Que quienes cometan delitos de corrupción nunca más vuelvan a ocupar cargos públicos, eliminar las salidas alternativas y juicios abreviados, junto con penas de cárcel efectiva para quienes sean condenados por estos hechos. Este es el núcleo del proyecto de ley que Esteban Velásquez (FRVS) presentó en el 2022, a poco más de un mes de asumir como senador de la República. Su idea era anticiparse a situaciones como las que dejó el caso Penta-SQM, cuyas salidas judiciales fueron beneficiosas para los involucrados y provocaron indignación en la ciudadanía. Pero ante la contingencia que sacude al país, el parlamentario volvió a reactivar su iniciativa y la llevó a la Comisión de Constitución, donde espera que su presidente, Alfonso de Urresti (PS), coloque el tema en discusión.
“Presentamos el proyecto en abril del 2022, cuando no existía el Caso Convenios, ni la investigación contra Cathy Barriga, Jadue ni mucho menos Hermosilla”, precisó el parlamentario por Antofagasta. Velásquez manifestó que la contingencia exige elevar los estándares para causas de corrupción que terminan siendo emblemáticas y que en otras ocasiones finalizaron con acuerdos que permitieron salidas alternativas, el pago de multas y evitar la cárcel para los condenados.
“Hoy podrían llegar a acuerdo una serie de imputados (de casos mediáticos) y se salvarían de todo, algo que ya no queremos”, enfatizó el senador, quien además sostuvo que “esto proponemos y mi pregunta es, ¿no le gusta a algún sector de la política este tipo de proyectos?”.
- ¿Cómo surge esta iniciativa que llevó a la Comisión de Constitución del Senado?
La primera consideración es que esta iniciativa -que tiene tres elementos que pretendemos modificar- no es un proyecto reactivo, lo presenté en abril del 2022, cuando llevaba un mes en el cargo. Lo menciono porque no es una medida reactiva producto de lo que está ocurriendo, nos parecía que había una dinámica a la cual debíamos anticiparnos pensando en los casos Penta-SQM, a los que echaron tierra encima y no se investigaron más. Presentamos el proyecto en abril del 2022, cuando no existía el Caso Convenios, ni la investigación contra Cathy Barriga, Jadue ni mucho menos Hermosilla. El tema hoy está más vigente que nunca y por eso hemos insistido con el senador Alfonso de Urresti (PS), presidente de la Comisión de Constitución, que ponga en tabla la iniciativa.
- ¿Qué es lo esencial de la propuesta?
Que nunca más puedan ocupar cargos públicos todos aquellos que cometan delitos funcionarios (corrupción) en cualquiera de sus formas, fraude al fisco, cohecho o tráfico de influencias. Actualmente, por ejemplo, un alcalde puede ser condenado por corrupción y luego vuelve a ocupar cargos públicos o incluso ser parlamentario. Lo segundo es eliminar la suspensión condicional del procedimiento, modificando el Código Procesal Penal. Esto significa terminar los juicios abreviados, porque no queremos más casos como el de Moreira, quien llegó a un acuerdo con la fiscalía y ahora es senador. Hoy podrían llegar a acuerdo una serie de imputados (de casos mediáticos) y se salvarían de todo, algo que ya no queremos.
Y el tercer punto es que los condenados por delitos funcionarios tengan que cumplir su sentencia tras las rejas, sin penas sustitutivas, nada de clases de ética, trabajo social ni pago de multas. Todo esto forma parte del proyecto anticorrupción que nos parece puede ser un gran aporte, porque en el momento que estamos viviendo los estándares tienen que ser más exigentes.
- En Antofagasta está la situación de Daniel Agusto, quien está formalizado por fraude al fisco, figura que no le impide inscribirse para ser candidato a la alcaldía de Calama. ¿Casos como esos podrían regularse o impedirse en el proyecto?
Es una mirada interesante. Cumplí con la tarea de presentar el proyecto que fue declarado admisible por la mesa técnica del Senado y se envió a la Comisión de Constitución. Ahora está junto a una serie de otras iniciativas y por eso hemos pedido al presidente de la comisión que la coloque en debate. Cuando eso comience, propuestas como esas podrían incorporarse, que una formalización sea una inhabilidad para ser candidato. Los jueces determinarán si es corrupción o no lo que cometió Daniel Agusto, pero es indesmentible que compró una propiedad a su familia con recursos de la salud municipal. Esto y algunas de las cosas que estamos proponiendo podrían resultar exageradas en otro momento, pero no frente a los hechos que vivimos y los estándares que exige la ciudadanía. No sé cómo una senadora y un diputado apoyan la candidatura de un formalizado, me parece que no es algo acorde a los tiempos.
- Algo que se repite en los últimos años es que quienes están siendo investigados o formalizados por el Ministerio Público acusan intencionalidad política, como en el caso Democracia Viva, Daniel Jadue o Daniel Agusto, entre otros. ¿Qué piensa de aquello?
Creo que es posible que en muchos casos existan motivaciones políticas, como cuando una persona pide a una empresa que financie campañas políticas con boletas ideológicamente falsas. Algunos boletearon a sabiendas de lo que estaban haciendo y así de lado y lado. Pero, el Ministerio Público tiene que sustentar su formalización, porque a una persona la pueden denunciar por cualquier cosa. Por eso pedimos independencia a la fiscalía y nos ponemos nerviosos cuando aparecen algunos fiscales, como hemos sabido con el caso Hermosilla, que pedían favores y enviaban currículum. El Ministerio Público necesita ser la institución más imparcial para que no sea influida por los temas políticos y acredite que los delitos que investiga son ciertos, como el caso de Daniel Agusto en el que ni la defensa puede negar que a sus familiares compraron un terreno con platas públicas.
- Según lo que observa en el Senado, ¿qué posibilidades de avanzar tiene el proyecto, considerando el ajustado equilibrio de las votaciones en la Sala?
Primero es la facultad que tiene el presidente de cada comisión de poner el tema en debate. Desde la región de Antofagasta le insistimos al senador de Urresti, militante del Partido Socialista, que coloque el proyecto en debate y si considera que tiene alguna debilidad, que en el mismo debate pueda fortalecerse. Ninguna iniciativa llega perfecta al Congreso, están los 50 senadores y después los 150 diputados para que cada uno se manifieste para construir la propuesta final. La idea inspiradora es que quien comete delitos de corrupción nunca más ocupe un cargo público; eliminar las salidas alternativas y los juicios abreviados y que quien sea condenado por estos ilícitos, pague con cárcel efectiva y que no termine pagando solo multas. Esto proponemos y mi pregunta es, ¿no le gusta a algún sector de la política este tipo de proyectos?
