El gobierno comenzó esta semana el despliegue de las Fuerzas Armadas en la macrozona norte del país, una medida disuasoria para resguardar y controlar la frontera del ingreso irregular a través de pasos no habilitados. Desde el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) explicaron que el fenómeno migratorio debe enfrentarse de una manera segura, ordenada y regular, sin embargo, también plantearon las dudas que deja la movilización de contingente militar a estas zonas. Por ejemplo, recordaron que no es la primera vez que se utiliza esta idea y que los resultados no fueron los esperados al considerar el problema de fondo, una nación en crisis que desata flujos de personas hacia todo el continente.
Cristian del Campo, capellán del SJM, manifestó que igual que la gran mayoría de los chilenos, cree que el Estado tiene que controlar y resguardar sus fronteras, apuntando que no solo es parte de su derecho, también es su deber. Pero advirtió que aquello deja en el camino ciertas preguntas, como si el medio elegido, el despliegue de las FFAA, es el más adecuado para obtener los mejores resultados. “Aparentemente puede aparecer como algo efectivo, los militares por definición son personas con muchos medios y representan a las Fuerzas Armadas que pueden disuadir a quienes intentan entrar al territorio nacional de manera regular. Sin embargo, esta no es la primera presencia de las FFAA en la frontera en alguna de las regiones del norte y los resultados no han sido lo esperado”, dijo. También ponderó que ahora el contingente cuenta con más atribuciones, pero al mismo tiempo mencionó que hay ciertas temáticas a las que deben prestar atención, ya que las FFAA no han sido especialmente entrenadas para cumplir esta labor. “Siempre vamos a querer que nuestro país pueda enfrentar el fenómeno migratorio de manera segura, ordenada y regular”, insistió del Campo.
“LA SITUACIÓN DE FONDO SIGUE PRESENTE”
Uno de los aspectos que genera dudas es que se trata de una medida de emergencia, que tiene un plazo de 90 días y la pregunta es qué pasará luego de ese tiempo. “Ya lo hemos visto también en la Araucanía, que estas medidas de emergencia al final no solucionan en el periodo original el problema, porque es mucho más de fondo, es continental”, afirmó. El capellán detalló que desde Venezuela han salido siete millones de personas y de ese grupo seis millones lo hizo a este mismo continente. “Es evidente que cuando se tiene una situación muy compleja y no se va a la raíz que provoca el problema, las soluciones de emergencia como ésta, puede que durante ese periodo traigan mayor orden o estabilidad, pero la situación de fondo sigue estando presente”, recalcó.
En el mismo sentido declaró uno de los alcaldes de la macrozona norte más afectado por este fenómeno, el jefe comunal de Colchane, Javier García, quien valoró el despliegue de los militares, pero matizó en que este hecho no solucionará el flujo de personas que ingresa de manera indocumentada al país.
Del Campo indicó que uno de los flujos más importantes del último tiempo es el venezolano dada la crisis de esa nación y en ese contexto aseguró que no hay que olvidar que Chile es el cuarto país de Sudamérica al que llega esta población, precisando que Perú recibe más de tres veces el número de nuestros ingresos.
“El asunto es que en el 2017 comenzamos a exigir una visa consular a los venezolanos y eso quiere decir que para ingresar a Chile tenían que solicitar una visa en el consulado chileno en Venezuela. El Estado tiene todo el derecho a poner ese requerimiento, pero también hay que colocar los medios para que ese trámite pueda ser realizado. Si no es posible, al final la gente vendrá igual y lamentablemente, a diferencia de antes, entrará por un paso no habilitado. Por lo tanto, nosotros mismos estamos poniendo ciertas trabas que fomentan la migración irregularmente por estos pasos no habilitados”, puntualizó.
Y propuso que una medida para conjugar el resguardo de la frontera y el ingreso de migrantes sería revisar qué se está queriendo decir con la exigencia de la visa consular que, siendo un herramienta positiva, sino está respaldada por una infraestructura mínima en los respectivos consulados, lo único que hace es promover la migración que ingresa de manera indocumentada.
El capellán dijo que el SJM participa de un consejo ciudadano de organizaciones para la elaboración de la política migratoria, ya que Chile recién en el 2021 promulgó una nueva ley de migración, con un nuevo reglamento y a partir del 2022 se está elaborando la nueva política. “Participamos en esa instancia con nuestra opinión junto a muchos otros actores de la sociedad civil. En particular respecto de esta medida no hemos sido consultado, pero de todas maneras vamos a estar presente desde nuestras limitadas funciones y recursos, para monitorear cómo evoluciona. Nos preocupa que los derechos de las personas más vulnerables, que son quienes migran y la mayor parte lo hace en núcleos familiares y el Estado chileno ha suscrito el interés superior del niño y eso tenemos que honrarlo. En eso queremos contribuir para que esta medida cumpla con todas estas normativas”, destacó del Campo.
