A pesar de que son bandas criminales con contactos en el extranjero, alto nivel de organización, cometen lucrativos delitos como extorsiones, tráfico de drogas y arriendo de casas y servicios básicos en campamentos, sus condiciones son totalmente precarias, advirtió el jefe de la Prefectura Policial de la PDI de Antofagasta, prefecto Andrés Ríos. En los últimos grandes allanamientos ejecutados en la ciudad, la policía ha encontrado poco dinero considerando que se trata de crimen organizado, lo que “es extraño y es parte de lo que debemos investigar”, expuso el jefe policial, quien no descartó que estos grupos pudieran utilizar criptoactivos para mover las platas que recaudan.
El alto oficial de la PDI fue entrevistado por el periodista Jorge Ortiz en el espacio “Café TL” de Timeline.cl, ocasión en la que Ríos entregó algunos detalles sobre la nueva realidad criminal en Antofagasta. A principios de mayo, la policía civil ejecutó un operativo que involucró 300 efectivos, el apoyo de un helicóptero y otros medios técnicos para allanar el campamento donde operaba una banda de crimen organizado liderada por un sujeto colombiano conocido como “Zeus” o “Satanás”. En el asentamiento ubicado en el sector norte alto de la comuna, los delincuentes tenían una casa de tortura, realizaban secuestros, extorsiones, traficaban droga, portaban armas, amenazaban a los vecinos e incluso, cobraban por el uso de viviendas y los servicios básicos del campamento.
En el contexto de esos operativos, el prefecto de la PDI manifestó que “nos llama la atención que estas personas viven en condiciones totalmente precarias, hay poco dinero”. Este grupo ejercía fuerza y la comisión de delitos extorsión, lesiones graves y disparos para mostrar su poder. Y aunque explicó que esto ocurre con otras organizaciones en Latinoamérica que tratan de tomar el control de estos territorios, les llama poderosamente la atención que cuando van a las casas no encuentran muchos recursos, «es extraño y es parte de lo que debemos investigar”.
“Hemos visto que en muchas de las organizaciones criminales que desbaratamos con el Ministerio Público, lo que llama la atención es el poco dinero incautado. No descartamos que pudiesen tener algún tipo de relación con plataformas digitales y criptomonedas”, advirtió Ríos.
El oficial detalló que estas conductas siguen tendencias internacionales, ya que se trata de agrupaciones que no solamente se dedican al narcotráfico, también funcionan con las estafas. Un ejemplo de ellos son los call center que mediante engaños envían mensajes a sus víctimas para obtener el control de sus equipos electrónicos. De esa forma logran el acceso a las cuentas bancarias, tarjetas e incluso pueden apoderarse de sus criptomonedas. Estas monedas son un recurso virtual gestionado por una red de computadoras descentralizadas, sin el respaldo ni el control de un banco y cuentan con un sistema de encriptación para asegurar las transacciones entre usuarios sin requerir de un intermediario.
Al tratarse de bandas que obtienen ingresos por distintas vías, como la extorsión, secuestros y el tráfico de drogas, es llamativo para las policías que en el momento de las incautaciones nunca encuentren cifras significativas de dinero. “Estas situaciones nos llaman a hacer un poco más profundas las investigaciones”, indicó el prefecto.
Para lograr la desarticulación del grupo que operaba en un campamento del sector norte, Ríos precisó que desarrollaron tres procedimientos, entre los cuales consiguieron detener al líder de la banda y a las personas que cooperaban directamente en el control del territorio.
“En estos operativos vimos que obligaban a personas que vivían en campamentos a salir de sus casas, tomaban posesión de ellas y lo que hacían era cobrar arriendo. Administraban las propiedades, los suministros de agua y electricidad. Hemos visto que eso se está dando en otros campamentos y llegamos a esos lugares gracias a la confianza de la ciudadanía, esa información ha sido muy poderosa porque nos ayuda a complementar las investigaciones para llegar a buenos resultados”, declaró el jefe de la PDI.
El perfil de estos delincuentes, agregó, corresponde a sujetos acostumbrados a utilizar la violencia para mantener el control territorial del lugar donde operaban, práctica habitual de las bandas organizadas en Venezuela o Colombia.
El oficial también relató las dificultades para realizar investigaciones en los campamentos que eligen para funcionar. Desde el punto de vista de la seguridad de los funcionarios y las personas que viven en los lugares donde se ejecutarán los procedimientos, sostuvo que es importante una planificación detallada. Ese trabajo toma tiempo, continuó, ya que necesitan coordinar con unidades de la Macrozona Norte y otras regiones. Para el último gran procedimiento en Antofagasta movilizaron más de 300 funcionarios, de todas partes del país, para irrumpir solamente en un campamento.
“Las dificultades que tenemos claramente son el sector, el terreno muy irregular. Atendiendo a cómo están conformadas estas tomas se han casi ‘favelizado’, incluso no se puede llegar en vehículo hasta el lugar mismo, hay que subir caminando, no hay pasajes, ni dirección, las casas no tienen número. Es difícil la irrupción y mucho más la investigación, porque hay que hacer vigilancia. En definitiva, se aplican muchas técnicas para tener buenos resultados”, manifestó Ríos.
Desde su perspectiva, el jefe de la PDI en Antofagasta cree que hay bandas que se están disputando el territorio, ya que ven rivalidades a través de muestras de poder.
“Sabemos que hay muchas organizaciones rivales que están operando en la región y algunas que pudieran estar operando en el interior de los centros carcelarios, algo que se da en toda la región de Latinoamérica. El Tren de Aragua fue una organización creada dentro de un estado donde empezaron a extorsionar y realizar secuestros a quienes trabajaban en el tren. Cuando esas personas fueron detenidas y encarceladas, comenzaron a organizarse desde el interior de la cárcel y crecieron como organización”, relató. En este sentido, señaló que también está el ejemplo de Ecuador, donde las organizaciones criminales operaban desde las cárceles. Por ello expresó que para el trabajo policial es muy importante contar con información de lo que ocurre en los centros carcelarios y tener socios estratégicos en la lucha contra estos grupos organizados. “Esto debe abordarse desde la perspectiva multisectorial, hay entidades públicas que tienen mucho que aportar en esto”, subrayó el prefecto Andrés Ríos.
