El llamado “caso convenios” revista la mayor gravedad para la región y el país. La ministra vocera, Camila Vallejo, ha sabido reaccionar muy adecuadamente al decir que estamos ante una grave irregularidad en la que el rápido esclarecimiento de los hechos permitirá que todos salgan beneficiados. Es una afirmación prudente a la que debiéramos atender.
Lo que hace prioritaria la máxima diligencia para esclarecer los hechos es la gran cantidad de efectos sociales y políticos inmediatos que se han sucedido desde que la prensa regional diera a conocer la noticia. El impacto no alcanzó únicamente a los ciudadanos de Antofagasta, también ha tenido una repercusión nacional de primera magnitud.
En pocos días renunció el seremi de vivienda regional y el presidente de la fundación implicada; la diputada Catalina Pérez suspendió su participación en la mesa de la cámara y se le pidió la renuncia a la subsecretaria del Minvu; la oposición se preparó para censurar a la conducción de la Cámara de Diputados; se han pronunciado sobre el asunto todos los ministros del Comité Político y cada uno de los partidos de gobierno y oposición y el propio presidente Boric ha mostrado su preocupación al respecto.
Ahora que se anunció la suspensión de la militancia de la diputada Pérez y la expulsión de RD de los directamente involucrados, ellos están prefiriendo renunciar primero.
El listado de acontecimientos se agranda todos los días y deja en evidencia que, cuando lleguemos a enterarnos bien de los entretelones de este episodio y las sanciones que ameriten, los efectos principales, al menos en el ámbito político, ya se habrán producido.
Este caso a golpeado fuerte al gobierno y el presidente Boric debiera encontrar en los partidos oficialistas un apoyo para solucionar problemas y no una fuente de dificultades. Aquí ha ocurrido todo lo contrario, y es necesario decir que nos encontramos con una trama por parte de militantes de Revolución Democrática que se aprovecharon del Estado, en perjuicio de los más pobres de nuestra región.
Conocemos gran parte de los hechos, pero no conocemos las responsabilidades específicas de cada cual. Mientras este aspecto quede difuso parecerá que cuantas personas hayan sido mencionadas por los medios de comunicación son acreedores a algún tipo de sanción. Lo cierto es que las investigaciones se hacen para que pasemos de las suposiciones a las certezas.
No estamos inermes ante los delitos ni la democracia está imposibilitada de defenderse ante estos ataques. Durante los últimos años, hemos fortalecido mucho las normas de probidad pública. El Estado es perfectamente capaz de reaccionar frente al intento de hacer un mal uso de los fondos públicos. Hoy más que nunca, necesitamos que las instituciones funcionen.
Muchos hemos llamado la atención sobre la imprecisión con que están redactados los convenios del Minvu, por lo que se tendrá que evaluar los procedimientos de asignación empleados, pero también los métodos de evaluación de resultados. La aparición de estos ilícitos se relaciona con normativas deficientes que deben ser subsanadas.
Además, si hay algo lamentable, dentro de un episodio que tiene mucho de lamentable es que la subsecretaria Rojas haya tenido a principios de junio la información necesaria para actuar anticipadamente y ni siquiera lo haya puesto en antecedentes del ministro. La inacción puede llegar a ser muy dañina. El resultado ha sido un golpe amplificado al gobierno de Gabriel Boric proviniendo de uno de los partidos que lo apoya.
Lo que sabemos hasta ahora nos permite advertir que podemos encontrarnos ante posibles delitos de tráfico de influencia y malversación de caudales públicos, algo que debe ser sancionado con el máximo rigor. Aquí existió un aprovechamiento del Estado, algo tramado por parte de militantes de un mismo partido.
Tendrá que actuar el Estado a través de todos sus organismos competentes: el Minvu con su investigación interna, la Contraloría investigando la parte administrativa y el Ministerio Público en todo aquello que eventualmente puede ser constitutivo de delito.
Por mi parte, revisados los antecedentes, creo necesario presentar una querella por posible tráfico de influencias y malversación de caudales públicos ante la fiscalía de Antofagasta. A mi juicio, en los convenios suscritos por la fundación Democracia Viva con la Seremi de Vivienda Antofagasta existen faltas graves a la probidad.
No creo que ninguno de nosotros se pueda quedar de brazos cruzados y debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para llegar, lo antes posible, al fondo de esta situación. Tiene razón la ministra Vallejo, mientras más rápido se conozca toda la verdad, mejor será para todos.
