El 11 de diciembre del 2017 comenzaron los trabajos para la “Reposición Vivero Municipal de Antofagasta”, un proyecto levantado por el edificio consistorial que requirió más de cuatro mil millones de pesos del Consejo Regional para su ejecución. Pero ocho días más tarde, la empresa a cargo de la obra fue notificada de que el permiso de edificación había caducado y debía actualizarse a la normativa vigente. Según la demanda presentada por la compañía a cargo de la iniciativa, Constructora Sol SpA, esa fue la causa directa de la paralización del vivero ubicado en el sector centro norte de la ciudad, ya que el permiso era responsabilidad del municipio, junto con mencionar que también se necesitaba un estudio de mecánica de suelo y otras labores que incrementarían fuertemente los costos.
A fines de este mes la acción que persigue una indemnización que supera los mil millones de pesos por incumplimiento del contrato de ejecución cumplirá dos años tramitándose en el Tercer Juzgado Civil de Antofagasta y actualmente está en término probatorio. En este escenario se suman otros elementos como el encarecimiento de los valores para construir, por ello, aunque se resolviera prontamente el conflicto, todavía la municipalidad tendría que recurrir nuevamente al Consejo Regional para la reevaluación del proyecto y solicitar más recursos. Fuentes consultadas por Timeline.cl indicaron que parece inevitable que la obra retome sus labores recién durante la próxima administración consistorial correspondiente al periodo 2024-2028.
El proyecto contempla la construcción de un mirador, la renovación de las especies arbóreas, un jardín botánico, un anfiteatro, auditorio, un invernadero y senderos en los cinco mil metros cuadrados de áreas verdes ubicadas en Avenida Iquique, frente a La Vega Central de la ciudad.
La demanda por indemnización de perjuicios fue presentada el 29 de enero del 2021, cuando el jefe comunal era Wilson Díaz, aunque los hechos que originaron el escrito corresponden al periodo alcaldicio de Karen Rojo. La empresa pide al tribunal el pago de $689.744.431 por daño emergente, además de $322.235.417 por lucro cesante y $100.000.000 daño moral, incorporando a todos estos conceptos los intereses y reajustes.
La compañía detalló que el 30 de noviembre del 2017 y tras ganar el proceso de licitación, se aprobó el contrato de ejecución de obra material con el municipio para la reparación total del vivero por un valor de $4.184.717.241, lo que contemplaba pagos por el avance efectivo de la obra con el visto bueno de la unidad técnica. El acta de entrega precisó que los trabajos comenzaron el 11 de diciembre del 2017 y para ellos existía un plazo de 600 días (agosto del 2019).
Pero el 19 de diciembre de ese mismo año, la inspectora técnica de la obra informó que el permiso de edificación había caducado y tenía que actualizarse con la normativa vigente. El 27 de diciembre la misma inspección técnica instruyó realizar los trámites para los permisos necesarios, iniciando con el de demolición ante la Dirección de Obras Municipales y con el permiso de obras preliminares.
“Pese a que no se contaba con el permiso de edificación respectivo, y con la finalidad de avanzar en aquello que fuera posible, el mandante solicitó que la obra siguiera su curso. Es así que con fecha 5 de abril de 2018 se consigna por parte de la inspectora técnica en el libro de obras que el administrador informa la autorización de las obras preliminares y demolición. Por medio de un oficio, el director de Obras Municipales se dirige al secretario comunal de Planificación informando que no es posible entregar el permiso de edificación hasta la subsanación de las observaciones estructurales y finalmente la obtención del informe favorable del ingeniero revisor estructural”, aseguró la empresa en la demanda.
Paralización temporal
El 31 de mayo de 2018 se determinó la paralización temporal del proyecto según un acuerdo alcanzado con la alcaldesa Karen Rojo hasta contar con el permiso de edificación, periodo en que el municipio asumiría los gastos de consumos básicos y el contratista mantendría un guardia para el resguardar el lugar. “Por falta de estudios complementarios de la calidad del suelo y por permiso de edificación se acuerda por ambas partes la suspensión temporal de la obra a partir del 01/06/2018. La empresa contratista se hará cargo de los guardias y el personal de mantenimiento de las áreas verdes; y la municipalidad se hará cargo del consumo de agua», dice el acuerdo consignado en el libro de obras.
Durante una reunión en agosto del 2018, la administración municipal manifestó que atendiendo a la contingencia del proyecto lo más conveniente era resciliar el contrato y volver a licitar con todos los montos y documentos aprobados. También propuso que el edificio consistorial se haría cargo del vivero, ya que el contrato con la empresa expiraba el 16 de agosto.
Considerando esta situación, la constructora en septiembre del 2018 solicitó el pago de los gastos ejecutados a la fecha que alcanzaban los $521.642.233, lo cual fue rechazado en octubre por la municipalidad. En una nueva reunión la administración municipal indicó que, debido a las diferencias del monto propuesto por el contratista, lo más probable es que “el proyecto tenga que continuar en razón que a la fecha se mantiene vigente”.
En julio del 2019, la Secretaría Comunal de Planificación solicita a la alcaldesa Rojo autorización para un aumento de plazo, 660 días corridos para la obra a la espera de la obtención del permiso de edificación, lo que fue acogido por la autoridad solicitando, entre otras cosas como modificaciones del proyecto, comenzar primero con la gestión del permiso de edificación y que en paralelo la empresa cotizará las modificaciones de ingeniería.
“Solo a contar del 28 de noviembre de 2019, el proyecto de ‘Reposición Vivero Municipal de Antofagasta’ cuenta con permiso de edificación tramitado por la Secretaría Comunal de Planificación. Luego, con fecha 29 de enero de 2020, se convoca a reunión para el día 10 de febrero 2020, en las dependencias de la Municipalidad, en la cual se entregaría respuesta formal a lo solicitado en carta Nº20 de fecha 5 de diciembre de 2019, por medio de la cual se presenta un resumen de costos por un valor total de $829.727.538 con el objetivo de obtener un acuerdo respecto a la resciliación del contrato. A la fecha aún no se ha logrado acuerdo entre las partes, y atendido el tiempo transcurrido y el costo financiero que ha implicado a mi representada asumir por este infructuoso proyecto, es que se entabla la presente acción indemnizatoria”, manifestó la empresa cuando estampó la demanda en enero del 2021.
Según el análisis de la misma compañía, la causa directa de la paralización de las obras estuvo en inexistencia de un permiso de edificación, ya que el proyecto original, a la fecha del contrato, se encontraba caduco y “más grave aún, su ingeniería adolecía de serios errores advertidos por el contratista y sus ingenieros, ya que, rehacer el proyecto exigía estudios de mecánica de suelo e ingeniería, además de una fuerte inversión de movimientos de tierra y relleno que elevaban el costo del proyecto en más de $500.000.000. Por consiguiente, para el análisis del caso resulta esencial determinar en qué parte recaía la obligación de obtener el permiso de edificación y en consecuencia, asumir su costo, ya que se trata de un contrato a suma alzada”.
La municipalidad en su respuesta a la demanda, en marzo del 2021, negó todas las alegaciones del demandante, salvo las que acepta en el mismo escrito. Y manifestó que “en especial, se niega que la Municipalidad haya incurrido en incumplimientos de naturaleza contractual que signifiquen una trasgresión al contrato y en definitiva que sea procedente la declaración en tal sentido. Se niega, además que la obra no esté en condiciones de ser ejecutada, que no tenga actualmente permiso de edificación vigente y que se hayan generado daños a la empresa”.
Tras pormenorizar el historial de gestión del proyecto por parte del municipio citando innumerables oficios, reuniones y correos electrónicos, como petición concreta al tribunal apuntaron en la contestación al rechazo de la demanda en todas sus partes con costas. Y añadió que “en subsidio, en caso de acogerse, se sirva conceder indemnización solo respecto del daño emergente demandado y por la suma que se logre acreditar fehacientemente con las probanzas técnicas respectivas”.
Habrá alguna obra municipal que no termine en cachos, demandas y abandonos?