del 2021 en primera instancia se determinó que devuelvan 1.680 UTM por parte de los involucrados que son funcionarios municipales, el exalcalde, la alcaldesa actual y concejales. Ellos apelaron a la Contraloría, presentaron un recurso de queja en la Corte Suprema en contra de los jueces del Juzgado de Cuentas y la Corte solicitó un informe de los magistrados. Ellos en forma categórica presentaron todos los datos de por qué habían realizado el dictamen y en los próximos días deberíamos tener una resolución del tema”, adelantó.
