por @Belencio46
Por primera vez en España, una Ley ha conseguido devolver a la población 30 años atrás en el tiempo y, sobre todo, ha generado un cisma de opinión dentro del propio seno de los conservadores. La Ley del Aborto del ministro de Justicia español, Alberto Ruiz Gallardón, ha suscitado la polémica dentro de su propio partido y ha levantado a toda la oposición al unísono.
Abortar volverá a ser delito en España, cuatro años después de que el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero lo despenalizara y le diera a la madre la posibilidad de decidir con una ley de plazos, al igual que ocurre en el resto de Europa. En aquel 2010, fueron los conservadores, católicos y antiabortistas los que echaron el grito al cielo clamando por los derechos de los más débiles, del no nacido, amparándose sobre todo en motivos religiosos, más que éticos, en una sociedad aconfesional por ley constitucional.
Precisamente, amparándose en esto, en los derechos de los nacidos, el Gobierno español ha aprobado su Ley de Protección de Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, por ese orden. Una ley que retrocede hasta la primera ley española en materia de aborto, la de 1985, y que sólo contempla la interrupción de la vida en dos supuestos: la violación y el “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica” de la madre, que deberá ser acreditada por dos médicos. Una ley que los sectores más conservadores de la sociedad han celebrado como una gran victoria, mientras que el resto reclama el atropello sufrido a los derechos de las mujeres que tanto trabajo había costado implantar.
En materia de aborto, hay opiniones para todo, pero lo que no es correcto es imponer un único punto de vista basado en un determinado tipo de creencias o deseos, sin respetar la autonomía de las mujeres y su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y su vida. ¿Es correcto obligar a una mujer que no quiere ser madre a serlo? ¿Deberían primar los derechos del no nacido sobre los de la madre?
Hay motivos para defender la Ley de 2010, primero porque no se han cumplido las profecías que auguraban abortos en masa una vez que se diera luz verde de decisión a las mujeres. Una profecía lanzada desde la Iglesia y desde los sectores más conservadores que no tuvieron en cuenta que ninguna mujer se toma a la ligera una decisión tan importante como la de interrumpir el embarazo que le dejará marca de por vida. Segundo, porque una ley restrictiva como la de este Gobierno del PP no va a parar el aborto, sino que lo hará más inseguro y lanzará a las mujeres a la clandestinidad y a realizar abortos en peores condiciones.
Además, la actual ley respeta a las mujeres, ya que les da el reconocimiento de un plazo en el que pueden decidir con libertad, respeta mejor la vida en formación, hacer la práctica del aborto más segura y también es un ley eminentemente preventiva. La nueva ley del PP no sólo supone un retroceso social de décadas, sino que ha lanzado a la esfera internacional un debate sobre lo que debería ocurrir a continuación. Los países de la Unión Europea han sido los primeros en lamentar esta vuelta atrás de los derechos de la mujeres en España, pero no los únicos. Al otro lado del charco, The New York Times le dedicó al tema un editorial en el que lo califica de alarmante y apunta a que el Parlamento Europeo “puede hacer todavía más para proteger a las mujeres en España y en toda Europa. Debe intentar aprobar el informe que rechazó en diciembre, que designaría el derecho de la mujer al aborto como un derecho humano fundamental».
El debate está en la calle. ¿Debería ser el aborto un derecho fundamental de la mujer o debería primar el derecho a la vida del no nacido? ¿Debería involucrarse la Iglesia en la labor legislativa de un Gobierno en un país con libertad de culto? Desde los colectivos de mujeres lo tienen muy claro: “¿Aborto sí? ¿Aborto no? ¡Eso lo decido yo!”
