Hoy faltan menos de 48 horas para que 70 establecimientos educativos de las comunas de Calama, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Tocopilla y María Elena pasen a ser administrados por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur.
Se trata de una buena noticia que tiene por objeto fortalecer la educación pública de la región de Antofagasta, luego que el Ministerio de Educación tomara esta decisión, fundamentada en un acucioso análisis de la Dirección de Educación Pública (DEP) que dio luz verde al traspaso de centros educativos a 9 SLEP en todo el país.
En el caso de Licancabur, en general, los procesos están en condiciones óptimas para iniciar la administración de los establecimientos. De la misma manera, se ha avanzado en la firma de convenios de transición con los alcaldes de las comunas que integran el servicio. A esto se ha sumado la socialización de la política pública con todos los actores relevantes del territorio y que intervienen en el sistema educativo: gremios de la educación, directores, docentes, estudiantes, parlamentarios, actores políticos, sociedad civil, entre otros.
Como Seremi, me corresponde encabezar este proceso . Para mi no es una mera coincidencia. Es simbólico y muy significativo.
Un recorrido histórico hacia la transformación de la educación pública
Para entender el aporte de la NEP es necesario retroceder a los años de la transición democrática. En ese entonces, el sistema educacional enfrentaba graves déficits financieros y problemas de gestión tras la descentralización educativa de 1980. Las principales dificultades se concentraron en el proceso técnico pedagógico y en las trayectorias educativas, reflejándose en altas tasas de repitencia, deserción y bajo rendimiento académico.
Las políticas educativas de los gobiernos de los expresidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos buscaron mejorar la calidad de los aprendizajes y reducir las desigualdades. Estas transformaciones incrementales permitieron renovar prácticas pedagógicas y mejorar las condiciones básicas de funcionamiento en los establecimientos educacionales.
En 2006, las movilizaciones conocidas como la «Revolución Pingüina» visibilizaron grandes problemas estructurales en el sistema educativo, como la inequidad y la falta de calidad, movilizando a más de 600.000 estudiantes. Este movimiento marcó un punto de inflexión, que se tradujo en la aprobación de la Ley General de Educación en 2008. Sin embargo, cinco años después, nuevas protestas estudiantiles exigieron nuevamente educación pública, gratuita y de calidad.
Luego de 30 años de reformas, movilizaciones, acuerdos transversales, en 2017 se promulgó la Ley N.º 21.040, que crea el Sistema de Nueva Educación Pública. Esta norma fue fruto de un amplio consenso político -de hecho, contó con el voto unánime en el Senado- y no solo implica la desmunicipalización, sino que establece un nuevo sistema de educación pública para Chile.
A siete años de su implementación, la NEP ha transformado la gestión educativa en el país. Los SLEP han mejorado capacidades pedagógicas, directivas y administrativas, destacándose por resolver problemas históricos como el pago oportuno de salarios. También han logrado avances significativos en la reducción de la desvinculación escolar, repitencia, aumento de la asistencia y mejores resultados en el SIMCE, según la Agencia de Calidad de la Educación.
Sin embargo, es innegable que la Nueva Educación Pública tiene oportunidades de mejora. Actualmente, está en tramitación en el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca perfeccionar dicha norma y que recoge las experiencias de instalación de los primeros servicios locales. Estas modificaciones buscan fortalecer los procesos de implementación y garantizar la sostenibilidad de los SLEP, generando herramientas que contribuyan a mejorar significativamente los procesos y la calidad educativa. Con esto, tenemos la convicción de estar pavimentar el camino hacia un sistema educacional más justo y que responda a los desafíos del siglo XXI.
Un compromiso compartido por Antofagasta
En nuestra región de Antofagasta nos corresponde garantizar que la reforma educacional más amplia de las últimas décadas cumpla con sus objetivos en este territorio. Es nuestra responsabilidad trabajar juntos —autoridades, docentes, familias y comunidades— para construir un sistema que asegure el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes. Devolver la educación al Estado requiere el esfuerzo de todos.
La instalación de los SLEP y el traspaso de los establecimientos no es solo una reforma educativa; es también un compromiso ético para construir una sociedad más equitativa y colaborativa. Juntos debemos garantizar que la Nueva Educación Pública siga avanzando, porque cuando la educación pública avanza, Antofagasta avanza. Y si Antofagasta avanza, Chile también lo hace.
