El robo de cobre por parte de bandas fuertemente armadas tuvo un nuevo capítulo hace un par de días cuando delincuentes ingresaron a una faena en la comuna de Taltal, amenazando a los trabajadores y disparando para llevarse el preciado botín, desconociéndose hoy su paradero.
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Bandas organizadas que también han encontrado en el transporte de esta carga una oportunidad para asaltarlas usando armas de fuego para reducir a los conductores de las máquinas de ferrocarril, grúas para sacar la carga e incluso drones para ir monitoreando la situación.
Varias querellas se han presentado respecto a este tipo de hechos en el Ministerio Público; sin embargo, hoy no hay ningún detenido. Pero esta infructuosa investigación no es lo único que inquieta a varias empresas locales, también lo genera la inacción de las autoridades políticas.
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Un problema de privados
Un problema de privados. Ese fue el marco que parecía darle la autoridad a lo que estaba ocurriendo con estos asaltos. Postura que empezó a alterar los ánimos en las empresas mineras quienes en privado manifestaban su malestar por dicha eventual posición, a la que se sumó incluso públicamente algunos sindicatos.
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Pero esta tensión se incrementó más con las declaraciones dadas en el programa «El resto es música» de Timeline.cl el pasado 26 de mayor por parte de la Delegada Presidencial de Antofagasta, Karen Behrens, quien confirma las señales: el gobierno no intervendría.
En ese espacio radial y streaming, conducido por el periodista Jorge Ortiz, la autoridad señaló que «ellos (las empresas) deben entender que Carabineros está enfocado en la protección de las personas (…) Necesitamos que las empresas inviertan en seguridad, por ejemplo, los trenes no tienen cámaras. Las policías poco pueden hacer recorriendo esas distancias para llegar a donde fue el robo. No solo el Estado puede resolver todos los temas de las empresas, hay que trabajar fuertemente, porque Carabineros no puede custodiar y en ese sentido, como requerimos más policías en calle, también impulsamos para que los parlamentarios sigan empujando la idea de sacar a los carabineros de las cargas anchas para que estén en las poblaciones”, subrayó en esa oportunidad la autoridad; pero ahora, hubo un cambio de timón.
Un problema compartido
Las expectativas en esta materia estaban puestas en las señalas que podría dar al respecto la ministra del Interior Izkia Siches, quien al ser consultada sobre el rol del Estado frente a este tipo de delitos que además afecta a un mineral clave para la economía del país, dio un giro de timón, y apuntó que era un problema donde el gobierno intervendría.
«Hay que hacer un trabajo en conjunto. Ya está al tanto y a la cabeza de ese trabajo el subsecretario del Interior quien ha creado una mesa para ver el tema del robo de cobre, y estamos viendo tanto con las autoridades locales pero también nacionales cómo montamos medidas que permitan prevenir como también encontrar a aquellas bandas organizadas que hoy están robando el cobre en nuestro país».
Respecto a la interrogante sobre el escaso avance de las investigaciones de estos hechos que se remontan hace más de una año en la región por parte de las bandas criminales organizadas, la ministra señaló que «fenómenos como estos no solo se detienen en flagrancia sino también con periodos investigativos previos».
Fue a raíz de lo último que confirmó un convenio con el Ministerio Público para reforzar el personal y así permitir avanzar en este tipo de investigaciones.
«Parte del trabajo que estamos dando cuenta en inversión con convenios donde el Ejecutivo se compromete con el Ministerio Público para aumentar la dotación de más de 12 abogados y técnicos que van a fortalecer las capacidades regionales para tener mayor efectividad en las investigaciones», aseguró.
Plan Nuestro Norte
Convenio para apoyar la labora de la fiscalía regional que se enmarcan dentro de los más de $2.540 millones comprometidos en esta oportunidad para ir directamente a ítems ligados a la seguridad pública para Antofagasta.
Se trata de la glosa presupuestaria comprometida en la última sesión del consejo asesor contra el crimen organizado, que apunta a una estrategia integral. “Nuestros ejes de trabajo son concretos y están dando resultados también concretos, gracias a esta mayor inversión tecnológica para la investigación y persecución criminal, que apunta a entregar las herramientas que requieren nuestras policías y las instituciones que controlan nuestras fronteras y costas para una mejor prevención y combate de actividades ilícitas, junto a modificaciones legales y legislativas y a una mayor coordinación interinstitucional y con los países de la región”, destacó Izkia Siches.
Adquisición y renovación de equipamiento
Más de la mitad de los recursos – $1.351 millones – serán asignados a Carabineros de Chile, para la adquisición de equipamiento para la extracción de datos telefónicos, detectores de drogas y análisis de metales en la incautación de armas, kit de trayectorias balísticas, cronógrafos y microscopios, cabinas para un adecuado tratamiento de evidencias biológicas y forenses, computadores, scanner y otras herramientas tecnológicas para peritajes informáticos y procesos investigativos tanto del Laboratorio de Criminalística, OS7, OS9 y del Departamento de Encargo y Búsqueda de Vehículos.
Le sigue en entrega de recursos la Dirección General de Territorio Marítimo y Mercante, Directemar, con un total de $827.600 millones, para reforzar la flota de vehículos 4×4, equipos ROV submarinos, drones, fibroscopios, analizadores de narcóticos, cámaras termales y sistemas de extracción de peritaje digital.
La Policía de Investigaciones regional, en tanto, recibirá más de $272.550 millones, los que serán destinados a sistemas especializados en lavado de activos y para extracción de datos, cámaras con transmisión streaming, scanner portátil para revisión de maletas, visores nocturnos, kit de vigilancia espía, micrófonos a distancia, micro GPS, inhibidores de señales de drones, entre otros.
Finalmente, la inversión regional en seguridad también contempla otros $60 millones para Aduanas y $30 millones para Gendarmería, destinados a la compra de un escáner RX para el control de El Loa y un equipo portátil para neutralización de drones, respectivamente.
