Hay nueve militantes de Revolución Democrática que están la mira de la Fiscalía en virtud del Caso Convenios, además del exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, el exrepresentante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade -ambos expulsados de la colectividad y en prisión preventiva- y la diputada Catalina Pérez.
Entre ellos figura la concejala de Antofagasta, Paz Fuica, cuyo nombre volvió a sonar con fuerza luego de la audiencia de formalización de Contreras y Andrade, donde el fiscal Cristian Aguilar dedicó un capítulo completo para explicar su rol al interior de la Seremi Minvu. Pese a ello la edil declaró que no ejerció como jefa de gabinete del otrora seremi y señaló que “jamás intercedí en favor de ninguna persona o fundación”.
Casi en paralelo, La Tercera difundió los mensajes de WhatsApp entre Fuica y Andrade, en los que este último señaló tener un proyecto en Antofagasta que involucraba “lucas”. El negocio, a ojos de los detectives, pudo ser Democracia Viva.
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A partir de sus conversaciones, reveló esta jornada el citado diario, para la Fiscalía comenzaron a resultar de interés otros militantes de RD, como por ejemplo la consejera regional Paula Orellana, expareja de Contreras, con quien Fuica habló el 23 de junio -pocos días después del artículo de este medio- a través de Signal. “Estoy más preocupada que la cresta. Esta cosa me va a salpicar sí o sí. Tampoco sé cómo está Carlos”, dijo la concejala.
A lo que Orellana respondió: “Amiga usted tranquila, nosotros no tenemos nada que ver en esta wea (sic). Solo prepárate para un mal titular y sería. Con la frente en alto”.
“Carlos está bien dentro de todo. Haciendo lo que tiene que hacer, quedarse piola, estar con las organizaciones y viendo abogado”, mencionó la consejera.
Desde el entorno de Orellana comentaron a La Tercera que buscará la reelección en 2025 y que hace un mes dejó la presidencia de RD en Antofagasta justamente para enfocarse en su cargo. Por ello esta situación puede resultar comprometedora de cara a los comicios.
También cercana a Pérez, Fuica y Orellana, Liliana González -excandidata al Consejo Constitucional- es otra de las militantes de RD que figura en la investigación del Ministerio Público, ya que es una de las tantas personas contratadas por la Seremi pero que fue pagada por una fundación, en este caso por ProCultura.
“Hasta el mes de octubre casi no tenía contacto con Carlos Contreras, en ese período llegaron Paz Fuica, Liliana González y Wilson Ahumada (todos ellos de Revolución Democrática”, declaró al respecto una extrabajadora de la Seremi.
La jefa territorial de la diputada Pérez, Paloma Larraín, también entró en el radar de la Fiscalía, según el artículo del mencionado medio, debido a una conversación que data del 1 de junio con Contreras, quien le señaló “ahí tienes ejemplo de otra fundación” y luego borró la imagen. “Me avisas y borro”, agregó, a lo que Larraín respondió: “Todo ok, borra no más. ¿Tienes cuenta de Signal? Podríamos conversar”.
A pesar de que en el entorno de la parlamentaria están al tanto de su rol, señalan que las conversaciones pudieron ser más bien un “control de daños”, pues ya se rumoreaba sobre los convenios. Por ello Larraín sigue en el cargo.
