“Lo que haces habla tan fuerte que no puedo oír lo que dices”, señala una frase que suele atribuírsele al poeta estadounidense del siglo XIX Ralph Waldo Emerson. Pese a la distancia temporal y geográfica, es imposible no asociarla a lo que ocurre hoy en nuestro país, respecto a la delincuencia.
Guste o no, la evaluación ciudadana sobre las actuaciones del Estado y las promesas de sus autoridades está directamente ligada a lo concreto, a las acciones que sean capaces de producir resultados, soluciones y alivio. Por esto, cuando hoy hablamos de bandas delictuales, crimen organizado, narcotráfico y terrorismo, que sin duda son la mayor preocupación de los chilenos y chilenas, no basta con anuncios ni con frases grandilocuentes. No basta afirmar que vamos “vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia” o excusarse con un “no somos superhéroes” frente a una exigencia que nadie ha hecho, como hizo la vocera de Gobierno, Camila Vallejos.
Mucho más que palabras, el país hoy nos demanda señales y medidas concretas, que den cuenta de que esa urgencia es compartida y que la angustia que sienten tantas familias será atendida por sus autoridades. Nadie espera soluciones mágicas, pero sí empatía y convicción para usar todas las herramientas posibles.
En el Congreso, esto significa que la tramitación de una serie de iniciativas clave para atender al menos una parte de los problemas más graves en materia de seguridad ciudadana, como la ley antiterrorista o las modificaciones a la Ley de Migración para facilitar las expulsiones de inmigrantes irregulares, deberían tener prioridad absoluta, tanto en la agenda del gobierno como en la de los partidos de gobierno. Dado que desde la oposición hemos manifestado permanentemente nuestra disposición para impulsar no sólo estos proyectos de ley, sino que además avanzar en un gran acuerdo en materias de seguridad ciudadana, ¿qué frena a La Moneda?
Para las regiones del norte del país, las promesas recientes sobre mayor respaldo a las policías, en recursos y herramientas físicas y administrativas, deberían verse respaldadas también en la tramitación del Presupuesto 2023. Lo mismo el accionar de las autoridades de Extranjería, que esta semana quedó en entredicho con las estadísticas entregadas por la PDI, que dio cuenta de una abrupta caída de las expulsiones por vía administrativa durante esta administración, con sólo 10 entre abril y septiembre.
Por último, está la decisión del Ejecutivo de impulsar un nuevo formato de estado de excepción que le permita contar con esta herramienta por periodos superiores a los 15 días que actualmente le permite la Constitución. La ministra Tohá, que adelantó el anuncio hace una semana, ahora ha demorado la presentación de la propuesta señalando que aún no existe el consenso que se requiere. El Partido Comunista se ha encargado de mostrar que el freno está en el propio oficialismo, con parlamentarios que le reclaman a Interior que “la militarización no es el camino, hay que priorizar la reforma a Carabineros”.
En este escenario tan complejo, lo que espera el país es que sus autoridades tengan el liderazgo necesario para mantener sus promesas por sobre las ideologías. No es posible que cuando hablemos de lo más sagrado, que es proteger la vida de las personas que sufren por la violencia en todo Chile, la institucionalidad se derrumbe. No es posible que, en materia de garantías constitucionales, como una cruel letra chica, la seguridad ciudadana sea la excepción del Estado. No lo vamos a permitir.
