En un reportaje de Canal 13, la joven calameña que acusó ser víctima de violación grupal por parte de 8 jugadores de Cobreloa rompió el silencio. Contó, por primera vez, que su causa se archivó solo días después del incidente sin que se iniciara investigación alguna, lo cual luego fue reabierto con sumarios a la PDI y la Fiscalía de la ciudad nortina por posibles negligencias.
La víctima, cuya identidad fue protegida, relató que fue abusada por estos jugadores el 16 de septiembre de 2021 en una de las casas de Cobreloa, en donde viven futbolistas y cadetes del club loíno. «Me pegaron cachetadas, con un cinturón, me ahorcaron, eran bastante violentos», contó la afectada, asegurando que en el lugar los jóvenes habían consumido alcohol, marihuana y cocaína. Ella asumió que también lo hizo.
Además, afirmó que, mientras era abusada, los agresores tomaron fotos e hicieron videollamadas: «Si me oponía podían hacerme algo peor», agregó.
La denuncia
En el mismo reportaje televisivo, la víctima contó que al otro día de haber sido violada, acudió a un centro asistencial donde una doctora y una matrona confirmaron la agresión, debido a la presencia de «signos físicos sugerentes de violencia sexual».
La joven también declaró en el cuartel de la PDI, pero aseguró que los funcionarios la hicieron desistir de continuar con la denuncia: «Me dijeron que es un club deportivo, tienen buenos abogados, que yo no tenía nada, estás sola y tampoco te ves tan afectada como el resto de víctimas. Pensé en el momento que tenían razón y no quise seguir».
Posteriormente, la PDI, en el informe entregado al Ministerio Público, notificó que no se hicieron más diligencias porque el delito de violación fue desestimado por la víctima y que las relaciones sexuales fueron consensuadas. No obstante, la joven afirmó que en la PDI le pasaron un papel y lo firmó, sin leerlo, pero nunca había cambiado su versión de los hechos.
Este caso fue reabierto por la Fiscalía Regional de Antofagasta, que instruyó una investigación administrativa para indagar irregularidades; y la PDI también ordenó un sumario interno para fiscalizar las diligencias de los funcionarios en Calama.
La víctima, en tanto, será defendida por abogados de la fundación Por los Sueños de la Infancia, que presentarán una querella criminal contra quienes resulten responsables de esta agresión.
