La Municipalidad de Antofagasta fue la que más licencias de conducir entregó a deudores de pensiones en el país, según pudo establecer la Contraloría General de la República (CGR) tras una inspección realizada entre noviembre de 2022 y diciembre de 2024 a nivel nacional.
De acuerdo al informe del órgano de control, que recoge cifras del cuarto Consolidado de Información Circularizada (CIC), solo seis municipios entregaron más de 100 licencias a deudores. Antofagasta emitió un total de 172, superando a La Granja (117), Lo Espejo (115), La Serena (114), Punta Arenas (112) y Arica (111).
Todo lo anterior, a pesar de que el artículo 33 de la Ley 21.389, promulgada en noviembre de 2021, prohíbe la entrega de licencias a las personas que se encuentren en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos.
Esta normativa legal, según el director de Tránsito de la Municipalidad de Antofagasta, Rodrigo Muñoz Oliva, no fue clara al momento de ser promulgada, por lo que tuvieron que corregir el procedimiento en julio de 2024.
“Ser claro que la instrucción del gobierno cuando se promulgó la ley no fue clara en su procedimiento, por lo tanto nosotros hacíamos la revisión en la hoja de vida del conductor en el Registro Civil. Sin embargo, en julio de 2024, con otros municipios y direcciones de tránsito, nos dimos cuenta de que al no estar en línea, no salían todos los antecedentes en la hoja de vida del conductor. Por lo tanto, en ese momento comenzamos a hacer la revisión uno a uno en la página del juzgado con el fin de que no se fuera a pasar algún contribuyente con alguna deuda y puedo asegurar, que desde esa fecha en adelante, no hemos sacado ninguna licencia de conducir que pueda tener deudor de pensión de alimentos asociado”, aseguró Múñoz.
En cuanto a las sanciones, la propia Ley 21.389 contempla que el funcionario municipal a cargo del trámite reciba una multa del 10% al 50% de su remuneración, pero además la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la Contraloría, aseguró estar evaluando nuevas fiscalizaciones que permitan confirmar las infracciones y tomar medidas al respecto.
