Durante la formalización de Daniel Andrade y Carlos Contreras, el fiscal Cristian Aguilar dedicó un capítulo entero para explicar el rol de la concejala Paz Fuica (RD) al interior de la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Ahora, a una semana de que el Juzgado de Garantía decretara la prisión preventiva para ambos imputados, la edil solicitó al Tribunal Supremo de Revolución Democrática que inicie una investigación sobre su trabajo en el programa de Asentamientos Precarios.
Dicha decisión, señaló mediante una declaración pública, tiene relación con “la necesidad de esclarecer la información insidiosa, errónea y malintencionada difundida en medios de comunicación regionales y nacionales”, negando igualmente haber ejercido como jefa de gabinete de Contreras.
Aunque lo cierto es que no solo ha sido la prensa, como apuntó Fuica, pues el fiscal Aguilar fue quien nuevamente vinculó su nombre al denominado Caso Convenios. En la audiencia el persecutor señaló que “todas las personas que declaran dicen que ella (Paz Fuica) era como la jefa de Gabinete” y que “tomaba las decisiones con el señor Contreras”, cuestionando a la vez que recibía sueldo de una fundación que tenía convenios con la Seremi Minvu.
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Con todo, Fuica afirmó que “jamás intercedí en favor de ninguna persona o fundación, actué siempre de buena fe, convencida en que lo realizado por el Minvu se ajustaba a la normativa vigente”.
“Tengo conocimiento de las necesidades de las familias que hoy viven en campamentos: he trabajado por más de 10 años en la materia. Mis acciones y convicciones son sólidas y espero demostrar mi inocencia en acciones reñidas con la ética o la ley”, agregó.
En la cárcel y en el infierno, todos son inocentes.