La voluntad política del gobierno y una mayor presión de las autoridades civiles son los caminos que señalan parlamentarios de la región para que el Ejército traspase el fisco los terrenos que mantiene sin utilizar en Antofagasta. Se trata de paños ubicados en el sector sur de la ciudad, con inmejorables características de conexión a servicios y equipamiento, que permitirían la construcción de unas tres mil unidades habitacionales, lo que ayudaría a reducir el déficit de 30 mil viviendas estimado en la zona. Sin embargo, a pesar de consultas realizadas hace dos años por la Seremi de Vivienda a esta institución para que precise los límites de su destinación e iniciar procesos de desarrollo, todavía no existe una respuesta y, por lo tanto, se desconoce cualquier plazo para un eventual traspaso de estos sitios.
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El senador IND-PPD, Pedro Araya, quien presidió la Comisión Permanente de Defensa Nacional del Senado, recordó con posterioridad a la Guerra del Pacífico, como una forma de soberanía, una buena parte de terrenos que se entregaron al Ejército en la región. Probablemente, dijo, cuando esto pasó los sitios no tenían ningún valor porque el crecimiento de la ciudad no estaba pensado hacia esos sectores. “Pero hoy, a la luz del crecimiento de Antofagasta y de Calama, es necesario revisar las condiciones en que la institución tiene estos terrenos. En más de alguna ocasión lo conversamos con el comandante en jefe Ricardo Martínez que está terminando su periodo, que el Ejército requiere terrenos en el caso urbano para labores administrativas y habitabilidad del personal. Sin embargo, esto tiene que ser objeto de evaluación, si todavía se justifica que sigan en poder de estas extensiones de terreno y lo mismo con el borde costero de Antofagasta, donde buena parte, sobre todo en el sector sur, es destinación militar con un evidente estado de abandono en algunas dependencias”, cuestionó.
El parlamentario detalló que el Ejército en su momento manifestó que los terrenos ubicados en el sector de Villa Covadonga (sobre el Laboratorio de Carabineros), ya no eran imprescindibles, sin embargo, continuaron como destinación militar “sin que exista mucha claridad sobre cuál será su uso final”. A través de distintos gobiernos, añadió, se planteó entregarlos para la construcción de viviendas sociales. “Especialmente en el sector de Covadonga y varios comités de allegados han solicitado esos terrenos sin una respuesta clara del Ejército sobre qué ocurrirá con ellos. Tampoco existe por parte de la autoridad civil mayor presión para que los militares se definan en esta materia”, sostuvo.
Araya indicó que con la modernización que estaba desarrollando el Ejército se buscó que las unidades operativas estuvieran fuera de la ciudad. Cuando esto se ejecutó momento no hubo discusión sobre qué pasaría con los terrenos que dejarían de utilizar y en el caso de Antofagasta, lo que sucedió es que una parte importante del personal y el material militar ahora está en el regimiento camino al aeropuerto, aunque todavía siguen utilizando instalaciones que están en la ciudad. “En el caso de Covadonga más bien aparece como sitios que fueron abandonados y lo mismo pasa en Calama, donde comités de vivienda han solicitado liberarlos para construir casas”, expuso.
Voluntad del gobierno
La diputada radical Marcela Hernando enfatizó que esta materia depende del gobierno, porque “si el ministro de Vivienda no es capaz de entenderse con el ministro de Defensa para convencer a los militares de lo que significa ayudar en la construcción de viviendas, no sé qué más se puede hacer”. Y señaló que el Ejército podría permutar sus terrenos, pero lo que está haciendo desde hace varios años es venderlos a precios comerciales que no son rentables desde el punto de vista social. “Al final queda todo sujeto a los buenos oficios de las autoridades, lo que podamos hacer los parlamentarios, el delegado, el gobernador o el ministro respectivo. Pero finalmente, esto depende de una decisión política y puede estar influída por el presidente”, aseguró Hernando.
También puntualizó que hay un desenfoque por parte del gobierno porque no se puede lucrar con los terrenos de Chile para construir viviendas sociales, algo que ocurre cada vez que Bienes Nacionales vende paños para construir soluciones habitacionales. “Creo que el gobierno es timorato a la hora de hacer expropiaciones, porque hay una cantidad de terrenos que podrían expropiarse porque la urgencia es mucha. Justo en este momento (la mañana de ayer en el Congreso) estamos discutiendo la partida presupuestaria de viviendas y el gobierno estima 25 mil soluciones habitacionales para el país y solo en Antofagasta se requieren más de 30 mil. Es insuficiente y la única manera de avanzar es a través de disponibilidad de más terrenos y no que el mismo Estado se los esté vendiendo”, criticó la parlamentaria.
El gobernador Ricardo Díaz subrayó que en los terrenos del Ejército “podemos generar un espacio de integración social que permita a muchas familias acceder a su derecho a la ciudad”. Su postura es que este trabajo debe permitir que las familias que por años han esperado una solución, tengan la oportunidad de acceder a viviendas dignas y cercanas a servicios, ya que casi la totalidad de los proyectos sociales son ejecutados en el extremo norte de la ciudad.
Destrabar con gestión política
Mauricio Zamorano, exseremi de Vivienda en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, declaró que en los terrenos ubicados sobre Villa Covadonga existió la posibilidad de desarrollar un proyecto habitacional. “Incluso había un particular que construye viviendas sociales en la zona norte, Thomas Müller, quien tenía una iniciativa para desarrollar, pero justamente dependía de que el Ejército liberara dichos paños”. Zamorano dijo que, aunque esto es posible, se debe reconocer que en esa zona desemboca una de las quebradas aluviales que está siendo intervenida y, por lo tanto, no todo el terreno tiene uso habitacional.
“La forma de destrabar esto es con una gestión política, con Bienes Nacionales, con el Ejército y otras instituciones como el Gobierno Regional para ver el financiamiento. Puede trabajarse en la permuta de terreno que permitan disponer de estos paños que tienen características de buen emplazamiento, cercanos a equipamiento, con acceso a redes de agua potable y dentro del plan regulador. Con todo esto la inversión pública se optimiza si se le da un uso habitacional al terreno, pero depende de una gestión de carácter política para impulsar esta permuta”, explicó.
Esta situación coincide con el proceso de fortalecimiento de los gobiernos regionales, mencionó el exseremi, que entrega competencias a los gobernadores, pero en esta tarea también puede aportar la figura del delegado presidencial. “Impulsar esto depende de las autoridades que ejercen estos cargos, una parte importante podría ser impulsada por el gobernador, ya que tiene la posibilidad de dictar planes y programas con pertinencia territorial. Hasta antes de la ley de fortalecimiento de la regionalización, encontrábamos que las políticas sectoriales debían ser implementadas en las regiones, pero con el cambio y las nuevas competencias, perfectamente se pueden dictar políticas que vayan en esa dirección”, reconoció.
Zamorano estimó que este trabajo no solo depende del sector vivienda, sino de los distintos servicios públicos. Bienes Nacionales tiene que estar en la mesa para concretar esta gestión al hablar de permutas de terreno, “como las que posibilitaron el desarrollo inmobiliario que se genera hoy en el sector sur de la ciudad. Eso también fue una decisión política en su momento, el Ejército estuvo dispuesto a vender esos terrenos que permitieron ese desarrollo inmobiliario. Son decisiones que la región necesita porque se podrían generar proyectos emplazados en la trama urbana. Con la renovación urbana se puede densificar el sector centro de la ciudad y tener a más población viviendo en los sectores donde están los servicios públicos y privados”.
