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lunes, 25 noviembre, 2024
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Caso Convenios

Montes pidió que parte de la sesión de la comisión por caso convenios fuera secreta: “Tengo información que no puedo entregar públicamente”

En la región de Antofagasta, la investigación interna del Ministerio de Vivienda y Urbanismo solo ha identificado posibles irregularidades en Democracia Viva.

Ante la comisión que indaga el Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo expuso este el ministro de la cartera, Carlos Montes, solicitando a los miembros de la instancia unos minutos para mantener una reunión “en secreto”.

“Estamos ante una situación muy grave porque se trata de plata de los campamentos, quisiera que tuviéramos la mayor disposición para ir a las causas y buscar las soluciones (…) Por las características de la exposición quiero solicitar que al final de mi exposición puedan haber algunos minutos de sesión secreta porque tengo información que no puedo entregar públicamente”, señaló el titular del Minvu.

En la sesión solo participaron los diputados, el ministro y parte de su equipo, pero se solicitó a asesores y otros presentes abandonar la sala, además de que se interrumpió la transmisión online de la sesión.

“Va a quedar en secreto”, reiteró el diputado por Antofagasta y presidente de la comisión, José Miguel Castro (RN) una vez se abrió la sesión, luego que se mantuviera en secreto por 40 minutos.

En la intervención el ministro Montes informó que la investigación interna del Minvu identificó siete fundaciones con posibles irregularidades. En la región de Antofagasta solamente mencionó el bullado caso de Democracia Viva, por los convenios suscritos entre Daniel Andrada (ex RD) y Carlos Contreras (ex RD).

De hecho, el secretario de Estado sostuvo que “las principales irregularidades presentes son el conflicto de interés y transgresión del deber de abstención; la contratación de personal con cargo a los recursos transferidos que se desempeñan en la Seremi y/o Serviu para realizar labores de línea de dichos servicios; el posible desvío de recursos de proveedores de fundaciones con fines no contemplados en los convenios; el riesgo de fraccionamiento de los convenios; y finalmente, no dar cumplimiento a modelo de rendiciones establecido en la resolución N°30 de la Contraloría General de la República”.

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