Parlamentarios de Antofagasta activaron diferentes gestiones para obtener una respuesta del porqué el Serviu no ha rendido $5.866 millones al Gobierno Regional (Gore), hecho que impide a ambas partes suscribir un nuevo convenio para continuar con el “Programa de Transferencia Más Vivienda, Mejor Región”, con el que se pretende levantar casi nueve mil soluciones habitacionales en toda la zona. La iniciativa contempla un trabajo a cuatro años (2024-2028) en el que el Gore aportará $88 mil millones en total y como parte del primer convenio entregó un poco más de $6 mil millones. Sin embargo, la consejera regional Mónica Muñoz denunció que por parte del Serviu está pendiente la rendición de los $5.866 millones y hasta que aquella situación se resuelva, no podría suscribirse un nuevo convenio para continuar con el trabajo habitacional.
La consejera explicó que en febrero pidieron a la dirección del Serviu que informara la fecha en que rendirían estos dineros. Inicialmente les comunicaron que esto se concretaría en marzo, luego la quincena de ese mes, más tarde abril, para después indicar que sería en mayo. Ante todas las dudas que deja esta situación Muñoz anunció que llevará los antecedentes a la Contraloría.
Entre los parlamentarios, el primero en advertir lo que sucedía con este convenio fue el senador Pedro Araya (PPD), quien expuso que es impresentable que, a casi diez meses de anunciar la transferencia, el Serviu le respondiera, mediante Ley de Transparencia que, a la fecha, el convenio no se encuentra totalmente tramitado. Además, en esa oportunidad Araya manifestó que solicitó, vía oficio, el detalle de las obras iniciadas en el 2023, posterior a la firma del convenio, indicando emplazamiento, fecha de inicio, plazos de la entidad patrocinante, cantidad de soluciones e informar los respectivos porcentajes de avance, junto con solicitar el desglose de las obras efectuadas este 2024, así como el monto y fecha de transferencia de recursos desde el Gobierno Regional en el marco de dicho convenio.
“Necesitamos una explicación por parte del Serviu y del Ministerio de Vivienda, ya que esto deja varios temas pendientes. No se ha logrado construir la cantidad de viviendas que se comprometieron en Antofagasta, lo que aumenta el déficit habitacional. A eso hay que agregar que tampoco hay claridad respecto de qué pasó con los dineros que recibió el Serviu y, lo que es más grave, esto ha impedido que se ejecuten nuevos convenios con el Gobierno Regional para la construcción de viviendas”, dijo el senador.
También señaló que es el Gobierno Regional, como titular de los fondos, quien tiene la facultad de exigir la rendición. “No descartó recurrir a la Contraloría a fin de que se pueda hacer una investigación para establecer qué fue lo que ocurrió. Esto, por la cantidad de problemas que tenemos con el Serviu en Antofagasta, dificultades con la rendición de platas, retrasos en el programa habitacional; las viviendas que se han entregado son de mala calidad, llevando a que mucha gente tenga que abandonar esas casas”, agregó.
Al considerar que se trata de casi seis mil millones de pesos, Araya recalcó que la situación es extremadamente grave, porque es una irresponsabilidad que un servicio público no lleve un control de cómo se están gastando los recursos.
“Si no se rinden estos dineros a la brevedad, lo que corresponderá es que la Contraloría inicie una investigación para determinar qué está pasando en el Serviu. Estamos realizando gestiones con el Serviu para aclarar la situación y en esto, los diputados de la región tendrán activarse y probablemente proponer una comisión investigadora para conocer lo que está sucediendo”, advirtió.
La diputada Yovana Ahumada (IND) indicó que cuando tuvo conocimiento de esta presunta irregularidad en el Serviu, envió de inmediato un oficio al ministro Montes para que entregue los antecedentes y también para que “aclare esta grave situación y el día de mañana no diga que no estaba enterado. Creo que definitivamente no puede ser coincidencia que las dos reparticiones del Ministerio de Vivienda en la región estén vinculadas a graves escándalos por temas de convenios”.
Ahumada enfatizó que necesitan claridad, saber cuánto dinero se entregó y cuánto se ejecutó. En este sentido, espera que además de los antecedentes que debe proporcionar el Ministerio de Vivienda, también intervenga la Contraloría, al igual que la Fiscalía Regional de Antofagasta. “Por transparencia, no debe volver a pasar lo ocurrido con el caso Democracia Viva. Esta vez, el gobierno debe proporcionar toda la información y colaborar con la búsqueda de la verdad, ya que de lo contrario estarían amparando la corrupción”, emplazó.
El diputado Jaime Araya (IND-PPD) apuntó a que esta dificultad no implique la imposibilidad de transferir recursos desde el Gobierno Regional al Serviu, ya que pondría en jaque el avance de las soluciones habitacionales que son críticas en la región.
“Sería importante tener un pronunciamiento claro de cuál es el real impacto de este incumplimiento en las soluciones habitacionales ancladas a financiamientos compartidos, en esto debiéramos estar todos y todas a disposición de resolver el problema, esta situación pone en jaque la construcción de viviendas y habría que evaluar alternativas de solución”, puntualizó el diputado.
