«Quienes convocan a las marchas que luego terminan en violencia también tienen una cuota de responsabilidad (…) Vamos a hacer exigibles todas las responsabilidades penales que establece la ley a través de querellas por la Ley de Seguridad del Estado», fueron las declaraciones de Juan Enrique Jara, Seremi (s) de Gobierno de Antofagasta, que generaron una dura crítica de vuelta por parte del Movimiento de Unidad Social (MUS) quienes acusaron a la autoridad de «criminalizar el movimiento».
Pablo Rojas, integran de la MUS, indicó que «nos parecen lamentables (las declaraciones) pues dan cuenta de una tremenda incomprensión de lo que está pasando en Chile (…) Parece que criminalizar y amenazar a las organizaciones y a la sociedad que se está manifestando con su legítimo derecho de protesta en las calles es no entender nada y es evadir el problema de fondo»
Junto con eso, Rojas aseguró que «esto es una amenaza velada a hacer utilización de una ley de dictadura para acallar la legítima protesta social. Tratar de establecer una relación entre los llamados de las organizaciones a los paros, marchas y protestas con los saqueos y el vandalismo nos parece que es de una irresponsabilidad».
La violencia
Al momento de referirse a los hechos de violencia que se han registrado en Antofagasta, Pablo Rojas «invitó» a la autoridad a leer los informes de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch «para que se hagan una idea de dónde proviene la violencia. Y la violencia proviene fundamentalmente del Estado».
A lo anterior agregó que «eso no quita, bajo ningún punto de vista, que toda la sociedad tenga que hacerse el cuestionamiento de ciertas acciones de saqueo y de vandalismo, que algunas no tenemos muy claras de donde provienen, pero a nosotros como Mesa de Unidad Social nos corresponde hacernos responsable porque esa demanda y descontento legítimo se pueda canalizar de una manera que nos permita salir a todos adelante como sociedad. Y en ese sentido nos parece que el llamado del gobierno tendría que ser a dar respuestas más que a criminalizar el movimiento social», concluyó.
